En este ensayo presento y discuto recientes trabajos académicos que analizan el Perú contemporáneo en el contexto del boom de los commodities. Más que revisarlos, lo que intento es mostrar cómo estos trabajos son de interés para analizar el país desde una perspectiva de economía política. Planteo algunas rutas que puede seguir la investigación y presento algunas reflexiones comparando al Perú con otros países de la región. Propongo tres temas bajo los cuales ordenar estas investigaciones: (i) cambios socioeconómicos que dan lugar a desafíos y procesos políticos, (ii) relaciones centro y periferia/poder regional y (iii) continuidad y cambio en el Estado y en su relación con los actores sociales. Tras tocar dichos temas, concluyo con algunas ideas sobre por qué es importante impulsar estudios de economía política en el Perú y en América Latina en general.
El telón de fondo de los estudios son años de importante crecimiento económico en el Perú, empujados por el boom de los commodities. Sabemos que es en momentos como estos que mucho cambia (o puede cambiar) en la sociedad. Este estímulo económico se ha dado en un país que, como otros en la región, había pasado por tres procesos políticos en las décadas previas: reformas de mercado, democratización y descentralización (la llamada “regionalización” se dio en 2002, aunque la municipalización tiene ya varios años más). Y en el caso peruano debemos añadir dos procesos particulares: la extrema debilidad de los partidos políticos desde su debacle en 1990 y los legados del conflicto armado interno (1980-1994). Estos procesos serán relevantes para entender las similitudes y divergencias del Perú con otros países de la región en tiempos del commodity boom y posiblemente para comprender las trayectorias de estos países cuando este pierda ímpetu.
Por temas de economía política me refiero a procesos socioeconómicos que configuran actores colectivos, los cuales se articulan (o no) en la arena política, y la forma en que esos actores colectivos pueden afectar a la sociedad. 1   Ciertamente esta definición todavía deja fronteras muy abiertas sobre el campo de la economía política. Sin mencionar, claro, hay otras formas de entender qué es economía política (por ejemplo, el uso de métodos de análisis económico en la política o poner el énfasis en temas de economía política internacional). 2  La definición tentativa nos permite avanzar en el encargo, pero deja pendiente una mejor delimitación acerca de qué hablamos cuando hablamos de economía política.
Cambios socioeconómicos y desafíos políticos
El actual boom de los commodities ha dado lugar a una serie de cambios sociales y políticos importantes en América Latina, muchos de ellos conflictivos. Estas tensiones pueden ser causadas por sectores económicos que emergen (minería, agroexportación) o por otros que pierden poder (agricultores tradicionales, industriales), por grupos que protestan contra la acción del Estado o por su inacción (sectores informales, campesinos afectados por nuevas actividades económicas, productores de hoja de coca), o por actividades criminales beneficiadas directa o indirectamente por este flujo de recursos (narcotráfico, contrabando, delincuencia, minería ilegal, trata de personas, etc.). Es muy interesante observar cómo estos desafíos han surgido en forma muy rápida, al ritmo de los cambios en los mercados mundiales. Los mineros ilegales enfrentan al Estado con mayor fuerza a partir del año 2003, cuando subió el precio del oro, los productores de bienes con alta demanda en el mercado internacional se convirtieron rápidamente en grupos de presión de considerable poder e influencia o aparecieron súbitamente fenómenos delincuenciales, como las pandillas que viven de la extorsión en zonas de alto crecimiento económico. El Perú muestra muy similares procesos a los de la región, aunque, como veremos, con algunas particularidades.
El tema que más atención académica ha atraído en el país en los últimos años ha sido el de los conflictos sociales relacionados con las industrias extractivas (Barrantes et ál. 2005, Torres 2007, Tanaka y Grompone 2009 , De Echave et ál. 2009, Arellano 2011, Bebbington 2013, Meléndez 2012). Los altos precios de los minerales han incrementado las tensiones y conflictos en los territorios afectados por proyectos mineros y petroleros, tanto por su presencia como por demandas de una mayor redistribución de recursos. Desde las privatizaciones de los años noventa, en el país la exploración y explotación minera están fundamentalmente en manos privadas. Por ello, el conflicto suele tener como actores protagónicos a una empresa y a la comunidad local, con el Estado por lo general como actor secundario, incapaz de establecer una institucionalidad que sea reconocida como legítima por las partes. En algunas ocasiones, el Estado intenta mediar, en otras apoya a la empresa abiertamente, incluso operando desde sus campamentos, y en otras oportunidades se desatiende del conflicto, incapaz de garantizar localmente las concesiones que ha otorgado a nivel de sus ministerios centrales.
Si bien en años previos ya existían tensiones a nivel local, el aumento de precios de los minerales, las enormes regalías de canon distribuidas a escala subnacional y la activa y acelerada política de concesiones del Estado en materia de minería y petróleo han incrementado estos conflictos en forma considerable. 3 Cabe señalar que tan importante como estudiar los conflictos socioambientales es mirar aquellas instancias en que ellos se han evitado, y evaluar si esta situación se debe a un mejor manejo estatal/empresarial/comunitario u otras formas de control que impiden el conflicto se visibilice (coacción, por ejemplo).
También se están estudiando los cambios causados por el crecimiento de la agroexportación en diversas zonas del territorio. Esta actividad viene dando dar lugar a choques y negociaciones entre las empresas exportadoras con otras formas de organización agraria, como las comunidades campesinas o nativas (Diez 2012, Burneo 2011, Van Del Ploeg 2006). En algunos casos, las empresas negocian con las comunidades para usar sus tierras, en lo que constituyen nuevas formas de relación entre empresa y sociedad, pero en otros lo hacen directamente con los comuneros, creando conflictos en el interior de la organización (Burneo 2013). Actualmente, se observan tensiones en torno a la agroexportación y el cambio en el uso de tierras en los valles costeros y en la selva amazónica (especialmente, respecto de cultivos de palma aceitera). El conflicto de Bagua (ceja de selva), entre el Estado y grupos indígenas amazónicos, por ejemplo, fue causado por decretos que, en el marco del TLC con los Estados Unidos, cambiaban la regulación de la propiedad comunal.

Mientras que en Bolivia los conflictos ascendieron a través de organizaciones sociales y del MAS del campo a la ciudad, en el Perú los conflictos no escalan, y suelen quedarse en el espacio local.

Lo particular de muchos de estos conflictos desde una perspectiva comparada es que suelen estar muy localizados y no escalan a lo nacional. A pesar de un manejo estatal de la problemática por lo general deficiente o reactivo, y de que casi cada año tenemos un conflicto muy significativo que atrae la atención de la opinión pública, no alcanza a convertirse en un tema político nacional que llegue con fuerza al centro político y económico. La causa para que ello no suceda parece estar en la debilidad de las organizaciones que podrían darle unidad a este archipiélago de conflictos en el territorio. Los partidos políticos que podrían recoger estas demandas son muy débiles, ausentes a nivel territorial tanto para canalizar las tensiones como para representar en una agenda común a quienes protestan. Distanciados del espacio local, no recogen ni pueden agregar estos intereses (Meléndez 2012). Otras organizaciones sociales que podrían canalizar estas demandas también están muy debilitadas: la crisis económica de los ochenta, la violencia política y las reformas de mercado minaron su organización. Mientras que en Bolivia los conflictos ascendieron a través de organizaciones sociales y del MAS del campo a la ciudad, en el Perú los conflictos no escalan, y suelen quedarse en el espacio local (Vergara 2011).
El caso peruano también dialoga con estudios actuales sobre actividades ilegales y criminalidad organizada. Varios académicos vienen mirando el tema de las actividades ilegales y su relación con el Estado y la política en América Latina (Snyder y Durán 2009, Osorio 2012, Eaton 2012). Estas líneas de análisis desde la economía política son un asunto pendiente para las ciencias sociales en el Perú. Si bien hay estudios sobre el tema de la minería ilegal (Defensoría del Pueblo 2013, Torres 2007), mercados negros y delincuencia (Mujica 2012) y el narcotráfico, hay amplio espacio para explorar la relación de estas actividades ilegales con la política y la economía formal: contrabando, narcotráfico o extractores ilegales (minerales, madera, pesca, etc.). Estos desafíos, por lo demás, no solo se dan en zonas alejadas. Como mostró un reciente esfuerzo de la Municipalidad de Lima para desalojar el mercado La Parada, poderosos grupos informales pueden ser un desafío armado en pleno centro de la ciudad. Y el aumento de la criminalidad (pandillas, sicarios) en las ciudades del norte del país, beneficiadas por el crecimiento económico, muestra que hay un boom de actividades extorsivas que acompaña al boom económico, planteando nuevos retos al Estado. 4
Todos estos casos ponen de relevancia que las “zonas marrones” de ciudadanía/Estado de derecho que propone Guillermo O’Donnell (1993) no son estáticas. Para O’Donnell, las zonas marrones son áreas donde el Estado no logra imponer la ley ni garantizar derechos ciudadanos. Se oponen a lo que llama “zonas azules” de ciudadanía. Pues bien, vemos cómo estas zonas marrones varían al ritmo de los cambios económicos, y muestran que, donde hay relativa paz, un estímulo externo puede modificar drásticamente y con relativa facilidad esa situación sin que se dé un cambio significativo en cuanto a mayor o menor presencia estatal. La debilidad del Estado recién se hace evidente cuando enfrenta desafíos de este tipo. Un mapa de zonas azules, verdes y marrones como el que propone O’Donnell del año 2000 hubiese sido muy distinto a uno del año 2013.
Estudios de centro y periferia
Los estudios de centro-periferia/poder regional también son útiles para mirar al Perú actual desde la economía política, aunque esta vez como caso negativo. A diferencia de otros países vecinos, en el Perú no se observa una regionalización del conflicto político a causa de cambios económicos. Es claro que en las elecciones de 2006 y 2011 la territorialización del voto obedece a viejas divisiones socioeconómicas, reforzadas por un modelo económico de impacto diferenciado en el territorio (Tanaka y Vera 2010). Pero no se observa nada parecido a lo que describen algunos autores para Ecuador y Bolivia.
Eaton (2011), por ejemplo, analiza el surgimiento de espacios regionales de contestación al poder central en Bolivia y Ecuador. El autor observa la relación conflictiva de las élites empresariales beneficiadas por políticas de apertura comercial en Santa Cruz y Guayaquil, contra nudos políticos de corte redistributivo que intentan controlarlos desde el centro. A su vez, Vergara (2011a) discute las condiciones por las que una región exportadora y comercialmente activa como Santa Cruz puede desafiar al Gobierno central en tiempos democráticos, resaltando la importancia de la economía, demografía y el tipo de élites locales que tienen el poder. Santa Cruz, y en menor medida Guayaquil, se han convertido en espacios de lucha empresarial, que incluso llevan a la construcción de identidades nuevas frente al Estado.
En el caso peruano no vemos fenómenos similares, con una gran Lima subordinando o avanzando los mismos intereses que las élites de ciudades menores beneficiadas por el crecimiento, como Arequipa, Piura o Trujillo. Tal vez lo interesante del caso peruano esté precisamente en este reforzamiento de Lima por la debilidad de las élites periféricas y la creciente centralización del poder económico. Estas ciudades intermedias están muy lejos de la capital en número y peso económico. Sin embargo, no hay que descartar que los cambios en curso sean de más largo plazo y que estas ciudades en crecimiento estén en proceso de desarrollar sus propios intereses frente al centro; por ejemplo, que agricultores exportadores localizados en Piura o La Libertad vean sus intereses en conflicto con actividades de mayor interés para el Gobierno central, como la minería, o que estas tensiones regionales se activen si llegasen al poder político grupos con programas opuestos a los de las élites comerciales periféricas.
Cambios en el Estado y en su relación con actores sociales
Los Estados en América Latina han sido descritos como “leviatanes de papel”, formalmente poseedores de enorme poder, pero con serios problemas para hacer cumplir sus leyes o llevar a buen puerto sus reformas. Si bien sabemos que hay excepciones (Chile, Uruguay, Costa Rica), el diagnóstico es en general certero, y el Perú es sin duda un caso de debilidad en la tabla general de capacidad estatal. Trabajos comparados recientes, como los de Kurtz (2013), Paredes (2012) o Soifer (2006), sitúan las raíces de esta debilidad y fortaleza en diversos factores profundos que tuvieron lugar en el siglo XIX. Dichos trabajos suelen resaltar que estos procesos pusieron a nuestros países en trayectorias distintas de fortaleza y debilidad, y las dificultades para que estos patrones cambien. Hoy, sin embargo, hay versiones más optimistas que ven cambios importantes en la capacidad del Estado en la región y señalan una mayor convergencia hacia Estados más fuertes. En un volumen del BID, Lora (2005) llama la atención acerca de lo que sería una “reforma silenciosa” del Estado en América Latina: el Estado se está profesionalizando, ganando capacidad sin que lo notemos.
Si bien los científicos sociales solemos mirar con menos optimismo estos procesos de reforma (en parte porque Estados débiles hacen reformas incompletas, o porque, aunque las reformas se hagan de acuerdo a los deseos de sus impulsores, pueden tener impactos negativos e inesperados), la pregunta empírica relevante para un estudio comparado es observar si la capacidad del Estado está cambiando en la región, y particularmente si la inyección de recursos está sirviendo para ello. ¿Se mantienen los patrones antes señalados? ¿Algunos Estados están aprovechando más el boom para fortalecerse y vivir a la altura de sus promesas democráticas que otros? En nuestro caso, ¿está el actual boom fortaleciendo al Estado peruano y cambiando esta trayectoria de debilidad?

El Estado no se ha fortalecido a pesar de la enorme inyección de recursos del boom. La burocracia y los servicios estatales, especialmente en sectores clave como la salud, la educación y la seguridad, siguen siendo bastante débiles.

Pareciera que no tendremos en el corto o mediano plazo en el Perú un Estado sustancialmente más fuerte. Se han dado cambios en ciertas islas de eficiencia, como el Ministerio de Economía, la Sunat y la Superintendencia de Bancos (Dargent 2011, 2012b; Vergara 2012), y se mantiene la capacidad del Banco Central de Reserva o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay también mejoras rescatables en otras dependencias y procesos de reforma en curso, como el servicio civil o una serie de procesos administrativos. Y, como veremos, se han dado cambios grandes en infraestructura, especialmente en carreteras. Pero pareciera que el Estado no se ha fortalecido a pesar de la enorme inyección de recursos del boom. La burocracia y los servicios estatales, especialmente en sectores clave como la salud, la educación y la seguridad, siguen siendo bastante débiles.
Incluso, para algunos autores, las islas de eficiencia mencionadas antes son en su gran mayoría dependientes de intereses privados reforzados por las reformas de mercado, por lo que no implicarían un fortalecimiento del Estado. Las reformas dejaron ganadores, y estos han aumentado su poder de tal manera que hoy ejercen enorme influencia y determinan las preferencias de los actores estatales. Es decir, para estos autores, dichas áreas pueden tener más profesionalismo y mejores burocracias, pero no suficiente autonomía ni capacidad para regular a actores sociales poderosos, sean viejos o nuevos (Durand 2006, Arce 2006).
En lo que coinciden todos los autores, más allá de su caracterización del Estado, es que la influencia de sectores empresariales beneficiados con las reformas (finanzas, exportadores y mineros) es hoy bastante alta, especialmente porque otros actores que podrían balancear su poder son débiles (sindicatos y partidos de izquierda). Y este aumento de poder no ha ido acompañado por un incremento similar del poder estatal en cuanto profesionalismo ni capacidad de regulación. A veces recién notamos esta debilidad de regulación cuando el Estado intenta poner orden en actividades formales (aunque muchas con un pie en la informalidad) que han estado fuera del radar, sea por desconocimiento, corrupción o captura, como en el reciente intento de regular la pesca. En resumen, pareciera que no estamos viendo el surgimiento de un Estado sustancialmente más fuerte y profesional, capaz de ejercer su poder como resultado de esta inyección de recursos.
La relación del boom de recursos con la capacidad estatal tiene también una interesante dimensión subnacional a ser explorada. Muchos de los gobiernos regionales y municipales han recibido recursos millonarios como resultado de las reglas del canon minero y de la descentralización fiscal (reglas, nótese, adoptadas antes del boom de los commodities, y que probablemente fueron aprobadas sin evaluar que darían lugar a transferencias tan altas). Hay diferencias considerables en cuanto a la capacidad para hacer uso de estos recursos y mejorar el desempeño de las burocracias regionales y locales (Barrantes et ál. 2012, Vargas 2010). En un país con tres niveles de gobierno subnacional (región, municipio provincial y municipio distrital), que además no tienen relación jerárquica entre sí, esta inyección de recursos a todo nivel viene teniendo un impacto diferenciado en los gobiernos locales. Por ejemplo, la calidad del gasto ha sido muy distinta de región a región y a través de municipios; con gobiernos locales aprovechando de mejor manera sus recursos, mientras otros tienen problemas para gastar sus fondos o toman cuestionables decisiones sobre sus prioridades. Las causas de esta diferencia, por supuesto, son en muchos casos socioeconómicas (ausencia de capital humano, por ejemplo), pero en otros casos hay fuertes legados institucionales y dinámicas políticas locales que contribuyen a explicar estos resultados positivos y negativos, por ejemplo, instancias administrativas locales que funcionaban bien antes de la descentralización (Vargas 2010) o un grupo político regional relativamente articulado y actuando con un horizonte de mediano plazo (Barrantes et ál. 2012).
A nivel subnacional también ha cambiado la relación del Estado y los gobiernos locales con la empresa privada. En algunas localidades, las empresas mineras se encargan de ejecutar obras de infraestructura básica en reemplazo del Estado, por lo general negociando con el Estado u orientando el gasto directo de sus contribuciones a fondos de solidaridad. Perla (2010), por ejemplo, estudia cómo empresas mineras vienen tomando funciones estatales en materia de infraestructura dada la debilidad estatal y la necesidad de construir espacios seguros para su inversión. Más recientemente, se ha aprobado que algunas empresas paguen impuestos ejecutando obras de infraestructura.

Reconocer que por no mirar la economía política estamos descuidando aspectos centrales sobre el poder y el cambio político en la región. Pareciera que este problema es mayor en la ciencia política latinoamericana.

También es interesante explorar cómo el boom de recursos puede haber impactado en el alcance del Estado en el territorio. El caso peruano es especialmente interesante en el tema de infraestructura. Como ha mostrado Richard Webb (2013), en parte por la débil capacidad de los gobiernos locales de hacer obras más complejas con el dinero del canon y su presupuesto, y por planes y estímulos del Gobierno central no necesariamente pensados con este objetivo, se han construido miles de kilómetros de carreteras en la última década. Webb se centra en el dinamismo que ha dado al mercado este cambio, pero es de esperar que esta mayor conectividad también tenga consecuencias políticas en el mediano plazo. Nuevos grupos de interés, mejor conectados con grupos similares en el territorio, pueden aparecer en estas zonas, por ejemplo.
Un tema difícil de estudiar, pues se trata de cambios más lentos, es el de transformaciones socioculturales que se están dando a raíz de esta mayor penetración del Estado y las actividades económicas en el territorio. ¿Hay procesos en curso de, por llamarlos de alguna manera, nation-building? ¿Qué tipo de identidades se están construyendo? Hace falta evaluar cómo, para bien o para mal, estos procesos, a veces muy violentos, pueden estar cambiando identidades y reduciendo el pluralismo producido por una mayor conectividad geográfica y económica. Ya mencionamos los cambios en comunidades campesinas y nativas a raíz del contacto con la minería y las actividades agroexportadoras.
Estudiar más estos temas vinculados al Estado resulta muy relevante para la política comparada y las ciencias sociales en general. 5 Pareciera que en América Latina, por discutir temas vinculados al régimen político o modelo económico, resaltando sus diferencias, estamos dejando la similitud de estos países en cuando a debilidad estatal. Más allá del modelo económico y el tipo de régimen existente, posiblemente sigamos teniendo Estados débiles a pesar del boom de los commodities. Esto se aplica al Perú, donde el Estado de los años setenta y ochenta era débil e ineficiente; sin embargo, el Estado neoliberal no ha logrado cambios sustantivos en diversas áreas a pesar de sus promesas. Las reformas de segunda generación nunca llegaron. Y también se aplica al comparar Estados que se parecen más entre ellos por su persistente debilidad e ineficiencia (Bolivia, Ecuador o Perú) de lo que reconocen sus propagandistas socialistas o neoliberales.
Conclusión
Esto es una muestra de lo que hay y de algunas ideas a profundizar. Por supuesto, seguramente he ignorado trabajos relevantes, y quedan muchos otros temas locales y comparados interesantes para la economía política que merecen atención. Entre otros, ¿por qué se han mantenido las reformas de mercado en el Perú mientras que en otros países se dio un desmantelamiento de varias de ellas? ¿Qué cambios vienen dándose en las conductas políticas de los sectores beneficiados por el crecimiento económico? ¿Y en aquellos no beneficiados? ¿Cómo se da hoy en día la relación capital-trabajo en el país? ¿Qué tipo de relación del ciudadano con el Estado se viene construyendo en nuestro país en contraste con otros Estados de la región donde existe una trayectoria histórica distinta previa al boom(menor grado de reformas de mercado, servicios sociales más extendidos, mayor formalización laboral, etc.)? ¿Qué tensiones políticas vienen surgiendo, o aumentando, con los cambios en el uso del agua o el impacto del cambio climático? Es necesario hacer dialogar estas preguntas con la investigación producida en décadas previas para documentar más precisamente los cambios y continuidades del momento actual.
A pesar de la abundancia de los textos reseñados, hay razones para estar preocupados por la menor presencia de investigaciones sobre economía política entre los estudiosos de América Latina. 6 Si bien preparar este trabajo y uno anterior similar para la conferencia anual de LASA me hacen menos pesimista, pues encontré más de los que esperaba, me parece que los latinoamericanistas estamos dejando de lado el estudio de temas de economía política para dar más énfasis a otros temas, como élites políticas, partidos y estudios sobre el Congreso, entre otros. No se trata de negar el valor de otros enfoques e intereses, o su pertinencia para responder otras preguntas importantes, pero sí de reconocer que por no mirar la economía política estamos descuidando aspectos centrales sobre el poder y el cambio político en la región. Pareciera que este problema es mayor en la ciencia política latinoamericana que en otras regiones donde estudios sobre desarrollo y la relación entre Estado y economía gozan de mejor salud. Conocer bien el contexto de cada país pasa por recuperar la agenda planteada por autores como Cardoso o Hirschman, que demandaban estudiar y vincular estímulos e intereses externos, grupos de poder doméstico, capacidad del Estado y organización política. 7 Es una tarea necesaria para entender mejor los cambios en curso y los que vendrán cuando pase el boom.

* Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP y coordinador del Grupo de Investigación sobre Capacidad del Estado Peruano (Gicep) en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad.
El trabajo en que se basa este ensayo fue presentado en la conferencia “La nueva economía política de América Latina: Estado, política y sociedad durante el commodity boom”, realizada en la Pontificia Universidad Católica de Chile en agosto pasado. Un grupo de los convocados teníamos como encargo escribir ensayos en los que: (1) se discutieran trabajos recientes sobre economía política de nuestro país de origen y (2) se dialogara con un memorándum escrito por los organizadores (Juan Pablo Luna, María Victoria Murillo y Andrew Schrank, “Latin American Political Economy: Making Sense of a New Reality”, manuscrito sin publicar) sobre las causas y consecuencias de la pérdida de relevancia de los estudios de economía política en América Latina. El presente documento se construye sobre dicho trabajo, concentrándome en la primera parte del encargo y añadiendo algunas ideas que resultaron de la discusión en Chile. Se agradece también a Paula Muñoz, Guillermo Rochabrún y a Alberto Vergara por sus comentarios.
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  1.  Definición que en realidad proviene de un correo de Juan Pablo Luna (comunicación personal, 4/5/2013) al intentar encontrar una frente a otras que no terminaban de convencerme.
  2.  Para una discusión sobre la definición y distintos enfoques de lo que se llama economía política ver Weingast y Wittman 2008.
  3. Un ilustrativo mapa de las concesiones mineras se encuentra en la web de la ONG CooperAcción: http://www.cooperaccion.org.pe/NACIONAL.html 
  4. Por ejemplo, la extorsión a transportistas. Ver http://elcomercio.pe/actualidad/1656393/noticia-trujillo-transportistaspagan-cifras-millonarias-extorsionadores 
  5.  Para una revisión de estudios sobre el Estado en el Perú ver Tanaka 2010 y Dargent 2012a.
  6.  Respecto a esta discusión puede consultarse el memorándum preparado por Juan Pablo Luna, María Victoria Murillo y Andrew Schrenk: “Latin American Political Economy: Making Sense of a New Reality” (manuscrito sin publicar).
  7.  Un buen ejemplo es la reciente Red de Economía Política de América Latina (http://redeconomiapoliticaamlat.com)