El asunto de la inclusión social en el Perú ha cobrado gran vigencia en estos tiempos, y la atención se ha centrado sobre todo en las causas y factores socioeconómicos de la problemática. En consecuencia, las alternativas que se barajan para enfrentar este desafío han enfatizado las iniciativas económicas para combatir la desigualdad, sobre todo las maneras en que se debería lograr un mejor uso y focalización de recursos económicos y beneficios sociales del Estado destinados a los sectores menos favorecidos. Sin embargo, es sabido que la exclusión social es un fenómeno polifacético que resulta de la interacción de diversos factores, y, consecuentemente, la inclusión social es un proceso amplio que incluye no solo la participación socioeconómica y política, sino también la participación cultural más amplia y plena de la población.

La inclusión social es un proceso amplio que incluye no solo la participación socioeconómica y política, sino también la participación cultural más amplia y plena de la población.

Es más, en un país como el Perú, dado su carácter pluricultural y multiétnico, la inclusión cultural requiere que se atienda, promueva y aproveche la diversidad cultural como aspecto consustancial y eje transversal de todas las iniciativas orientadas a este fin. Es más, la diversidad cultural debe verse como un activo para impulsar y potenciar la inclusión de los sectores sociales más relegados del país. A pesar de esto, no parece habérsele dado la misma importancia a las dimensiones culturales del problema, y por tanto, a plantear políticas (inter)culturales que permitan no solo complementar las medidas socioeconómicas, sino que incluso faciliten su implementación más efectiva. 1 Dada la complejidad del tema, en este artículo se plantearán solo algunas dimensiones básicas de la relación entre inclusión social y políticas (inter)culturales, las cuales ciertamente ameritan un debate profundo con la intervención de todos los involucrados.
Usos “instrumentales” de “la cultura”
Un primer aspecto a tenerse en cuenta y quizá el más fácilmente percibido es el de usar la cultura como un vehículo de inclusión social. Con esto nos referimos a la implementación de actividades culturales para tratar de incorporar a los sectores más vulnerables en trabajos artísticos y ocupaciones de producción estética y práctica artística. Este tipo de iniciativas tiene un ejemplo notorio en la Fundación Musical Simón Bolívar, de Venezuela, iniciativa que:
[…] constituye una obra social del Estado venezolano consagrada al rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, dedicada a la capacitación, prevención y recuperación de los grupos más vulnerables del país, tanto por sus características etáreas como por su situación socioeconómica. […] Se reconoce al movimiento orquestal como una oportunidad para el desarrollo personal en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al joven de una juventud vacía, desorientada y desviada. 2
En el Perú hay iniciativas parecidas, aunque mayormente llevadas a cabo por instituciones privadas. Por ejemplo, la Schola Cantorum, “una escuela que canta”, es fruto de una labor de inclusión social que promueven la Asociación Hanacpachap y la Universidad Católica Sedes Sapientiae:
Sus ochenta integrantes provienen de diversos sectores socioeconómicos de Lima. En muchos casos, se trata de personas que por lo general no tienen acceso para aprender, disfrutar y practicar “la gran música” [es decir, las “obras maestras de la música clásica”]. (Diario El Peruano, 07/11/2011)
Hay otras organizaciones donde el compromiso de ofrecer alternativas culturales al entorno de violencia social y política es más explícito:
Como respuesta organizada a los hechos de violencia política en la década de los ’90 del Perú un grupo de jóvenes decide de la mano con las organizaciones sociales gestar una propuesta artística basada en la formación-acción, de esta manera nace “Arena y Esteras”. […] Soñamos y trabajamos por construir una sociedad justa, inclusiva y emprendedora. Para lograrlo buscamos consolidar una propuesta artística y pedagógica basada en la organización comunitaria, la acción intercultural y la participación juvenil. [Es una] organización de artistas, educadores y líderes comprometidos con nuestra comunidad. Proponemos una forma de ser y hacer arte que contribuya al desarrollo humano y la transformación social. Por ello nuestras acciones están dirigidas a las poblaciones más vulnerables. (Arena y Esteras, http://arenayesteras.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=57&lang=es)
Finalmente, dentro de este uso podemos mencionar la promoción de artes populares y tradicionales como industrias creativas. Esto se refiere sobre todo a la potencialidad económica que ofrece la producción de artesanía en tanto se logre una mejor integración a los circuitos turísticos y de exportaciones no tradicionales. En todos estos casos, el sentido de cultura gira en torno a las artes musicales y plásticas con particular referencia a las prácticas más explícitas y autoconscientes de producción simbólica, en parte asociadas a la cultura erudita, pero también a la instrumentalización de los formatos de expresión estética para canalizar el tiempo libre y sobre todo las energías de las juventudes.
Etnicidad e interculturalidad
En términos más generales, la cultura es un elemento importante para que la inclusión social sea más efectiva en un país como el Perú, dado su carácter multicultural. Hay varios estudios en que se demuestra cómo las diferencias culturales y étnicas determinan en gran medida la exclusión de ciertos sectores, como los de origen indígena.  3  Por ejemplo, Glaeser (2005: 19), después de revisar varios estudios sobre distintos factores e indicadores de desigualdad social en diferentes países del mundo, sugiere que hay una clara relación entre heterogeneidad étnica y desigualdad socioeconómica:
La desigualdad también parece ser resultado de la heterogeneidad étnica, que impacta en la desigualdad directamente, en tanto distintas etnias tienen diferentes niveles de habilidades, e indirectamente a través de los canales políticos, en tanto las personas parecen menos proclives a transferir dinero a personas de un diferente grupo étnico. 4
Existen diversas formas de exclusión cultural que impiden el ejercicio universal de los derechos ciudadanos, incluso donde hay provisión de derechos sociales para compensar diferencias materiales y tratar de integrar a toda la población. Algunos sectores de la población, en efecto, se sienten excluidos de la cultura nacional por su identidad cultural, aun cuando en teoría posean los derechos comunes de ciudadanía. Por tanto, una opción es compensar su exclusión otorgándoles derechos especiales a las minorías culturales más allá de la atención social prioritaria. Estas compensaciones giran principalmente en torno al uso de idiomas originarios, la educación intercultural y bilingüe, la adecuación de las instituciones y servicios públicos para incorporar políticas interculturales, el uso de medios de comunicación —tanto para dar cabida a las expresiones de los grupos originarios como para regular contenidos y evitar así imágenes denigrantes o excluyentes— y la jurisdicción interna en aspectos locales.

Hay varios estudios en que se demuestra cómo las diferencias culturales y étnicas determinan en gran medida la exclusión de ciertos sectores, como los de origen indígena.

Por otra parte, establecer la magnitud de la presencia poblacional de estos grupos a través de censos que incorporen el factor étnico favorece su legitimación social: se logra el reconocimiento de su situación y del lugar que les corresponde proporcionalmente en la vida nacional, en la representación de intereses colectivos específicos y en la atención a sus particulares necesidades culturales. Si bien el concepto liberal de ciudadanía reclama representar el ideal de universalismo (es decir, suponer que todos los individuos que legítimamente se consideren ciudadanos de un Estado deben compartir igualitariamente derechos y deberes ciudadanos, sin privilegios culturales especiales o colectivos), para pensadores como Kymlicka (1996), sin embargo, esto no se puede realizar en sociedades pluriculturales y multiétnicas, porque las diferencias étnico-culturales obstaculizan el ejercicio ciudadano en tanto estas se vuelvan jerárquicas, o si es que desplazan a sectores de la población y restringen su plena inclusión.
Por tanto, además de derechos individuales, se requeriría de derechos grupales especiales (derechos minoritarios) para garantizar que algunos sectores no sean excluidos de los beneficios de la ciudadanía por motivo de su identidad étnica, cultural u origen socio-racial. Es más, hay que reconocer la importancia de la cultura para el sentido de pertenencia e identidad de los individuos y, por tanto, para la inclusión social y el ejercicio de derechos y cumplimiento de responsabilidades ciudadanas.
Un Estado multicultural debería incluir derechos universales, asignados a los individuos independientemente de su pertenencia grupal o étnica, así como establecer ciertos derechos grupales especiales para las culturas minoritarias. Podemos mencionar tres tipos de derechos grupales especiales: derechos al autogobierno para las minorías nacionales en el interior de un Estado, derechos étnicos para proteger la identidad grupal mediante apoyo legal y económico a las culturas minoritarias y derechos especiales de representación en las instituciones políticas.

Un Estado multicultural debería incluir derechos universales, asignados a los individuos independientemente de su pertenencia grupal o étnica, así como establecer ciertos derechos grupales especiales para las culturas minoritarias.

En el primer caso, sin embargo, hay el riesgo de secesión, y deben preverse mecanismos para contrarrestar esta tendencia. En los otros dos casos, según Kymlicka y otros, los derechos especiales tienden a una mayor integración de las minorías al conjunto social, no mediante la negación de las diferencias culturales, sino más bien a través del reconocimiento de esas diferencias como parte esencial de un Estado multicultural estable que promueve la participación de dichas minorías. Así, para Kymlicka (1996), la ciudadanía debe estar enraizada en una noción de grupo social; la ciudadanía no puede ser un estatuto puramente individual porque solo tiene sentido para el individuo en el contexto cultural más amplio del grupo de pertenencia.
Con todo, cabe mencionar algunas dificultades de estas reivindicaciones. Un primer problema de establecer una ciudadanía basada en el reconocimiento de los grupos culturales minoritarios o desfavorecidos es el de cómo establecer qué grupos pueden legítimamente reclamar ser casos especiales y, por tanto, ser merecedores de derechos particulares que no son asequibles para otros miembros de la comunidad política a través del Estado. Por ejemplo, el caso del uso de alucinógenos de origen natural para fines rituales por ciertos grupos étnicos en del Perú, sustancias cuyo consumo y comercialización podría estar controlada para el resto de los ciudadanos.
Otro problema es el de evitar que el establecimiento de alcances y límites de derechos especiales interfiera con los derechos individuales de sus miembros, así como controlar la imposición de condiciones especiales a individuos que no se reconocen miembros del grupo a pesar de compartir algunas de sus características étnicas o sociales; por ejemplo, la sumisión femenina a los padres o hermanos en cuanto a la edad de matrimonio en ciertos grupos amazónicos, lo que puede interferir con la culminación de la educación básica, que es un derecho universal. Los criterios de pertenencia cultural o de estilos de vida son problemáticos también porque en el mundo contemporáneo las personas tienen identidades múltiples, al punto de que la identidad cultural no es la que necesariamente prima en todo momento o situación, ya que en las sociedades actuales hay diversos roles sociales que ocupa un individuo, y algunas de sus identidades pueden ser más importantes según los roles con que se identifica cada uno.
Pedirle a un individuo que defina o base su pertenencia al conjunto social en un fragmento específico o único de su identidad es una negación a la complejidad actual de la individualidad. Es más, un aspecto de la identidad de un individuo puede estar en tensión con otro de su identidad. Por ejemplo: una persona de origen afroperuano que a la vez pertenece a un sindicato de trabajadores puede en un momento o para ciertos asuntos identificarse en contraste con otra de origen indígena, pero que también es miembro del mismo sindicato de trabajadores; y ambas pueden en otro momento converger en temas laborales. Y así hay muchos casos según cada individuo.

Todos los desafíos y potenciales problemas de una política de inclusión cultural deben ser cuidadosamente evaluados de modo intersectorial, coherente, integrado y multidisciplinario.

Aparte de lo anterior, el establecimiento de derechos especiales puede tender a congelar diferencias entre grupos y dificultar su intercomunicación. De este modo, en vez de lograr una comunicación intercultural, tendríamos una situación de multiculturalismo. 5 Así, se podría desatar una competencia entre grupos minoritarios que reclaman estatus especial y hasta reclamos de compensación por agravios históricos que consideran haber sufrido. En relación con lo anterior, hay otro problema: ¿cómo evitar una proliferación de grupos nuevos que demandan derechos especiales y, por tanto, cómo controlar una mayor fragmentación de la comunidad política? Esto se relaciona con el hecho de que los grupos étnicos no son totalmente estables, y su nivel de actividad o identidad puede variar mucho a través del tiempo o según las circunstancias sociales del entorno; además, su membresía varía, en tanto las fronteras de pertenencia a ciertos grupos pueden ser difusas y también variables.
Por lo demás, pretender que la gente necesariamente se identifique con un grupo cultural puede ser tan opresivo e injusto como querer eliminar las identidades étnicas. Y es que pueden surgir “dirigencias” o “liderazgos” étnicos que pretenden representar a ciertos grupos y traten de imponer características a supuestos miembros del grupo para tener mayor poder de mediación con instancias de desarrollo o con el propio Estado. Por otra parte, puede haber una pretensión de la sociedad global para que ciertos grupos, como los nativos amazónicos, permanezcan fijados eternamente como los guardianes de bosque tropical, sin opciones de escoger destinos alternativos.
Dada la extensión limitada de espacio, terminaremos señalando brevemente que todos los desafíos y potenciales problemas de una política de inclusión cultural deben ser cuidadosamente evaluados de modo intersectorial, coherente, integrado y multidisciplinario. Por lo tanto, cabría sugerir la creación de un Consejo Intersectorial de Inclusión Cultural, el cual sea presidido por el Ministerio de Cultura y esté integrado por los ministerios de Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, Salud, Educación, Ambiente, Justicia, Mujer y Desarrollo Social, Transportes y Comunicaciones. Este organismo debería servir para sentar las bases de una política intercultural coherente que permita enfrentar los desafíos de la interculturalidad en nuestro país.

* Antropólogo, Ph. D., investigador de la Dirección de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo del Ministerio de Cultura. Las expresiones vertidas en el presente artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la opinión institucional del Ministerio de Cultura.

Referencias bibliográficas
Giddens, Anthony (2000). Sociología. Madrid: Alianza Editorial.
Glaeser, Edward L. (2005). Inequality. Cambrige: Harvard Institute of Economic Research.
Kymlicka, Will (1996). Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos de las minorías. Barcelona: Paidós.
Malloy, Tove H. y Michele Gazzola (2006). The aspect of culture in the social inclusion of ethnic minorities. Flensburg: European Centre for Minority Issues.
Tubino, Fidel (2002). “Entre el multiculturalismo y la interculturalidad: más allá de la discriminación positiva”. En Norma Fuller (ed.), Interculturalidad y política. Desafíos y posibilidades. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, pp. 51-76.

  1.  Malloy y Gazzola (2006: 18): “[…] la participación es un ámbito muy amplio que incluye no solo la participación socio-económica y política sino también el acceso a la cultura. Mientras que el encontrarse dentro del proceso político y decidir juntos el futuro de la sociedad es un signo de un alto nivel de inclusión social y aceptación cultural, el acceso a la cultura puede mejorar la habilidad del individuo de entender otras culturas y funcionar tanto en su propia cultura como en culturas foráneas. También puede promover el entendimiento de que los intercambios interculturales acentúan la cohesión social”.
  2.  Ver http://www.fesnojiv.gob.ve/es/mision-y-vision.html
  3. Estamos usando el término de “etnicidad” en el sentido resumido por Giddens (2000: 278): “La etnicidad hace referencia a las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una determinada comunidad de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente diferentes de otros grupos sociales, y son percibidos por los demás de igual manera. Hay diversas características que pueden servir para distinguir a unos grupos étnicos de otros, pero las más habituales son la lengua, la historia o la ascendencia (real o imaginada), la religión y las formas de vestirse o adornarse”.
  4. Traducción propia del original: “Inequality also seems to be the result of ethnic heterogeneity, which impacts inequality both directly, since different ethnicities have different skill levels, and indirectly through political channels, as people seem less eager to transfer money to people from a different ethnic group”.
  5.  Sobre el contraste entre interculturalidad y multiculturalismo, véase por ejemplo Tubino 2002.