El tema de los poderes fácticos es uno de los problemas políticos más difíciles de comprender y al mismo tiempo uno de lo más cruciales para entender el orden en el que vivimos. Las fuerzas armadas, los empresarios y los dueños de medios de comunicación son los más tradicionales. Sin embargo, surge un tipo distinto de grupo, tramitadores de intereses, que juegan en el trámite de influencia, a veces con apreciables capacidades para cumplir su tarea; otros, haciendo bluff en un juego de póquer con variada suerte, ponen en juego la legitimidad de los gobernantes y los niveles de tolerancia de los ciudadanos. Inevitablemente va a existir una distancia entre lo que se proclama como una decisión prístina de buenas intenciones y lo que efectivamente se hace. Saber el alcance de esta brecha nos ayuda a ubicar en dónde estamos situados.

El Perú ha terminado siendo, desde los años del autoritarismo, una suerte de laboratorio en el que las transgresiones ocultas se acompañaban de informaciones que, finalmente, llegaban al público sin escatimar detalles. Montesinos introdujo en el sistema una perversa transparencia.

El Perú ha terminado siendo, desde los años del autoritarismo, una suerte de laboratorio en el que las transgresiones ocultas se acompañaban de informaciones que, finalmente, llegaban al público sin escatimar detalles. Montesinos introdujo en el sistema una perversa transparencia. Sabemos entonces, más que en otras sociedades, cómo actuaban varios de los principales empresarios del país, de los dueños de los medios de comunicación y de los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Quizás un capítulo pendiente sea el análisis de los procesos de privatización acerca, por ejemplo, de cómo circulaba información privilegiada o se manipulaban las licitaciones. La presencia de un exultante empresario y lobista dominicano que recibía en su suite a ministros y a altos funcionarios, y sus intereses se extendían desde la concesión de lotes para explotación petrolífera a inversiones en construcción de hospitales, nos indica que estamos en una estructura con muchas ramificaciones. Y podemos intuir que otros personajes actuaron (y actúan) con mejores modales y mayor eficacia.

La corrupción nuestra de cada día

Los neoliberales nos insisten, una y otra vez, en que “no hay desayuno gratis” –ni siquiera cuando se trata de hacer alguna interpretación acerca de cómo funciona nuestro sistema político– y se nos abre en otro plano un conjunto de interrogantes sobre el estilo en el que están actuando nuestras instituciones; o si queremos hacer una pregunta más radical, de qué instituciones se trata, más allá de sus cometidos formales y cuál es el estilo de conducción del Presidente. No es tema de este artículo intentar respuestas definitivas, solo seguir algunos hilos que nos permitan entrar y salir del laberinto y saber que, en otros casos, vamos a encontrarnos ante un ovillo que todavía no sabemos cómo desenredar.

Puede señalarse que estos procedimientos corresponden a un determinado contexto social en que importan las relaciones de reciprocidad, de amistad y de compadrazgo y que, pese a nuestras ilusiones sobre haber alcanzado determinados niveles de consolidación del Estado, las separaciones rígidas que queremos establecer entre lo público y lo privado, son apenas una ilusión o solo una afirmación de buenos principios.

Huber (2008) explica –de manera muy perceptiva– la corrupción como un proceso que forma parte de las relaciones cotidianas en nuestra sociedad. Las diferencias que tengo con su enfoque son irrelevantes, las de un improvisado crítico frente a un conocedor de la materia, pero acaso sean pertinentes en el sentido de que el autor critica la despolitización de los enfoques sobre el tema y a la vez no aspira a llegar a ese mismo análisis político, lo que es tarea de todos, también de los antropólogos. No parece probable que Rómulo León haya sido lector de Nathaniel Leff (1997), pero los dos utilizan las imágenes lúbricas del “aceitamiento”, en un tono coloquial el primero, el segundo, señalando que el soborno puede ser el lubricante que acelere trámites, evite controles, favorezca la competencia, evite las rigideces burocráticas. Es probable que para León las gestiones administrativas en el Estado solo funcionasen de esta manera, que si no emprendía él la tarea otros lo iban a hacer por su cuenta y riesgo, que tenía que sacar ventajas frente a otros competidores que lo asediaban y que finalmente, estaban actuando con la misma lógica.

Puede señalarse que estos procedimientos corresponden a un determinado contexto social en que importan las relaciones de reciprocidad, de amistad y de compadrazgo y que, pese a nuestras ilusiones sobre haber alcanzado determinados niveles de consolidación del Estado, las separaciones rígidas que queremos establecer entre lo público y lo privado, son apenas una ilusión o solo una afirmación de buenos principios, escasamente contrarrestada por pequeños avances.

Ingresando en la política

Si bien las prácticas tergiversadoras de las normas se introducen en todos los niveles de la sociedad y es con frecuencia el único medio disponible para acceder a quienes toman las decisiones, no nos parece que sean resultado de un mismo ambiente cultural aquella que se práctica en una pequeña localidad para influir –si se puede– en una sentencia judicial y un acto administrativo, que lo que ocurre cuando se está ingresando en los grandes negocios, al margen de que podamos seguir discutiendo sobre los alcances de la modernización del Estado.

En esta línea nos parece que tiene sentido los que como Tullock (1967) y Krueger (1974), mencionados por Huber, se refieren respecto a los rent seeking, como aquellos que teniendo los conocimientos y contactos necesarios, utilizan los recursos del Estado, desde el cabildeo al soborno, para asegurarse rentas a su favor que en teoría el mercado operando libremente no les permitiría obtener. Rose-Ackerman (1978) señala que la corrupción perjudica el desarrollo desviando fondos e incluyéndose en el precio final de bienes y servicios. Si se me permite la comparación, no es lo mismo jugar la Copa Libertadores que andar disputando para que no se eliminen los puntos a un equipo por un jugador mal inscrito y que disputa un cupo en la Copa Perú; son otros los costos, los contactos y, sobre todo, la definición de las estrategias.

Por ello nos parece que se acerca al mejor conocimiento de lo que está ocurriendo en el país la percepción de Ugarteche (2004). Una de las interpretaciones que recoge este autor es la del modelo principal-agente, en que los actores públicos no actúan a favor del Estado sino de un agente privado que determina las normas de actuación y los procedimientos a seguir. Aparecen otros actores en el escenario, por ejemplo, los asesores y funcionarios públicos que reciben ingresos de una empresa particular o con las que siguen realizando negocios juntos o los estudios de abogados con capacidad de penetrar en la administración pública, ofreciendo sus supuestas competencias y recibidos con entusiasmo por su aparente capacidad de innovación y de eficacia frente a las rutinas burocráticas de las que el Presidente se queja una y otra vez, pero que esperan la oportunidad para más tarde o más temprano intervenir abiertamente a favor de un interés particular.

Quimper en el directorio de Perúpetro y su descarado juego a fondo en beneficio de un grupo, acaso sea el segundo o el tercero de la fila, un mercantilista de viejo estilo superado por la intervención de intereses que actúan de modo mucho más sofisticado.

Una historia más elaborada nos viene de los años noventa y que Ugarteche señala bien. La compra de los medios de comunicación fue uno de los recursos más utilizados y acaso el más burdo. Me atrevo a decir que ahora ingresamos en un nuevo escenario, una generalizada autocensura en los medios y una cada vez más evidente renuncia a ejercer un periodismo de investigación, a fin de garantizarle estabilidad a un modelo económico al que se quieren aferrar y que llevó finalmente a la renuncia de las unidades de periodistas especializados en esos temas en el Comercio y en Perú21. Aparentemente, la credibilidad es un valor que está dejando de importar.

Uno, muchos estilos de corrupción.

Otra modalidad fue el desvío de fondos, acaso contrarrestados en parte porque algo se ha aprendido desde la sociedad en el conocimiento de los criterios a seguirse por la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Sobre el estilo con que se han estado practicando las privatizaciones –en verdad– no hemos progresado mucho, y seguirán apareciendo personajes que irán pasando sin hacerse demasiados problemas de uno a otro lado del mostrador, promotores de privatizaciones por parte del Estado, directores o asesores más tarde de una empresa que intervino en el mismo negocio. Ni siquiera se lo plantea como un problema ético, es una trayectoria profesional conocida y hasta celebrada.

Y para no seguir con las explicaciones de otras modalidades en detalle se sigue –más que probablemente– otorgando información privilegiada para que una empresa intervenga en un negocio, lo que con mucha torpeza quiso hacer León Alegría hasta que terminó siendo a la vez oportunista sin principios y víctima, si así puede llamársele, al caer en las complejas redes del espionaje industrial esta vez utilizado por los propios funcionarios del Estado, ofreciendo servicios a una cartera de clientes que sabemos que se iba ampliando y que todavía no terminamos de conocer. Parece haber interés en que esa historia la olvidemos, al presentarla como se hace en los medios nacionales, esto es, a modo de un desordenado folletín con episodios que se van alargando en el tiempo para que nos cansemos de los protagonistas y de sus vicisitudes. Y por supuesto, en estos relatos de corrupción hay episodios –por llamarlo así– “clásicos”, de testaferros y nepotismo, por ejemplo.

La inteligencia terciarizando servicios en beneficio de algunos clientes 

Lo que definitivamente da un vuelco decisivo a esta historia es la intervención de Business Track SAC en la que participan oficiales hasta hace poco en actividad, como Ponce Feijoo y Tomassio y subalternos en ejercicio de sus tareas que se acogieron a la confesión sincera, Martín Fernández y Jesús Ojeda. Ya no se trata de la injerencia de agentes privados inmiscuyéndose en las actividades del Estado, son oficiales de la Marina que constituyen empresas cuyos lazos con el aparato estatal no pueden ocultarse. Como la corrupción va redefiniendo sus estrategias, oficiales vinculados a inteligencia tercerizan sus servicios y ofrecen los conocimientos adquiridos al mejor postor.

Ya no se trata de la injerencia de agentes privados inmiscuyéndose en las actividades del Estado, son oficiales de la Marina que constituyen empresas cuyos lazos con el aparato estatal no pueden ocultarse. Como la corrupción va redefiniendo sus estrategias, oficiales vinculados a inteligencia tercerizan sus servicios y ofrecen los conocimientos adquiridos al mejor postor.

Como improvisados magos que no saben cómo escamotear objetos, estos aparecen en el mismo momento de intentar el truco. Se niega por parte de la Marina la compra de aparatos de interceptación telefónica Tirggerfish 4080 en el 2000. Al final aparecen las facturas y todo termina formulando una condena a los “malos elementos” de la institución cuando debiera esperarse al menos que se reconozca que fallaron los mínimos elementos de control en una cadena de mando a la que alguna eficacia debiera exigírsele, mucho más si de trata de operaciones vinculadas a la inteligencia militar.

Business Track operaba en siete locales con marinos (muchos de ellos en actividad) y los llamados “petroaudios” resultaron siendo apenas un episodio entre otros: aparecen Abel Salinas, Alva Castro, Vallejos, Garrido Lecca y negocios como la explotación del gas, la compra de patrulleros para la policía, la construcción de hospitales. Si uno se preocupa de seguir las noticias, llama sospechosamente la atención que no haya un esfuerzo para darle orden a estos sucesos como si se estuviera informando en ocasiones de mala gana, dando cuenta de aquello que ya no puede ocultarse y nada más.

En este contexto se quiere dejar de lado los evidentes contactos entre Giampietri y Ponce Feijoo que llevaron al primero a nombrar contraalmirante al segundo, cuando ya se encontraba en situación de retiro y degradado luego a capitán de navío, cuando antes el propio Giampietri tratara de influir en García para que fuera nombrado jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Enrareciendo más este clima, Víctor Andrés Belaúnde señala la existencia de reuniones de oficiales de la Marina y no descarta la idea de un complot contra el presidente de la República.

Nuevas y tortuosas señales y amenazas 

Quizás en el desparpajo con el que actuaban Quimper y Rómulo León, es más lo que distrae que lo que nos informa. Otras señales van surgiendo detrás de la primera comprobación de estos hechos y por cierto, mucho más inquietantes.

Como suele ocurrir en contextos de crecimiento económico en un marco de debilidad de las instituciones, las circunstancias se vuelven propicias para la comisión de actos delictivos y amenazas a las libertades democráticas. No puede explicarse razonablemente el atentado del que fuera objeto la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, atribuyéndolo a la intención de delincuentes comunes, al margen que estos puedan haber sido, eventualmente, los ejecutores materiales de los hechos. No es propio del estilo de quienes quieren robar un automóvil dirigirse a uno que está custodiado, en el que viajan varias personas y a la vez se dispara a los neumáticos anulando de antemano las probabilidades de éxito de la operación intentada. No puede entenderse entonces sino como una señal. Lo que tenebrosamente importa en estos casos es la ambigüedad, que podría provenir de agentes del narcotráfico, de quienes no quieren que se profundicen las investigaciones de corrupción. Lo que quiere marcarse inequívocamente es un límite a la intervención de la justicia y llama la atención que García no haya realizado una condena más enérgica sobre lo que le ha ocurrido a la magistrada.

Las interferencias, las distorsiones, las confusiones, provienen de la propia autoridad y de antiguos y nuevos aliados. El oficialismo se encuentra de golpe situado ante sus propias responsabilidades sin poder mirar a los costados para imputarle culpas de falta de comprensión y obstruccionismo a sus opositores. Se encuentra solo ante su propia imagen.

El Presidente oscila, descalifica a aquellos que han sido “chuponeados”, denosta también a los periodistas que informan de estos acontecimientos diciendo que antes que informar deben concurrir al Poder Judicial para dar cuenta de lo que está ocurriendo; señala su preocupación por la venta de Petro Tech a empresas colombianas y coreanas, parece advertir los límites de su propia intervención en el confuso marco legal que regula la compra o fusión de empresas y no ignora que estas limitaciones son parte del propio modelo económico que defiende con entusiasmo. Y finalmente, presenta un proyecto de ley en que se pretende sancionar con pena de cárcel a los periodistas que difundan audios producto de una intervención telefónica y que la Ministra de Justicia la retira, esperando llegar a una redacción que evite malentendidos, cuando la formulación primera de la propuesta indicaba con suficiente claridad lo que se pretendía imponer. Estamos viviendo entonces, tiempos de desconcierto.

Algunos economistas defensores del gobierno se preocupaban por insistir en la existencia de un “ruido político” que interfería con los proyectos que debían ser prioritarios para el país. La oposición, cualquier oposición, interfería con la buena gestión del gobierno. Si nos ponemos a pensar, con una mínima dosis de realismo, nada de esto parece estar afectando el evidente desorden existente. Las interferencias, las distorsiones, las confusiones, provienen de la propia autoridad y de antiguos y nuevos aliados. El oficialismo se encuentra de golpe situado ante sus propias responsabilidades sin poder mirar a los costados para imputarle culpas de falta de comprensión y obstruccionismo a sus opositores. Se encuentra solo ante su propia imagen.


* Sociólogo, investigador del IEP.

Bibliografía
Huber, Ludwig. Romper la Mano: Una interpretación cultural de la corrupción. Lima: IEP, Proética, 2008
Krueger, Anne. “The Political Economy of the Rent-Seeking Society”. The American Economic Review 64, 3: 291-303, 1974.
Leff, Nathaniel. “Economic Development through bureaucratic corruption”. En Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston y LeVine Victor T. (eds.), Political Corruption. A handbook. New Brunswick, Londres: Transaction Publishers, 1997.
Rose-Ackerman, Susan. Corruption. A study in political economy. Londres, Nueva York: Academic Press, 1978.
Tullock, Gordon. “The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft.” Western Economic Journal 5, 224-232, 1967.
Ugarteche, Oscar. Adiós Estado: Bienvenido Mercado. Lima: UNMSM, Fundación Friedrich Ebert, 2004.