Tráfico ilícito de drogas en el Perú: Brechas de

conocimiento y futuros horizontes de investigación

 

Diego Alonso Sanchez Florez

Pontificia Universidad Católica del Perú

https://orcid.org/0000-0002-9755-686X

 

Samuel Calderón

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

https://orcid.org/0000-0001-6847-1210

 

Gelín Espinoza

Pontificia Universidad Católica del Perú

https://orcid.org/0000-0002-7658-6007

 

Leanna Zúñiga Montaño

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

https://orcid.org/0009-0000-9382-0013

 

Recibido: 26-05-23

Aprobado: 16-10-23

doi: 10.46476/ra.v4i2.162

 

Resumen

Este artículo presenta las principales características del conocimiento producido acerca del tráfico ilícito de drogas (TID) en el Perú, durante el período 2002-2022, con el fin de contribuir a identificar y dar a conocer las principales brechas de conocimiento que existen sobre este fenómeno. La brecha de conocimiento en esta materia es una situación que requiere ser atendida porque incide en la comprensión integral del fenómeno, como también en los procesos de diseño de políticas públicas destinadas a abordar dicha problemática. Para este fin, se revisaron documentos producidos por instituciones estatales directamente involucradas en implementar las estrategias y políticas nacionales en la materia, así como por organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional involucrados en la lucha contra esta problemática. Los resultados del análisis revelan tres tendencias: 1) casi la totalidad de los documentos consultados ofrecen evidencia acerca de los derivados cocaínicos frente a otro tipo de drogas como el cannabis; 2) la gran mayoría de los documentos abordan solamente dos actividades de la cadena de valor de los derivados cocaínicos: el cultivo de hoja de coca y la producción de pasta y clorhidrato de cocaína; 3) la mayor parte de los documentos se han centrado en explicar o describir los efectos que tienen esta cadena de valor sobre la economía y la seguridad. Finalmente, la discusión de los resultados sugiere ámbitos de exploración a ser considerados en futuras investigaciones.

Palabras clave: Tráfico ilícito de drogas, cadena de valor, seguridad humana, agenda de investigación, políticas públicas, gestión de la información.

 

Abstract

This article presents the main characteristics of the knowledge produced regarding illicit drug trafficking (IDT) in Peru during the period 2002-2022, aiming to contribute to identifying and publicizing the main knowledge gaps that exist about this phenomenon. Knowledge gaps in this matter are a situation that needs to be addressed as they impact the comprehensive understanding of the phenomenon and also the processes of designing public policies to address this issue. To this end, documents produced by state institutions directly involved in implementing national strategies and policies in this field were reviewed, as well as those from civil society organizations and international cooperation agencies involved in the fight against this problem. The main findings reveals three main trends: 1) almost all consulted documents provide evidence regarding coca-derived products compared to other types of drugs like cannabis; 2) the vast majority of the documents address only two activities in the value chain of coca-derived products: coca leaf cultivation and the production of coca paste and cocaine hydrochloride; 3) most of the documents have focused on explaining or describing the effects that this value chain has on the economy and security. Finally, the discussion of the results suggests areas of exploration to be considered in future research.

Key words: Illicit drug trafficking, public policies, management information, value chain, human security, research agenda.

 

Resumo

Esta pesquisa apresenta as principais características do conhecimento produzido sobre o tráfico ilícito de drogas (TID) no Peru durante o período de 2002 a 2022, com o objetivo de contribuir para identificar e divulgar as principais lacunas de conhecimento que existem sobre esse fenômeno. As lacunas de conhecimento nessa matéria são uma situação que precisa ser abordada, pois afetam a compreensão abrangente do fenômeno, bem como os processos de elaboração de políticas públicas para lidar com essa problemática. Para esse fim, foram revisados documentos produzidos por instituições estatais diretamente envolvidas na implementação das estratégias e políticas nacionais nesse âmbito, bem como por organizações da sociedade civil e organismos de cooperação internacional envolvidos no combate a essa questão. Os resultados da análise revelam três tendências: 1) quase a totalidade dos documentos consultados oferece evidências sobre os derivados de coca em comparação com outros tipos de drogas, como a cannabis; 2) a grande maioria dos documentos aborda apenas duas atividades da cadeia de valor dos derivados de coca: o cultivo da folha de coca e a produção de pasta e cloridrato de cocaína; 3) a maior parte dos documentos se concentrou em explicar ou descrever os efeitos que essa cadeia de valor tem sobre a economia e a segurança. Por fim, a discussão dos resultados sugere áreas de exploração a serem consideradas em futuras pesquisas.

Palabras-chave: Tráfico ilícito de drogas, políticas públicas, informação gerencial, cadeia de valor, segurança humana, agenda de pesquisa.

 

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo describir las principales tendencias y características de la literatura reciente acerca del tráfico ilícito de drogas (TID) en el Perú. A través de este objetivo, se busca contribuir a identificar y dar a conocer las principales brechas de conocimiento que existen sobre este fenómeno. Para ese fin, se construyó una base de datos original que incluye información acerca de 261 títulos de diversos tipos de documentos publicados durante el período 2002-2022, los cuales ofrecen evidencia relevante sobre diferentes dimensiones del TID en el país.

Con el fin de asegurar la inclusión de las publicaciones más relevantes sobre el TID en el Perú dentro de la base de datos, se optó por seleccionar aquellos títulos que formarán parte de la bibliografía de los principales balances producidos por la academia y documentos de gestión formulados por instancias gubernamentales (Véase Tabla 1). Dentro de ese universo, se escogió específicamente a aquellos títulos que aborden algún aspecto o dimensión del TID en el Perú y que, además, hayan sido publicados en los últimos veinte años. Adicionalmente, se optó por incorporar dentro de la revisión todos los títulos que se encuentran disponibles en los portales web de las instituciones públicas, directamente involucradas en implementar las estrategias y políticas nacionales, relacionadas con el control de las drogas, así como también los portales de las organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales involucrados en el tema.

La elección del período de estudio responde a consideraciones prácticas y teóricas. En cuanto a las primeras, se consideró, en primer lugar, que la gran mayoría de los títulos incluidos en la bibliografía de los principales balances producidos por la academia y documentos de gestión formulados por instancias gubernamentales habían sido publicados entre los años 2002-2022. En segundo lugar, dado que el objetivo del presente artículo es contribuir a identificar las principales brechas de conocimiento sobre el TID en el Perú —de manera que permita mejorar los procesos de diseño de políticas en la materia— se contempló la necesidad de incluir publicaciones relativamente recientes que ofrecieran datos actualizados sobre esta problemática en el país.

En cuanto a consideraciones teóricas, dicho período coincide, a grandes rasgos, con la aparición de un conjunto de transformaciones en factores internacionales y domésticos que han incidido en la manera en la que se vienen formulando e implementando las políticas de control de drogas en el país y la región latinoamericana. A nivel global, vale la pena destacar el surgimiento de nuevos mercados de destino de las drogas —sobre todo de los derivados cocaínicos— más allá de los Estados Unidos tales como Brasil y la Unión Europea, la diversificación y fragmentación de las organizaciones criminales encargadas del acopio y transporte de drogas a nivel global y la mejora en el rendimiento de las parcelas cocaleras producto de cambios en las técnicas de procesamiento y producción (Soberón, 2013, pp. 31-32). Debe destacarse también el proceso de definición y uniformización de los alcances de las obligaciones internacionales de los Estados que forman parte de los tratados que dan forma al sistema internacional de fiscalización de drogas —dentro de los cuales se encuentra el Perú— como producto de la Vigésima Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU contra la Corrupción (UNGASS) ocurrida en 1998 (Soberón, 2013, p. 33; Zevallos, 2014, p. 105).

Adicionalmente, a nivel nacional, dicho período coincide, por un lado, con la transición a la democracia y, por otro lado, con el reinicio del proceso de crecimiento sostenido de las hectáreas de cultivos de arbusto de hoja de coca en el país. A diferencia de otros períodos, dicho crecimiento involucró la expansión de estos cultivos a nuevas zonas a lo largo y ancho del territorio peruano (Zevallos, 2014, p. 101-102).

Desde una perspectiva de investigación, este artículo es relevante debido a que, como lo vienen señalando algunos de los principales balances formulados por especialistas en la materia, la información y producción académica acerca del TID en el Perú ha venido mejorando sustantivamente en términos de cantidad y calidad, sin embargo, esta mejora no ha sido homogénea (Hernández & Loureiro, 2022; Manrique & Pastor, 2019; Dammert, Mujica y Zevallos, 2017; Zevallos, 2017). Precisamente, el marco conceptual utilizado en este estudio permite identificar aquellas dinámicas y problemáticas derivadas de este fenómeno sobre las que se tiene muy poco conocimiento sistematizado o incluso fuentes de información primaria fidedigna. Sobre la base de ello, los hallazgos del presente artículo contribuyen a reconocer, de manera rigurosa, temas y preguntas de investigación promisorios en materia de TID que pueden útiles para que estudiantes, investigadores y funcionarios públicos generen mayor y mejor información sobre la materia en aspectos sobre los que se conoce poco.

En la misma línea, este artículo representa un aporte en la medida que incorpora una muestra sustancialmente más amplia y diversa de fuentes, tanto primarias como secundarias, en comparación con los principales estudios bibliográficos disponibles sobre el tema. Las fuentes primarias representan información original y de primera mano sobre el fenómeno en cuestión, procedente directamente de las personas, instituciones o entidades bajo observación. Por otro lado, las fuentes secundarias comprenden información derivada de la síntesis, reorganización e interpretación de las fuentes primarias (Hernández et al., 2014, pp. 60-61; Pardinas, 1988, pp. 34-35).

En otras palabras, la muestra utilizada en este artículo incluye documentos académicos, como artículos y capítulos de libros, así como documentos provenientes tanto de las instituciones directamente involucradas en el control de drogas como de aquellas relacionadas con organismos de cooperación y la sociedad civil. Estas últimas suelen trabajar con datos proporcionados por agencias públicas. Asimismo, la base de datos que se presenta en las siguientes secciones abarca la literatura publicada a lo largo de dos décadas de producción académica sobre el TID, período más extenso que abarca desde el 2002 hasta el 2022.

Finalmente, desde una perspectiva de política pública, este artículo tiene como objetivo contribuir a mejorar y ampliar la producción de investigaciones y estudios sobre el funcionamiento y los efectos del TID en el Perú. La mayor disponibilidad de información resulta fundamental para el diseño y la evaluación de políticas y estrategias que se encuentran a cargo de las instituciones públicas y multilaterales encargadas del control de drogas. Este aporte adquiere aún mayor relevancia si consideramos que la disponibilidad de datos, el manejo adecuado de la evidencia y la transparencia contribuyen a una gestión más eficiente de los recursos públicos, ofrecen mayores oportunidades de transparencia en la toma de decisiones y permiten satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas (Jaime & Vaca Ávila, 2017).

 

Marco teórico

La bibliografía producida sobre TID en las últimas décadas, contemplada en la base de datos, fue clasificada de acuerdo a la evidencia que puede aportar acerca de cada una de las actividades que comprenden la cadena de valor del mercado ilícito de drogas y los diversos tipos de problemáticas que cada una de estas actividades acarrean, desde la perspectiva de la seguridad humana. Por un lado, el término «cadena de valor» hace referencia a una sucesión o secuencia de actividades de transformación, mediante las cuales se va añadiendo valor agregado a una determinada materia prima con el fin de convertirla en un determinado bien de consumo, así como su distribución global a fin de generar beneficios económicos (López y Vizcarra, 2012, pp. 80-82; Zevallos, 2022, p. 15-21).

Este concepto es cada vez más utilizado en el análisis del TID porque permite comprender que este fenómeno responde fundamentalmente a una lógica de mercado y que, por lo tanto, las actividades, tareas y estrategias promovidas para obtener ganancias buscarán ventajas comparativas y competitivas, al evaluar los riesgos y las vulnerabilidades de sus operaciones en dependencia a las facilidades que otorgan los Estados (Rivera y Bravo, 2020; Zevallos, 2022).

Junto con ello, ofrece la oportunidad de mejorar nuestra comprensión sobre cómo funciona este fenómeno a partir del estudio de la organización y dinámica de cada una de las actividades o etapas específicas que componen la producción y comercialización de la droga en distintos puntos del mundo. Esta exploración involucra tanto el estudio de las características particulares de cada tipo de actividad como las formas en las que estas se articulan a través de circuitos y flujos de suministro (López y Vizcarra, 2012, pp. 80-82; Zevallos, 2022, pp. 15-21). Así, este concepto también permite establecer la interdependencia entre eslabones, al analizar las diversas estrategias de optimización y coordinación que determinan el precio de venta del bien ilícito (Rivera y Bravo, 2020).

Por su parte, el concepto de «seguridad humana» se refiere a un enfoque de política pública que sitúa a la persona como eje central de protección. En esa línea, traslada el foco de interés desde las amenazas directas que enfrenta el Estado —principalmente en forma de ataques militares— hacia el conjunto más amplio de riesgos y vulnerabilidades que afectan a los individuos y sus comunidades e impiden su desarrollo pleno. Este enfoque defiende una visión multidimensional de la seguridad que abarca diversos aspectos de la vida de las personas tales como la economía, el medio ambiente, la salud, entre otros. Por esa razón, este nuevo paradigma de política pública permite hacer visible el hecho que no todos los grupos poblacionales se encuentran igualmente expuestos a amenazas de la misma naturaleza y que las amenazas pueden encontrarse interconectadas entre sí, por lo que requieren respuestas multisectoriales (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2009, pp. 6-10).

Al permitirnos desagregar en detalle cada una de las actividades que componen la secuencia de cultivos ilícito, producción y comercialización de drogas, el concepto de «cadena de valor» ofrece la oportunidad de identificar de manera sistemática qué vacíos existen en el conocimiento generado acerca del funcionamiento del TID en el país. De otro lado, combinar los aportes de los conceptos «cadena de valor» y «seguridad humana» nos permite inventariar de manera más comprehensiva el conjunto de riesgos asociados a cada uno de los eslabones del tráfico ilícito de cocaína de tal forma que pueda identificarse de mejor manera qué vacíos existen en el conocimiento generado acerca de los efectos del TID en el Perú.

 

Metodología

La presente investigación tiene un alcance descriptivo y utiliza un enfoque cuantitativo no experimental. En ese sentido, se realizó una revisión documental de los siguientes tipos de documentos:

• Informes y reportes producidos por las instituciones directamente involucradas en implementar las estrategias y políticas nacionales relacionadas con el control de las drogas durante las últimas décadas.
• Informes y reportes producidos por diversos organismos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.
• Tesis, artículos publicados en revistas indexadas, libros, capítulos de libros, documentos de trabajo y ponencias en congresos internacionales formulados por investigadores especialistas en la materia.

Durante la revisión documental se aplicó un muestreo no probabilístico. Con el fin de asegurar la inclusión de las publicaciones más relevantes sobre la temática del TID en el Perú, el criterio central para seleccionar los títulos revisados fue que formarán parte de la bibliografía de los principales balances bibliográficos, producidos por la academia y documentos de gestión formulados por instancias gubernamentales (Véase Tabla 1). Dentro de ese universo, se escogió específicamente a aquellos títulos que aborden algún aspecto o dimensión del TID en el Perú contemporáneo y que, además, hayan sido publicados en los últimos veinte años.

 

Tabla 1

Balances académicos y documentos de gestión a partir de los cuales se seleccionó la muestra de la base de datos del presente artículo

Nombre del documento	Tipo de documento	Autor/a	Año de publicación	Institución
Seguridad ciudadana	Capítulo de libro	Hernández, W. & Loureiro, R.	2022	Consorcio de Investigación Económica y Social
Política Nacional Contra las Drogas al 2030	Documento oficial	Casas, F., Morales, S., Alvarez, K., Peñaloza, A., Ávila, K., Castillo, Y. & Trujillo, D.	2020	Dirección de Asuntos Técnicos - Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas
Cocaína peruana: análisis bibliográfico de la investigación sobre el tráfico ilícito de drogas cocaínicas en Perú.	Artículo	Manrique-López, H. & Pastor-Armas, A.	2019	Revista Cultura y Droga - Universidad de Caldas
Agenda de investigación en seguridad. Líneas de investigación y temas a ser investigados por la Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad	Documento oficial	Moreno, M., Abanto, J., García, S., Rivas, P., Oviedo, L., León, K., Pérez, R., Escalante, G.	2018	Dirección General de Información para la Seguridad - Ministerio del Interior
Seguridad Ciudadana: Balance de investigación en políticas públicas 2011 – 2016 y agenda de investigación 2017 – 2021	Capítulo de libro	Dammert, L., Mujica, J. & Zevallos, N.	2017	Consorcio de Investigación Económica y Social
Dinámicas locales en torno al cultivo de hoja de coca: elementos para el estudio desde el mercado ilegal de la cocaína.	Artículo	Zevallos, N.	2017	Revista de Ciencia Política y Gobierno – Pontificia Universidad Católica del Perú
Agenda Nacional de Investigación para la Lucha contra las Drogas 2016 - 2021	Documento oficial	Cabanillas, W., Casas, F., Guevara, E., Ramírez, M. & Bustamante, I.	2015	Dirección de Asuntos Técnicos - Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Fuente: Elaboración propia.

 

Adicionalmente, se optó por incorporar dentro de la revisión todos los títulos que se encuentran disponibles en los portales web de las instituciones directamente involucradas en implementar las estrategias y políticas nacionales, relacionadas con el control de las drogas durante las últimas décadas: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Policía Nacional del Perú (PNP) y el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro).

Asimismo, se revisaron los documentos que se encuentran disponibles en los portales web de las principales organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales involucrados en el tema: Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (Unodc), Capital Humano y Social Alternativo (CHS), Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV) y el Centro Internacional de Gobernabilidad Desarrollo & Seguridad (Cigodese). Dentro de ese universo, también se escogió aquellos títulos que aborden algún aspecto o dimensión del TID en el Perú contemporáneo y que, además, hayan sido publicados en los últimos veinte años.

Cada uno de estos documentos fue clasificado de acuerdo a la evidencia que ofrecía sobre las actividades identificadas dentro de la Política Nacional contra las Drogas al 2030: cultivos ilícitos, producción, comercialización mayorista ilícita interna, exportación ilícita y consumo (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas [Devida], 2022, p. 29). Todas estas actividades, corresponden, a grandes rasgos, a eslabones o fases de la cadena de valor de la droga bastante trabajadas dentro de la literatura sobre el tema (López & Vizcarra, 2012; Zevallos & Mujica, 2015; Zevallos, 2022; Espinoza y Zuñiga, 2023).

Debe aclararse también que, si bien la Política Nacional Contra las Drogas al 2030 contempla actividades estrictamente vinculadas a la cadena de valor de los derivados cocaínicos, nuestra base de datos abarca también documentos que ofrecen información acerca del cultivo, producción, comercialización y consumo de cualquier otro tipo de droga en el país. Por otro lado, también debe mencionarse que la revisión de literatura nos llevó a considerar la incorporación de dos actividades adicionales a las consideradas por la Política Nacional contra las Drogas al 2030: la comercialización minorista ilícita y las intervenciones públicas. En esta última categoría ubicamos a todos aquellos documentos que nos ofrezcan información acerca de algún aspecto del funcionamiento de la institucionalidad existente en el país en el control de drogas o del desempeño de las intervenciones gubernamentales sobre el tema.

 

Gráfico 1

Actividades de la cadena de valor de la droga

 

Fuente: Devida (2020), López y Vizcarra (2012) y Zevallos (2022). Elaboración propia

 

Como resultado de esta revisión, se encontraron 261 referencias o títulos1 publicados durante el período 2002-2022 que ofrecen evidencia relevante acerca de diferentes aspectos del TID en el país. Tras identificar los títulos, se construyó una base de datos que contiene los datos bibliográficos de cada documento, el tipo de actividad del TID sobre el que ofrece información, así como la información que estos ofrecen acerca de los tipos de daños que estas actividades de la cadena generan para la seguridad humana. Este ejercicio se realizó tomando como referencia el esquema de asociación entre actividades que comprende el tráfico ilícito de drogas y los daños en las dimensiones de la seguridad humana, presentado por la Política Nacional contra las Drogas al 2030, (Devida, 2022, p. 29).

Al recoger los aportes de autores como Zevallos & Mujica (2015a, 2015b), este mismo documento de planificación agrupa en cinco grandes categorías o dimensiones los daños a la seguridad humana producidos por el TID: económicos, seguridad, salud, medio ambiente y gobernabilidad. El Gráfico 2 ilustra las distintas categorías de afectaciones que, se ha identificado, pueden generar las actividades de la cadena de valor de la droga.

 

Gráfico 2

Daños a la seguridad humana provocados por el tráfico ilícito de drogas

Fuente: Devida (2020). Elaboración propia

 

A su vez, cada tipo de daño o afectación a la seguridad humana agrupa un conjunto de problemáticas más específicas:

1. Daños a la seguridad: amenazas de muerte y violencia física en comunidades nativas por invasión de tierras, violencia de redes criminales por control territorial, homicidios vinculados al tráfico ilícito de drogas y violencia interpersonal asociada al tráfico ilícito de drogas.
2. Daños a la economía: dependencia económica por alta rentabilidad de los cultivos ilícitos, involucramiento de mano de obra en producción y comercio ilícito de drogas, vulneración al sistema económico financiero por el lavado de activos y afectación al desarrollo social y económico del individuo y su familia.
3. Daños a la salud: morbilidad y mortalidad asociada al consumo, degradación y contaminación de suelos, contaminación de los recursos hídricos y deforestación de áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento.
4. Daños al medio ambiente: degradación y contaminación de suelos, contaminación de los recursos hídricos, deforestación de áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento.
5. Daños a la gobernabilidad: conflictividad social a escala local y regional, financiamiento de las acciones de Sendero Luminoso en zonas de producción y corrupción de funcionarios para evadir persecución fiscal. Dentro de esta categoría, hemos incluido también dos problemáticas específicas más no contempladas originalmente dentro de la política: violaciones a los derechos humanos en la implementación de políticas contra el TID y escasa capacidad y autonomía estatal.

Para finalizar esta sección, es importante aclarar que muchos de los documentos incluidos en la base de datos, formulada para este artículo, ofrecen información de la cadena de valor de más de una sustancia, acerca de más de una sola actividad de la cadena de valor o evidencia sobre más de un solo riesgo asociado a la seguridad humana. Por esa razón, muchos de estos registros han sido ubicados simultáneamente en varias categorías lo que explica que casi todos los gráficos que serán presentados a continuación no lleguen a sumar el 100 %.

 

Resultados

Durante las últimas dos décadas se registra una mejora notable en la producción de información primaria y secundaria acerca del TID en el Perú. Como lo muestra el Gráfico 3, entre los años 2002 y 2009 no se encontraron más de siete documentos publicados anualmente sobre el tema. Sin embargo, a partir del 2010 en adelante —salvo por la excepción del 2012, 2018 y 2019— se publicaron no menos de trece documentos anualmente, lo que representa casi el doble de la producción anual de inicios del siglo XXI.

El creciente interés por comprender este fenómeno se debe al contexto global, en el que han venido ganando terreno enfoques críticos sobre las implicancias sociales y políticas del sistema global de control de drogas en los derechos humanos y la salud (Manrique & Pastor, 2019, pp. 16-17). La mejora en la producción de información primaria y secundaria acerca del TID se enmarca, además, en una tendencia más amplia, identificada por otros especialistas, quienes señalan que la literatura e información sobre seguridad ciudadana, crimen y violencia —en las cuales estarían incluidos los estudios y reportes sobre el TID— ha venido aumentando en términos generales, junto con el interés de diversas instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, organismos de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, las ONG y universidades (Dammert, Mujica y Zevallos, 2017, pp. 75-78).

Gráfico 3

Documentos sobre TID publicados durante el período 2002-2022

Fuente: Dirección General contra el Crimen Organizado. Elaboración propia.

 

Con el fin de poder describir las principales tendencias en la literatura publicada acerca del TID en el país, esta sección está dividida en tres partes. La primera de ellas identifica cuáles son las actividades de la cadena de valor de la droga que han sido más trabajadas. De igual manera, la segunda parte explora qué tipo de efectos producidos por estas actividades sobre la seguridad humana han recibido mayor atención. Finalmente, en la tercera parte se destacan algunas de las principales brechas de conocimiento que quedan pendientes por cubrir, así como también se ofrecen algunos lineamientos que pueden contribuir a futuras investigaciones sobre el tema.

 

Balance de estudios sobre la cadena de valor del tráfico ilícito de drogas en el Perú (2002-2022)

El Gráfico 4 clasifica los 261 títulos contemplados en la base de datos a partir del tipo de droga sobre la que ofrecen información. Dado que muchos de los títulos analizados ofrecen individualmente datos sobre más de una sustancia ilícita, estos han sido ubicados simultáneamente en varias categorías. Por ejemplo, un determinado título podría ser categorizado como fuente de información acerca de los derivados cocaínicos y, al mismo tiempo, como una fuente de información acerca de las drogas sintéticas. Todo lo anterior explica que los datos del mencionado gráfico no lleguen a sumar ١٠٠ %.

Un primer dato de interés que nos revela la base de datos, acerca de los documentos producidos sobre cada una de las actividades que componen la cadena de valor de la droga, es que la inmensa mayoría del conocimiento sobre TID se concentra en analizar la cadena de valor de los derivados cocaínicos. El Gráfico 4 muestra que, mientras cerca del 90 % de los documentos revisados ofrece información acerca de la cadena de valor de los derivados cocaínicos, menos del 20 % de estos documentos ofrece evidencia acerca de otro tipo de sustancias. En ese sentido, se cuenta con muy pocas investigaciones o datos sistematizados sobre cómo funcionan y los efectos que generan las cadenas de valor de otros estupefacientes como el cannabis, los opioides o las drogas sintéticas.

El mejor ejemplo de la preeminencia del estudio de la cadena de valor de los derivados cocaínicos es la Política Nacional Contra las Drogas al 2030 (Devida, 2020), la misma que se concentra en abordar de manera prioritaria las drogas cocaínicas. La política se sustenta en un enfoque integral que abarca desde la prevención del cultivo de coca hasta la lucha contra el tráfico y el consumo de cocaína. El objetivo principal es reducir significativamente la producción de cocaína y sus derivados, así como mitigar los impactos sociales y económicos relacionados con la oferta y demanda de esta sustancia. A través de la implementación de medidas de erradicación de cultivos ilegales, programas de desarrollo alternativo, interdicción de drogas y estrategias de prevención y tratamiento, la política busca abordar de manera efectiva el problema de las drogas cocaínicas en el país.

Esta información también corrobora lo señalado por otros autores acerca de la enorme predominancia que tienen los estudios sobre el mercado de los derivados cocaínicos en el Perú, situación que se explicaría por el hecho que, por un lado, de acuerdo a cifras de la Unodc, desde 1998 el Perú se encuentra posicionado como el segundo país con mayor presencia de cultivos ilegales de hoja de coca a nivel mundial, después de Colombia (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2022, p. 16). Por otro lado, el interés por analizar esta cadena de valor se explica en parte por el hecho que, desde el 2016, se aprecia un repunte en la extensión de hectáreas dedicadas al cultivo de arbusto de hoja de coca. Para el 2021, la superficie cultivada de esta planta llegó a cubrir 80 681 de hectáreas, lo que representa una cifra récord considerando los últimos veinticuatro años (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2022, p. 16; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2023).

 

Gráfico 4

Documentos sobre TID publicados según el tipo droga sobre la que ofrecen información

Fuente: Dirección General contra el Crimen Organizado. Elaboración propia.

 

El Gráfico 5 clasifica los 261 títulos contemplados en la base de datos a partir del tipo de actividad de la cadena de valor sobre la que ofrecen información. Dado que muchos de los títulos analizados ofrecen individualmente datos acerca de más de una actividad de la cadena de valor, estos han sido ubicados simultáneamente en varias categorías. Por ejemplo, un determinado título podría ser categorizado como fuente de información acerca de la fase de producción y, al mismo tiempo, como una fuente de información sobre la comercialización. Todo lo anterior explica que los datos del mencionado gráfico no lleguen a sumar 100 %.

De acuerdo al Gráfico 5, la gran mayoría de los documentos abordan solo dos actividades que corresponden principalmente a un solo tipo de sustancia ilícita: los derivados cocaínicos. Todo ello quiere decir que, incluso dentro de la cadena de valor de los derivados cocaínicos, la cual acapara casi toda la información disponible, hay fases que han sido bastante más estudiadas que otras. Por un lado, el 60.2 % de los documentos ofrecen información y evidencia sobre la fase de cultivo de hoja de coca. De otro lado, cerca del 33.7 % abordan la fase de producción de pasta y clorhidrato de cocaína.

 

Gráfico 5

Documentos sobre TID publicados según actividad de la cadena de valor de la droga, 2002-2022

Fuente: Dirección General contra el Crimen Organizado. Elaboración propia.

 

Dentro del grupo de trabajos que generan información sobre los cultivos ilegales, podemos identificar un primer conjunto de investigaciones o estudios que analizan la implementación, los principales cuellos de botella y los diferentes impactos generados por los programas de desarrollo alternativo en distintas regiones del país. Por su parte, el cultivo ilícito también ha sido analizado a través de los productores de hoja de coca y sus organizaciones (Ministerio del Interior, 2018, p. 18; Manrique & Pastor, 2019, pp. 23-26; Paredes & Pastor, 2021). Un segundo conjunto de documentos, que abordan los cultivos ilegales, corresponde a reportes producidos periódicamente por organismos públicos e instancias de cooperación. En conjunto, este tipo de documentos nos ofrecen cifras actualizadas que permiten medir la magnitud y extensión del cultivo de la coca en el país, la rentabilidad de esta actividad y el nivel de afectación que puede tener sobre el medio ambiente.

Dentro del 60.2 % de los estudios que ofrecen información sobre la fase de cultivo de hoja de coca resalta el estudio de Salisbury y Fagan (2013), quienes muestran el surgimiento de cultivos de coca en las regiones fronterizas de la Amazonía peruana, cercanas a los ríos Ucayali y Purús. En estas áreas específicas del país, ambos autores identifican que, en contraste con otras zonas, la producción de coca depende de la conectividad a través de ríos en lugar de carreteras y se concentra en tierras bajas en lugar de en la agricultura en las laderas. Además, se sugiere que la erradicación forzada motiva a los productores de coca a emigrar hacia zonas más distantes y menos vigiladas, como el Parque Nacional Serra do Divisor en Brasil o el Parque Nacional Alto Purús en Perú.

Sobre el grupo de trabajos que aportan información acerca de la actividad de la producción ilícita y exportación ilícita de drogas, podemos identificar un primer conjunto de estudios que abordan el desarrollo del TID y diversas actividades delictivas asociadas en zonas específicas del territorio como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y la triple frontera que comparten Perú, Colombia y Brasil (Hernández & Loureiro, 2022, p. 323; Manrique & Pastor, 2019, pp. 26-27; Dammert, Mujica y Zevallos, 2017, p. 71).

Al igual que con la literatura vinculada a los cultivos ilícitos, podemos identificar un segundo conjunto de documentos que corresponde a reportes publicados periódicamente por organismos públicos y agencias de cooperación acerca de la producción y exportación ilícita de drogas. En suma, estos documentos ofrecen data actualizada que puede ser empleada para calcular la magnitud y extensión de la producción de diversos tipos de estupefacientes, las principales rutas mundiales de comercio de estas sustancias, la rentabilidad que este negocio ilegal puede alcanzar y la productividad por hectárea de los principales países respecto a derivados cocaínicos.

Regresando al Gráfico 5, observamos que un segundo dato de interés es la presencia de un porcentaje considerable (30.7 %) de documentos que abordan el funcionamiento de las instituciones e intervenciones públicas destinadas a controlar la producción, comercialización y consumo de drogas. Dentro de este grupo, podemos identificar, por un lado, un conjunto de trabajos destinados a rastrear el desarrollo y evolución de la institucionalidad y las políticas antidrogas del país, los factores que han venido produciendo sus cambios y continuidades, los tipos de enfoques de política —predominantemente prohibicionistas y punitivistas— bajo las cuales son diseñadas, así como las limitaciones y potencialidades de los mismos (Manrique, 2015; Ponce, 2016; Hutchinson, 2009; Torres, 2012; Ramírez, 2013; Zevallos, 2014; Santillán, 2016).

Un ejemplo de este tipo de investigaciones se encuentra en el trabajo de Ramírez (2013). En su estudio, la autora analiza cómo, después del retorno a la democracia, la política pública de control de drogas experimentó una transformación, pasando de una postura de consenso a alinearse con la política de «coca cero». Además, se destaca el rol de Estados Unidos que, en el contexto posterior al 11 de septiembre, ejerció una presión considerable para lograr la erradicación de los cultivos de coca. El estudio identifica además la influencia de sectores gubernamentales y medios de comunicación, en la formulación y legitimación de políticas represivas en el ámbito del control de drogas.

Por otro lado, podemos ubicar también aquí aquellas investigaciones e informes que describen el despliegue de las agencias estatales —nacionales, regionales y locales— en el campo (Hernández & Loureiro, 2022, pp. 321-322, 331; Casas & Ramírez, 2017, p. 54; Pastor & Manrique, 2019, pp. 19-20; Dammert, Mujica y Zevallos, 2017, p. 70; Vizcarra, 2017). Un ejemplo de este tipo de investigaciones es el estudio de Vizcarra (2017). Su estudio examina las fricciones entre la Municipalidad Distrital de Pichari y el Gobierno Central en relación con las negociaciones sobre la implementación de la política de drogas. La investigación pone de manifiesto que, a través de la representación y la utilización de narrativas tradicionales sobre la hoja de coca, las autoridades locales han establecido redes de respaldo con el propósito de amparar y defender políticamente y legalmente la hoja de coca. Aunque estas acciones no necesariamente pueden prevenir la erradicación, aumentan los costos sociales de cualquier intervención de este tipo, debido al respaldo de la población.

 

Balance de estudios sobre los tipos de daños producidos por el tráfico ilícito de drogas en el Perú (2002-2022)

El Gráfico 6 clasifica los 261 títulos contemplados en la base de datos a partir de la información que ofrecen sobre las afectaciones que genera el TID en el Perú acerca de distintas dimensiones de la seguridad humana. Dado que muchos de los títulos analizados ofrecen individualmente datos sobre más de un tipo de daño generados por las cadenas de valor de la droga que funcionan en el territorio peruano, estos han sido ubicados simultáneamente en varias categorías. Por ejemplo, un determinado título podría ser categorizado como fuente de información acerca de las afectaciones económicas que se podrían estar generando y, al mismo tiempo, como una fuente de información acerca de los daños que estas actividades generan sobre la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Todo lo anterior explica que los datos del mencionado gráfico no lleguen a sumar 100 %.

El Gráfico 6 muestra que la mayor parte de la evidencia e investigación producida en torno al TID, durante el período 2002-2022 en el país, ha centrado sus esfuerzos en explicar o describir los efectos que las diversas actividades que componen la cadena de valor de las drogas pueden tener en un reducido grupo de dimensiones. Por un lado, el 77 % de estos documentos abordan problemáticas que pueden ser categorizadas, a grandes rasgos, como «daños económicos» pues se refieren a las distorsiones que estas actividades pueden generar sobre la distribución de recursos y la utilización de los factores productivos disponibles.

Por otro lado, alrededor del 33.3 % de estos documentos abordan problemáticas que podríamos categorizar gruesamente como «daños a la seguridad» pues ofrecen información acerca de cómo el TID afecta la integridad física de las personas, el orden y la paz social. En contraste, el Gráfico 6 también muestra que aún contamos con relativamente menos datos e investigaciones acerca de los daños específicos que el TID pueden ocasionar a la gobernabilidad, la salud (física y emocional) y el medio ambiente. Dichos hallazgos ratifican la continuidad de una tendencia que ya había sido parcialmente identificada por Soberón (2013, p. 29) hace cerca de diez años.

 

Gráfico 6

Documentos producidos sobre TID en el Perú según el tipo de daño, 2002-2022

Fuente: Dirección General contra el Crimen Organizado. Elaboración propia.

 

El Gráfico 7 clasifica los 261 títulos contemplados en la base de datos también a partir de la información que ofrecen sobre las afectaciones específicas que genera el TID en el Perú, sobre distintas dimensiones de la seguridad humana. Como se señaló en la sección metodológica del presente artículo, cada dimensión de la seguridad humana abarca un conjunto más específico de problemáticas. Dado que muchos de los títulos analizados ofrecen individualmente datos acerca de más de un tipo de daño específico generado por las cadenas de valor de la droga que funcionan en el territorio peruano, estos han sido ubicados simultáneamente en varias categorías. Por ejemplo, un determinado título categorizado como fuente de información acerca de las afectaciones económicas puede ofrecer datos acerca de una problemática como la dependencia económica que se genera en distritos cocaleros por alta rentabilidad de los cultivos ilícitos y, al mismo tiempo, datos acerca de otra problemática económica como la vulneración al sistema económico financiero por el lavado de activos. Todo lo anterior explica que los datos del mencionado gráfico no lleguen a sumar 100 %.

Dicho gráfico permite corroborar que la mayoría de documentos producidos sobre el TID en el país durante el período 2002-2022 ofrecen información acerca de situaciones que se vinculan a daños económicos y daños a la seguridad, tales como la dependencia económica que genera la alta rentabilidad de los cultivos ilícitos (47.1 %), el involucramiento de mano de obra en la producción y comercio de drogas (41.8 %), sobre todo, en la manufactura de pasta básica y/o de clorhidrato de cocaína. En mucho menor medida, existe alguna información disponible también sobre la problemática específica de la violencia de redes criminales por control territorial (16.5 %).

Dentro de los estudios que exponen la dependencia económica que genera la alta rentabilidad de los cultivos ilícitos, Durand Guevara (2005) proporciona uno de los primeros perfiles de los cultivadores de hoja de coca que residen en áreas marcadas por la falta de recursos, necesidades básicas insatisfechas y altas tasas de analfabetismo. En estas regiones, la producción de hoja de coca forma parte de una estrategia destinada a reducir riesgos, y suele alternarse con la producción de otros productos. Además, se destaca que el cultivo de hoja de coca requiere una inversión mínima y genera ingresos más sustanciales en comparación con otros cultivos (Durand Guevara, 2005).

Como ejemplo de estudios del segundo bloque, tenemos la investigación de Zevallos y Rojas (2012), quienes sostienen que la demanda de hoja de coca como materia prima por parte del narcotráfico conlleva a la movilización de una gran cantidad de fuerza laboral, lo cual da como resultado la generación de ingresos más fluidos y con menos obstáculos en comparación con otros productos legales. Esto tiene como consecuencia que la fase fundamental del ciclo de producción de cocaína influya de manera significativa en la economía local del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Por lo tanto, no es sorprendente que un amplio número de sus residentes muestre interés en involucrarse, directa o indirectamente, en esta actividad agrícola, incluso si son conscientes de los riesgos asociados a la misma.

Por último, dentro de los pocos e innovadores estudios que abordan la violencia de redes criminales por control territorial tenemos el diagnóstico sobre microtráfico de Espinoza y Zuñiga (2023), que expone cómo las redes de comercio de drogas interno contribuyen al deterioro de la gobernabilidad y legalidad de esos territorios y la expansión de violencia urbana. Este deterioro se genera porque la comercialización al por menor requiere el control total de ciertas zonas urbanas, lo que consolida la aparición de «zonas de impunidad» donde se expanden otros delitos predatorios correlacionados como el hurto, extorsión, secuestro, sicariato, entre otros.

 

Gráfico 7

Documentos producidos sobre TID en el Perú según el tipo de daño específico, 2002-2022

Fuente: Dirección General contra el Crimen Organizado. Elaboración propia.

 

Futuros horizontes de investigación sobre el tráfico ilícito de drogas

Luego de haber caracterizado las principales tendencias de la literatura producida durante las últimas dos décadas acerca del TID en el Perú, corresponde destacar algunos de los principales vacíos de estos documentos con respecto al funcionamiento y dinámicas asociadas a las actividades que componen la cadena de valor de las drogas y a las problemáticas que estas actividades originan en el país. Todo ello se hará sobre la base de los resultados de la base de datos original y las propuestas formuladas en los balances bibliográficos escritos por los principales especialistas en el tema. El objetivo del análisis es contribuir a construir de la manera más rigurosa posible una agenda de investigación sobre el tema para los próximos años.

La información presentada hasta el momento da sustento para plantear que, en primer lugar, se ha producido muy poca información e investigaciones sobre todas y cada una de las actividades que componen las cadenas de valor de otros estupefacientes más allá de los derivados cocaínicos. En esa línea, tal y como lo plantean Dammert, Mujica y Zevallos (2017) o Devida (2015), haría falta generar evidencia que nos permita identificar (1) cuáles constituyen las principales actividades involucradas en la cadena de valor de drogas como la cannabis, opioides o sustancias sintéticas, (2) en qué parte del territorio se desarrollan, (3) qué tipo de actores intervienen en cada una de sus diferentes etapas, (4) cuáles son las principales diferencias y particularidades de cada eslabonamiento frente al de los derivados cocaínicos y (5) cómo se organiza cada cadena a nivel regional (Dammert, Mujica y Zevallos, 2017, p. 83; Devida, 2015, p. 49).

Otro dato relevante que podemos destacar de la información presentada anteriormente es que, en términos relativos, se cuenta aún con menos información e investigaciones acerca de cómo vienen funcionando las actividades de comercialización y consumo de estupefacientes en el país (Véase Gráfico 5). De igual manera, sería fructífero contar con evidencia acerca de todas las operaciones que se relacionan a la compra y venta de este tipo de bienes ilícitos, tales como transporte, distribución, empaquetado, entre otras (Devida, 2015, p. 49).

Según lo mencionado anteriormente, un primer desafío crucial que emerge radica en producir mayor información acerca de la esfera de la comercialización de drogas. Sobre esto, varios estudiosos coinciden en la apremiante necesidad de generar fuentes de información más extensas y de mayor calidad que permitan un conocimiento más profundo sobre los actores involucrados y sus estructuras organizativas. Un primer paso innovador y relevante sería la creación de un mapa que identifique con precisión quiénes son los intermediarios específicos, cuáles roles desempeñan, cuáles son sus motivaciones, y cuáles son sus características (sociales, económicas, étnicas, de género, etc.). También sería esencial analizar cómo estos intermediarios se relacionan con otros actores en la cadena y de qué manera los actores estatales influyen en estas dinámicas (Hernández y Loureiro, 2022, pp. 341-342; Ministerio del Interior, 2018, p. 11; Paredes & Pastor, 2021, p. 181; Manrique & Pastor, 2019, p. 32; Dammert, Mujica y Zevallos, 2017, p. 83; Devida, 2015, p. 50).

Adicionalmente, resulta fundamental conocer cuáles son las características y patrones de organización criminal asociados a los diversos tipos de comercialización (exportación, venta mayorista y minorista para el mercado interno), cuál es la trayectoria de vida de sus miembros y el rol que desempeñan los actores lícitos en las estructuras de organización criminal en el ámbito local, departamental y nacional (Hernández y Loureiro, 2022, pp. 341-342; Ministerio del Interior, 2018, p. 11; Paredes & Pastor, 2021, p. 181; Manrique & Pastor, 2019, p. 32; Dammert, Mujica y Zevallos, 2017, p. 83; Devida, 2015, p. 50).

Más allá de los actores y sus roles, es fundamental generar mayor evidencia e indagaciones acerca de los lugares donde las actividades de comercialización se desarrollan y la magnitud que pueden llegar a tener estos mercados a lo largo y ancho del territorio peruano. Específicamente, sería útil profundizar en cuáles son las principales rutas de tránsito de la cocaína y sus derivados, qué regiones del país abarcan, qué características tienen esos lugares y —en general— qué factores facilitan a nivel local el desarrollo de la comercialización para exportación o para el mercado interno (Hernández y Loureiro, 2022, pp. 341-342; Dammert, Mujica y Zevallos, 2017, p. 83).

También es imprescindible conocer las cantidades y precios a partir de los cuales se comercializan estas sustancias en distintas plazas, tales como las zonas de producción, zonas de frontera, zonas portuarias o aeroportuarias, espacios de esparcimiento, centros de detención y rehabilitación o determinados vecindarios dentro de la ciudad. Sobre este aspecto, contar con información sobre las rutas, modalidades de transporte de la droga (terrestre, aérea y marítima) y el volumen de estos flujos contribuiría mucho a desarrollar estratégias destinadas a mejorar las acciones de control y prevención de la PNP, así como a realizar acciones de coordinación con los países receptores de estas mercancías (Ministerio del Interior, 2018, pp. 17-18; Devida, 2015, pp. 49-50).

En segundo lugar, una mención aparte merece la fase de comercialización destinada al mercado interno —ya sea de carácter mayorista o minorista— pues es de las actividades menos investigadas hasta el momento. Sobre el primer tipo de comercialización, no se ha encontrado literatura que explique las vinculaciones y redes que se han formado entre los microcomercializadores y los mayoristas que abastecen los centros urbanos, así como el poder económico y de control territorial que tienen estos distribuidores, sus niveles de violencia y las lógicas organizacionales de la distribución de drogas al mayoreo. Por otro lado, tampoco se ha indagado sobre el tipo de respuesta del Estado frente al comercio mayorista de drogas. La data muestra que la mayoría de los esfuerzos de los actores policiales se han enfocado en evitar que las drogas cocaínicas salgan del país, sin embargo, se sabe poco sobre la respuesta al comercio interno.

Sobre lo segundo, el comercio minorista, se ha señalado la necesidad de identificar de manera clara dónde se encuentran los principales puntos de microcomercialización de drogas dentro de las ciudades del país (barrios específicos, centros educativos, balnearios, etc.), qué actores se dedican a este tipo de actividad y qué características tienen (socioeconómicas, género, edad, etnia, etc.). Adicionalmente, podría resultar importante analizar los patrones de vinculación entre usuarios de sustancias y vendedores al menudeo, los incentivos por los cuales las personas en estos espacios incurren en la microcomercialización, los riesgos que enfrentan, así como la trayectoria de vida de este tipo de actores. Estudios con estos detalles ayudarían mucho a explicar detalladamente sobre los factores de riesgo que condicionan o promueven la aparición del delito, es decir, permiten explicar por qué aparece, más allá de variables estructurales (Bastidas, 2021, p. 42; Manrique & Pastor, 2019, p. 32; Ministerio del Interior, 2018, p. 18; Devida, 2015, p. 50).

En tercer lugar, hace falta mayor información sobre el consumo de drogas. Sobre el mismo, es fundamental indagar acerca de las razones por las que se consumen estupefacientes y las representaciones asociadas a estas sustancias, tanto por parte de usuarios como de autoridades. En esa línea, haría falta explorar aún más las trayectorias de vida de los usuarios de cada tipo de sustancia, pero, sobre todo, sus inicios en el consumo, sus motivaciones para consumir, el grado de información que cuentan con respecto a estas sustancias y los tipos de usos que le dan a cada una de ellas, así como la frecuencia con la que las consumen. En la misma línea, puede ser sumamente importante producir mayor información y pesquisas sobre los principales ámbitos y espacios del consumo de sustancias. En conjunto, esta información resulta de vital importancia para identificar factores y circunstancias asociados al consumo problemático de sustancias.

Contar con esta información supondría, adicionalmente, una contribución importante para el diseño, implementación y evaluación de instrumentos de gestión, toda vez que otro tema sumamente relevante como inexplorado es el del desempeño del Estado en el ámbito de la prevención y la rehabilitación de personas con drogodependencias (Manrique & Pastor, 2019, p. 31; Devida, 2015, pp. 51-53).

En cuarto lugar, la información presentada anteriormente también ofrece evidencia para sustentar que las problemáticas específicas, generadas por cada una de las actividades que componen la cadena de valor de la cocaína en el Perú y sobre las que existe menos evidencia, son aquellas vinculadas a los daños a la salud y al medio ambiente, respectivamente. Asimismo, estos datos también muestran que existe relativamente poca evidencia e investigaciones acerca de los efectos que estas fases de la cadena tienen sobre la gobernabilidad (véase Gráfico 6 y Gráfico 7).

Con relación a las problemáticas ocasionadas por el TID sobre el medio ambiente y la salud, resulta fundamental empezar por cuantificar el efecto que tienen las actividades de la cadena de valor de las drogas sobre el nivel de degradación y contaminación de los suelos y recursos hídricos, así como establecer medidas que nos permitan conocer los niveles de deforestación y afectación de las Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento (Manrique & Pastor, 2019, p. 32; Devida, 2015, p. 48; Grillo et al., 2021). En esa dirección, puede ser sumamente útil empezar por reconocer los cambios en las lógicas y racionalidades y patrones de vida de la población con respecto al aprovechamiento de diversos tipos de recursos ocasionados por actividades como el cultivo y la producción de cocaína.

Más directamente vinculado a los daños específicos sobre la salud, queda pendiente profundizar en los factores asociados a la morbilidad —física o mental— y la mortalidad vinculada al consumo de diversos tipos de estupefaciente, diferenciado adecuadamente según perfiles socio-demográficos, ámbitos de socialización y usos específicos de cada sustancia (Devida, 2015, p. 47).

En ese sentido, valdría la pena profundizar más en estimar cuáles son los impactos que tiene sobre la salud de la población el perfil químico de las drogas decomisadas a lo largo del territorio. Con el término «perfil químico» nos referimos a características como el grado de pureza del estupefaciente y la toxicidad de los precursores, diluyentes y adulterantes, utilizados en la elaboración de los mismos. Teniendo en cuenta que los adulterantes son sustancias químicas que son añadidas con el fin de potenciar el efecto psicoactivo y que, en muchos casos, pueden llegar a ser incluso más peligrosos que la droga, este tipo de estudios contribuirían mucho en empezar a reconocer los niveles de peligrosidad asociados al consumo de cada tipo de estupefaciente (Duffau, Rojas, Fuentes & Triviño, 2015). El perfilamiento químico constituye, además, una excelente herramienta para ofrecer indicadores que permitan caracterizar la estructura, evolución y dinamismo de los mercados de diverso tipo de drogas entre y al interior de distintos territorios (Broséus, Baechler, Gentile & Esseiva, 2016).

Por su parte, con respecto a las problemáticas específicas relacionadas a la gobernabilidad, es necesario, primero que nada, esclarecer la pregunta acerca de cuáles son las múltiples relaciones que se generan entre autoridades —nacionales, regionales y locales— y organizaciones criminales, qué modalidades de corrupción generan estos vínculos, qué factores facilitan su ocurrencia y qué tipo de externalidades —positivas o negativas— vienen generando2. En ese sentido, urge explorar también cuál es la relación entre grupos terroristas y el narcotráfico (Ministerio del Interior, 2018, p. 11; Dammert, Mujica y Zevallos, 2017, pp. 70-71).

Adicionalmente, aún queda por saber más acerca de cuál es el nivel de capacidad y autonomía de las agencias gubernamentales en la lucha contra el crimen organizado, qué limitaciones enfrentan y cuál es el impacto que tienen sus acciones de prevención, control, tratamiento y atención de víctimas. De manera más específica, sobre el impacto de las políticas de control, resulta urgente conocer mejor la manera en que el sistema de justicia se encuentra abordando la problemática en el país. Al respecto, vale la pena destacar que la población penitenciaria internada por delitos vinculados al TID ha sido la que mayor crecimiento ha registrado durante el período 2005 – 2016 (Ministerio del Interior, 2018, pp. 11 y 23). Ayudaría mucho en ese sentido saber qué tipo de sentencias se han dictaminado sobre este asunto en el país, cuántas de ellas corresponden a cada categoría, qué afectaciones a los derechos de los procesados existen, cuál es el nivel de éxito en la judicialización de estos casos y qué costos exige sostener este tipo de medidas.

Por otro lado, estudiar a los ciudadanos y ciudadanas constituye otra manera relevante de aproximarse a los efectos del TID sobre la seguridad y la gobernabilidad. Al respecto, puede ser útil analizar a estos actores a partir de sus percepciones, creencias y racionalidades frente a los crímenes asociados al mercado ilegal de las drogas, así como frente a las instituciones que forman parte de los sistemas de seguridad y justicia. Este tipo de estudios podrían analizar, por ejemplo, fenómenos como las motivaciones que llevan a las personas a no denunciar o a resistir cierto tipo de delitos, el miedo al crimen y el nivel de confianza hacia las instituciones y programas de seguridad que se encuentran desplegados en el territorio (Ministerio del Interior, 2018, pp. 11, 18 y 26).

Otra manera de analizar a la ciudadanía es a partir de las iniciativas y acciones colectivas impulsadas por estos actores, ya sea para disuadir a los criminales o bien para coludirse con ellos. Vinculado a esto, puede ser de suma utilidad empezar a explorar cómo se conforman redes de soporte y protección de diversos actores criminales en determinados barrios y los efectos sobre el orden público y el accionar de las autoridades; o bien cómo funciona la participación ciudadana en programas como Barrio Seguro y cuáles son sus efectos en términos de mejoras de desempeño o aceptación de este tipo de intervenciones (Hernández y Loureiro, 2022, pp. 341-342; Ministerio del Interior, 2018 pp. 11, 18 y 26). Este tipo de investigaciones permitirían conectar muy bien los hallazgos encontrados con la literatura producida acerca de lo que se ha denominado «gobernanza criminal», es decir, aquellas zonas/comunas donde existe una aceptación social a determinadas conductas criminales, dado que la población recibe beneficios como seguridad, servicios no abastecidos por el Estado, etc. (De León, B. & Garzón, J., 2014; Feldmann y Luna, 2022).

Finalmente, existen algunas problemáticas específicas relacionadas a la seguridad sobre las que aún falta mayor información e investigaciones. Un asunto destacado insistentemente por los especialistas en el tema es explorar los múltiples vínculos que pueden existir entre el TID, el crimen organizado y los homicidios. Sobre este asunto, sería de suma utilidad poder diferenciar los escenarios y modalidades en los que este tipo de eventos ocurren, ya sea si estos se producen en entornos domésticos o barriales por violencia interpersonal asociada al consumo de drogas, delincuencia común o crimen organizado más vinculada al control territorial para el control de rutas de comercialización. Estudios longitudinales y análisis de tendencias sobre homicidios, en las últimas décadas en el país con énfasis en el nivel subnacional, contribuirían mucho en la tarea de conocer la magnitud y tendencia en la presencia de este tipo de delito (Dammert, Mujica y Zevallos, 2017, p. 80).

Más específicamente, con el fin de explorar las posibles vinculaciones entre TID y violencia, hace falta empezar a identificar las principales características, modalidades y causas de los homicidios por encargo (fenómeno comúnmente conocido como «sicariato»), así como rastrear los múltiples vínculos que estos tienen con las organizaciones criminales (Dammert, Mujica y Zevallos, 2017, p. 80). De igual manera, valdría la pena explorar en mayor detalle y exhaustividad situaciones como las amenazas de muerte y violencia física que ocurren dentro de las comunidades nativas por invasión de tierras a manos de traficantes y productores de derivados cocaínicos.

 

Conclusiones

Aunque la información y producción académica acerca del TID en el Perú ha venido mejorando sustantivamente en términos de cantidad y calidad, también es cierto que esta situación no ha sido homogénea pues subsiste una amplia variedad de actividades de la cadena y problemáticas sobre las que se tiene muy poco conocimiento sistematizado o, incluso, fuentes de información primaria fidedigna. Casi la totalidad de los documentos incluidos en la base de datos se ha enfocado en analizar la cadena de producción de derivados cocaínicos, dejando de lado el análisis de otras sustancias como el cannabis, los opioides y las drogas sintéticas (véase Gráfico 4). Por otro lado, incluso dentro del circuito de producción de los derivados cocaínicos, existen etapas mucho más estudiadas que otras: el 60.2 % de los documentos ofrecen información y evidencia sobre la fase de cultivo de hoja de coca, mientras que cerca del 33.7 % aborda la fase de producción de pasta y clorhidrato de cocaína (véase Gráfico 5).

Resulta preocupante que se cuente casi exclusivamente con información sobre estos dos eslabones de la cadena de valor, pues constituyen las fases menos rentables de la cadena de valor de la droga. Solo como un ejemplo de lo mencionado, de acuerdo a cifras del Observatorio Nacional de Interdicción contra el Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), en las zonas de fabricación, el precio del kilo de hoja de coca asciende a $ 2.58, el kilo de Pasta Básica de Cocaína (PBC) asciende a $ 638 y el precio del clorhidrato de cocaína asciende a $ 1 124. En zonas de tráfico regional, el precio del kilo de PBC asciende a $ 976 y el de clorhidrato de cocaína llega a costar $ 1 423. En zonas de tráfico internacional, el kilo de clorhidrato de cocaína llega a costar $ 3 613 (Observatorio Nacional de Interdicción contra el TID, 2020, p. 7). Por otro lado, de acuerdo con el portal web especializado en el tema de drogas Insight Crime, un kilo de clorhidrato de cocaína puede llegar a costar $ 28 000 al por mayor, mientras que en Europa este precio puede alcanzar hasta los $ 40 000 dólares en promedio (McDermott, 2021).

Por su parte, tanto la fase de cultivo de hoja de coca como la de producción de pasta y clorhidrato de cocaína representan etapas que no necesariamente concentran la mayor parte de actividades ilegales. Tal y como lo señala Zevallos:

En el caso del abastecimiento de hoja de coca, salvo la invasión de campos de cultivo, el resto de las tareas y operaciones o tiene carácter legal, o presenta algún margen de legalidad y/o informalidad […]. Como también se observa, parte importante de las tareas y operaciones relacionadas con la producción y comercio de hoja de coca están clasificadas como informales o dentro de un marco regulatorio ambiguo. Esto ocurre debido a que existe un entramado complejo de regulaciones que da un margen de legalidad a esta actividad agrícola […]. Una situación semejante se observa en el abastecimiento de insumos químicos (2022, p. 45).

Finalmente, se cuenta con menos evidencia acerca de cómo vienen funcionando las actividades de comercialización y consumo de derivados cocaínicos en el país, así como de todas aquellas acciones que se relacionan a la compra y venta de este tipo de estupefacientes (transporte, distribución, empaquetado, entre otras) (Véase Gráfico 5). Asimismo, el presente artículo ha mostrado que no todas las problemáticas generadas por las cadenas de valor del TID han sido igualmente investigadas. El 77 % del material recopilado en la base de datos ofrece evidencia acerca de cierto tipo de efectos que vienen generando las actividades que componen la cadena de valor de la droga en el país que pueden ser categorizadas, a grandes rasgos, como «daños económicos». Por su parte, el 33.3 % trata problemáticas que serían catalogadas como «daños a la seguridad» (véase Gráfico 6 y Gráfico 7). Sin embargo, se cuenta aún con relativamente menos datos e investigaciones acerca de los daños específicos que el TID puede ocasionar a la gobernabilidad, la salud (física y emocional) y el medio ambiente.

Desde una perspectiva de política pública, esta situación implica que se tiene aún una visión muy limitada sobre la extensión, magnitud e impactos que genera la circulación de este tipo de sustancias ilícitas en la sociedad peruana. Indudablemente, esta brecha de información y evidencia podría estar incidiendo en una inadecuada focalización y así, el gasto de recursos públicos se estaría invirtiendo en acciones hacia los actores más débiles y las acciones que tienen menores impactos sobre la sociedad.

 

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