” ¿Puede morir dignamente un terrorista miembro de Sendero Luminoso? […] ¿Puede morir en silencio, sin rogar a sus asesinos, de pie frente a quienes lo fusilaron? ¿Hay dignidad, aunque sea la más ínfima, la que sobra, en este país de tanto sufrimiento, en la agonía de este hombre que vivió aún por buen rato sintiendo una pared que lo sepultaba?”

Los rendidos, José Carlos Agüero

¿Podría un agente del Estado ser víctima de violaciones de derechos humanos, aun habiendo perpetrado tales violaciones contra otros individuos? 1 Pareciera que en el Perú es inconcebible haber sido perpetrador y víctima. Tampoco pareciera posible haber sido terrorista y seguir siendo sujeto de derechos humanos. Pareciera que estos son matices que no se pueden hacer respecto de la violencia política del conflicto interno; matices imposibles. El caso de Gladys Espinoza es solo uno reciente que bien podría ejemplificar esta afirmación. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que otorga reparación a Gladys, la terrorista que contribuyó a la barbarie desatada por Sendero Luminoso, no tuvo buena recepción en la opinión pública peruana, que poco debatió o cuestionó el fondo de la decisión, sino que se limitó a rechazar el otorgamiento de reparaciones a una terrorista, aunque sea en virtud de la vulneración de sus derechos humanos.

Según esta narrativa [de la memoria salvadora] se justificaba, entre otras, las violaciones de derechos humanos como un mal necesario para la seguridad del país.

También es posible que la próxima decisión de la Corte de San José que involucre al Perú deje un gusto amargo entre los que piensan que haber sido terrorista excluye la posibilidad de ser víctima de violaciones de derechos humanos. Además, es probable que otros —o los mismos— se escandalicen por una eventual condena al Estado peruano en el caso Chavín de Huántar, que supondría una afrenta a los esfuerzos de un régimen en guerra contra el terrorismo, o que perjudique a soldados que expusieron su vida en defensa de la estabilidad democrática y la paz social. ¿Es acaso posible que desbordamientos como las violaciones a los derechos humanos se justifiquen por una pretendida salvación del Perú?

Una respuesta afirmativa a esta pregunta manifiesta la presencia en el imaginario social de la idea según la cual el autoritarismo, sus prácticas y consecuencias están plenamente justificados a cambio de seguridad. Esta disposición da lugar a una actitud, a la cual denomino compromiso con el autoritarismo. Ciertamente, se puede entender que este compromiso deviene de la llamada memoria salvadora, que consiste en un conjunto de tramas narrativas destinadas a legitimar, entre otras, las graves violaciones de los derechos humanos de las cuales fue responsable el régimen autoritario de los años noventa con la colaboración de distintos aparatos del Estado. 2 Es decir, según esta narrativa se justificaba, entre otras, las violaciones de derechos humanos como un mal necesario para la seguridad del país. Este compromiso con el autoritarismo llegó a ser suscrito por muchos peruanos, y claramente sigue vigente en el imaginario social en la actualidad; por ejemplo, en la lucha contra la inseguridad ciudadana de nuestros días, pero también cuando se trata del recuerdo de la década de 1990.

Las memorias de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como las de La Cantuta y Barrios Altos, fueron enarboladas en contra de la memoria salvadora. Este protagonismo mnemónico jugó un papel trascendente en el desmoronamiento del autoritarismo de los años noventa. 3 Por lo tanto, cabe preguntarse si las memorias de los integrantes de grupos subversivos que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos podrían constituir un espacio mnemónico, aun ante la presencia en la sociedad de un compromiso con el autoritarismo. Tampoco sería ocioso cuestionarse sobre la legitimidad de tal espacio y sobre el papel que podría jugar en nuestra democracia.

Estas breves líneas toman como punto de partida la pregunta sobre la relevancia de la memoria de los perpetradores de la violencia en el proceso de reconciliación peruano. Las heridas abiertas y los casos aludidos podrían hacer pensar que los perpetradores se encuentran fuera del espectro que constituye la memoria colectiva sobre el periodo de violencia en el Perú; pero casos como el de Gladys Espinoza, Chavín de Huántar o el reciente libro de José Carlos Agüero nos dejan la puerta entreabierta para retomar la discusión.

La jerarquización de las víctimas

El problema del compromiso con el autoritarismo trae consecuencias sobre la delimitación del imaginario social en lo que atañe a la memoria colectiva respecto al periodo de violencia política en el Perú. En este sentido, se observa que el razonamiento salvador implica una racionalización y una ética de la violencia que lleva a la creación de categorías de víctimas y a su jerarquización. Las del terrorismo (probablemente las más inocentes), las del Estado (que en varios casos podrían ser justificadas por ser sospechosas) y en fin, si es que se les puede otorgar ese estatus, las “víctima[s] que no lo [son]” 4 (los integrantes de organizaciones terroristas que fueron torturados, violentados, desaparecidos y asesinados) y sus familiares. Es probable que dentro de esta lógica se pueda desarrollar una taxonomía de la inocencia o de la culpabilidad que justificaría —o no— las violaciones de derechos humanos.

Esa idea de gradación del merecimiento de la retribución por la vía de violaciones de derechos humanos se tradujo más recientemente en el abortado proyecto de ley que pretendía incorporar el delito de negacionismo al ordenamiento legal peruano. Este proyecto postulaba la protección del derecho a la dignidad y al honor únicamente para las víctimas de terrorismo, lo que parecía ser una finalidad valedera. Sin embargo, implicaba una protección relativamente más débil de las personas que no fueron victimizadas por las organizaciones terroristas. Al aumentar la protección de los derechos de una “categoría” de víctimas, se estaba negando, o por lo menos pasando por alto, los intereses y derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Felizmente, no se pudo consagrar en la vía legislativa la desigualdad entre “categorías” de víctimas.

¿Por qué no hubo proyecto de ley contra el negacionismo de los crímenes del régimen? La “ganancia social” no es la misma tal vez nos diría Agüero, quien compara el trato diferenciado que recibe la empatía otorgada a los familiares de las “víctimas inocentes” con la que se les da a los familiares de los enemigos.

El espacio discursivo está saturado de narrativas interesadas que buscan confundirse en el manto de legitimidad que procura la defensa de determinadas víctimas. Los héroes tampoco escapan a esa instrumentalización. Basta referirse a los que defienden de forma acrítica la operación Chavín de Huántar. Pareciera que para ciertas personas la indiscutible acción heroica que significó el rescate de los rehenes o su virtuosa finalidad nubla cualquier posibilidad de encontrar violación de los derechos humanos de los emerretistas, aunque sean imputables a terceros infiltrados, que poco habrían tenido que ver con los comandos Chavín de Huántar.

Además de una jerarquización desfavorable que pueden sufrir ciertas víctimas, no se puede soslayar la instrumentalización de aquellas que generan un capital político más lucrativo. De igual forma, esta instrumentalización podría tener el efecto de marginalizar aún más a las víctimas “que no lo son” por ser menos provechosas en términos políticos.

Esta desigualdad entre las víctimas evidencia también diferentes grados de dignidad atribuidos a los individuos. Paradójicamente, se recuerda que el senderismo basaba sus prácticas en la obliteración de la personalidad de los miembros del movimiento. 5 Asimismo, parte de los métodos del senderismo se estarían repitiendo al ignorar las memorias de las víctimas “que no lo son”, pues supone una doble obliteración de su individualidad. De hecho, es posible que el silencio impuesto a estas víctimas por haber pertenecido a grupos subversivos no haya permitido comprender ciertas realidades detrás del terrorismo que bien habrían podido facilitar su desarticulación.

Los actores que la reconciliación reclama

La jerarquización de las víctimas trae como correlato práctico la exclusión de individuos que, aunque formaron parte del proceso de violencia política, no tienen una voz válida en el espacio discursivo público. ¿Es posible que una “categoría” de víctima sea expresión de recuerdos y narrativas capaces de enriquecer y explicar la verdad histórica, y acaso pueda contribuir a la reconciliación?

La reconciliación es más desconocida que la verdad; se habla poco de ella, es compleja y difícil de cristalizar en un informe de una Comisión de la Verdad o en un fallo de un tribunal internacional de derechos humanos. No parece perfilarse en el horizonte nacional; se encuentra, tal vez, relegada al ámbito de la elección personal de cada ciudadano.

Contrariamente, el Informe final de la CVR plantea que la reconciliación no abarca únicamente a los “miembros de comunidades que se vieron enfrentados a causa de la violencia generalizada”, sino también a las dimensiones sociales y políticas que implican una reconciliación entre el Estado y las instituciones con la sociedad entera. 6 Así pues, la reconciliación tendría una vocación, o al menos una pretensión colectiva además de interpersonal. Seguir planteando una narrativa que justifica la negación de derechos humanos y hasta la aniquilación extrajudicial del enemigo nos pone ante una situación de negación y exclusión del Otro, que traba todo tipo de diálogo conducente a la toma en cuenta de todas las dimensiones de la reconciliación.

José Carlos Agüero parece apostar por la recuperación de la memoria de los senderistas y de sus familiares, pero no para justificar las atrocidades terroristas, sino más bien para entender su realidad, para “mirarlos profundo y de frente para conocerlos socialmente”

¿Qué decir del 30% de víctimas del conflicto interno atribuibles al Estado peruano? 7 ¿También eran justificadas las violaciones de sus derechos humanos? Este es uno de los deslizamientos ineludibles de la lógica del compromiso con el autoritarismo y el ímpetu salvador de las fuerzas del Estado, que podría también haber justificado este sacrificio.

La memoria parece ser un elemento fundamental para la reconciliación. En el caso peruano, sin embargo, parece que las condiciones para la consolidación de una memoria realmente colectiva sobre los sucesos de violencia política aún son precarias. Esta dicotomía entre voces autorizadas y no autorizadas, de acuerdo a la categoría de víctima que correspondan, impide la circulación de saberes que podrían aportar consideraciones para superar esta fase como un suceso histórico del pasado. Mantener espacios separados para las distintas categorías de víctimas relega al silencio y preconiza las brechas de desigualdad en vez de tender puentes hacia la reconciliación.

Hacia un espacio para todas las víctimas

José Carlos Agüero parece apostar por la recuperación de la memoria de los senderistas y de sus familiares, pero no para justificar las atrocidades terroristas, sino más bien para entender su realidad, para “mirarlos profundo y de frente para conocerlos socialmente”. 8 Comprenderlos “sin ser héroes de la empatía”, entender sus razones, sus motivaciones, 9 que no son monolíticas, sean cuales fueren, razones de sangre 10 u otras. Es verdad que la utilidad del ejercicio es incierta, 11 pero por lo menos le dará contexto a las Gladys Espinoza de este país y a las otras “víctimas que no lo son”.

En el esfuerzo de intelección de la situación de víctima, se ha comentado la necesidad de deshacerse del concepto de víctima según el cual esta es un espectador pasivo ante lo que le ocurre y desprovisto de cualquier agencia, 12 débil. Es posible que dicho concepto de víctima haga inconcebible que una persona haya sido terrorista (tomando parte activa de las hostilidades y asumiendo sus consecuencias) y también víctima (espectador). Se apuesta por abordar el análisis de los hechos siendo conscientes de la existencia de matices que enriquecen su cabal comprensión.

Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacen una apuesta parecida, al darle pleno reconocimiento a los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, independientemente de que hayan también perpetrado violaciones de derechos humanos. Según las circunstancias, podría aceptarse que las personas que cometieron actos subversivos sean privadas del derecho a la vida o a la integridad cuando existan las razones para postular que esta es la única forma en que el Estado puede tutelar los bienes jurídicos vulnerados por la subversión. A pesar de ello, tampoco quiere decir que dichas personas puedan ser torturadas, violadas, asesinadas o desaparecidas estando bajo el control del Estado.

Al reconocer que esas personas pueden ser víctimas, los fallos de la CIDH recuerdan que seguían siendo humanas; los fallos “recuperan” discursivamente su humanidad. Tal podría ser el caso de Chavín de Huántar, en donde, si se reconoce que hubo ejecución extrajudicial de ciertos emerretistas, se podría decir, en este caso como en otros, que había que matar a los “enemigos” para recordarnos que eran humanos: “la víctima se constituyó al destruirse”. Paradójicamente, la muerte puede restituir humanidad.

A modo de conclusión: iguales memorias y derechos para la reconciliación

Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen el potencial de erigirse como factor humanizante de las víctimas de derechos humanos, que difícilmente han sido consideradas como tales por haber sido, también, perpetradoras. Si recordamos que la reconciliación pretende ser la condición bajo la cual los individuos pueden confiar los unos en los otros como titulares igualitarios de derechos otra vez, 13 entonces podemos afirmar que reconstruir la humanidad del enemigo victimizado mediante el reconocimiento de la violación de sus derechos da un paso importante hacia la reconciliación.

Esta reconstrucción de la igualdad, generalmente negada por un concepto jerarquizado de las víctimas, permite a su vez introducir las memorias de esas víctimas en el espacio mnemónico donde el compromiso con el autoritarismo sigue vigente y representa una amenaza a la democracia. Por el contrario, un espacio dinámico en donde se encuentran memorias y contramemorias parece ser el más favorable para una democracia hacia la reconciliación.


  1. Tampoco sería ocioso contemplar que, por la insistencia de los aparatos judiciales a someterlo a una pena, esta se transforme en un trato cruel e inhumano debido a su estado de salud.
  2. Degregori 2004: 76. Véase también Sandoval 2003.
  3. Sandoval 2003.
  4. Agüero 2015: 102.
  5. Portocarrero 1998.
  6. Informe final de la CVR, capítulo I, Fundamentos de la reconciliación, p. 14.
  7. Según la CVR, las víctimas atribuibles a Sendero Luminoso durante el conflicto interno alcanzaron el 46%.
  8. Agüero 2015: 56.
  9. Ibíd., p.57.
  10. Portocarrero 1998.
  11. Agüero 2015: 58.
  12. Ibíd., p. 112.
  13. De Greiff 2012.

Referencias Bibliográficas

Agüero, José Carlos (2015). Los rendidos: sobre el don de perdonar. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

De Greiff, Pablo (2012). Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence, GA, UN HRC, 2012, UN doc. A/HRC/21/46

Degregori, Carlos Iván (2004). “Heridas abiertas, derechos esquivos: reflexiones sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación”. En Raynald Belay, Jorge Bracamonte, Carlos Iván Degregori y Jean Joinville Vacher (eds.), Memorias en conflicto: aspectos de la violencia política contemporánea. Lima: Embajada de Francia en el Perú, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, IEP, IFEA.

Portocarrero, Gonzalo (1998). Razones de sangre: aproximaciones a la violencia política. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sandoval, Pablo (2003). “El olvido está lleno de memoria. La matanza de La Cantuta”. En Carlos Iván Degregori (ed.), Jamás tan cerca arremetió lo lejos: memoria y violencia política en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Social Science Research Council.