Cómo Guatemala desafió los pronósticos1

 

Rachel A. Schwartz2

https://orcid.org/0000-0002-6188-4183

 

Anita Isaacs3

https://orcid.org/0000-0001-6578-4967

Recibido: 02-11-23

Aprobado: 02-12-23

doi: 10.46476/ra.v4i2.175

 

Resumen

Guatemala ha experimentado un retroceso democrático sostenido, incluida la manipulación de la arena electoral en 2023. Sin embargo, contra todo pronóstico, los ciudadanos guatemaltecos desafiaron la estrategia electoral autoritaria del régimen gobernante y votaron para que un reformista anticorrupción llegara al poder. Este artículo analiza la trayectoria (anti)democrática de Guatemala y explica cómo los actores de la oposición resistieron las tentativas autoritarias durante el proceso electoral de 2023. Las autoras sostienen que el régimen guatemalteco puede considerarse como una «oligarquía criminal» y examinan cómo los avances en el estado de derecho provocaron una reacción de las élites que aplastó las instituciones democráticas. Sin embargo, el inesperado resultado electoral de 2023 ilustra las posibilidades de explotar las fisuras en la coalición criminal-oligárquica para detener la consolidación autoritaria.

Palabras clave: oligarquía, democracia, corrupción, oposición, elecciones, erosión democrática.

 

Abstract

Guatemala has experienced sustained democratic backsliding, including the manipulation of the 2023 electoral playing field. Yet, against the odds, Guatemalan citizens defied the ruling regime’s electoral authoritarian strategy, voting an anticorruption reformer into power. This article analyzes Guatemala’s (anti)democratic trajectory and explains how opposition actors resisted further backsliding during the 2023 electoral process. The authors argue that the Guatemalan regime reflects a «criminal oligarchy» and examine how rule-of-law advances prompted elite backlash that eviscerated democratic institutions. The unexpected 2023 electoral outcome, however, illustrates the possibilities of exploiting fissures in the criminal-oligarchic coalition to arrest authoritarian consolidation.

Keywords: oligarchy, democracy, corruption, opposition, elections, democratic backsliding.

 

Resumo

A Guatemala sofreu um retrocesso democrático sustentado, incluindo a manipulação da arena eleitoral em 2023. No entanto, contra todas as probabilidades, os cidadãos guatemaltecos desafiaram a estratégia eleitoral autoritária do regime dominante e votaram num candidato reformista anticorrupção. Este artigo analisa a trajetória (anti) democrática da Guatemala e explica como os atores da oposição resistiram às tentativas autoritárias durante o processo eleitoral de 2023. As autoras argumentam que o regime guatemalteco pode ser considerado uma «oligarquia criminosa» e examinam como os avanços no Estado de direito provocaram uma reação das elites que corroeu as instituições democráticas. No entanto, o resultado inesperado das eleições de 2023 ilustra as possibilidades de explorar fissuras na coligação criminosa-oligárquica para impedir a consolidação autoritária.

Palavras-chave: oligarquia, democracia, corrupção, oposição, eleições, retrocesso democrático.

 

Introducción

Se esperaba que las elecciones de 2023 en Guatemala fueran un hito para el creciente autoritarismo en el país. A pesar de la competencia multipartidista, el régimen gobernante emprendió maniobras antidemocráticas para subvertir una respuesta ciudadana significativa. Antes de que los votantes acudieran a las urnas en la primera vuelta del 25 de junio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministerio Público (MP) y las cortes fraguaron violaciones electorales para descalificar a candidatos de todo el espectro político que se posicionaron en contra del establishment.

La manipulación de la arena electoral fue solo uno de los métodos que el presidente Alejandro Giammattei utilizó desde 2020 para profundizar el autoritarismo bajo una fachada legal. La distorsión del panorama electoral se produjo tras una cruel campaña para criminalizar a las autoridades y a los líderes de la sociedad civil que habían liderado la lucha contra la impunidad de la corrupción y los abusos de los derechos humanos. Decenas de ex funcionarios judiciales, periodistas y activistas fueron detenidos u obligados a exiliarse.

Por lo tanto, parecía casi seguro que el ciclo electoral de 2023 sólo aceleraría el retroceso democrático en este país centroamericano de dieciocho millones de habitantes. Sin embargo, los observadores tanto dentro como fuera del país quedaron atónitos cuando el poco conocido candidato reformista, diputado al Congreso y exdiplomático, Bernardo Arévalo —el último candidato anti-establishment en pie— terminó segundo en la primera vuelta frente a otros 22 candidatos. Eso fue suficiente para lanzarlo a la segunda vuelta presidencial contra Sandra Torres, tres veces candidata presidencial y ex primera dama, quien ganó casi el 16 por ciento de los votos. Arévalo había obtenido solo el 3 por ciento en las encuestas, lo que convirtió su aumento electoral en uno de los mayores que América Latina haya visto en la última década.4 Su movimiento, el partido Semilla, que ocupó apenas siete escaños en el Congreso de 2019-23, triplicó con creces su porcentaje de escaños al ganar 23 de los 160 escaños de la legislatura unicameral.

En respuesta, el régimen gobernante y sus aliados movilizaron los instrumentos judiciales habituales. Por motivos dudosos, el Tribunal Constitucional ordenó una auditoría electoral, pero no encontró pruebas de fraude. Usando a un juez penal corrupto, el Ministerio Público pidió la descalificación de Semilla y buscó criminalizar a los organizadores del partido, así como a los funcionarios electorales que certificaron los resultados de la primera vuelta.

Pero el ataque legal no descarriló la segunda vuelta. El 20 de agosto, Arévalo ganó con un aplastante 58 por ciento, superando a Torres en 17 de las 22 provincias de Guatemala. En dos meses, Arévalo había pasado de un escaso reconocimiento de su nombre a obtener más votos que cualquier candidato presidencial en la historia de Guatemala.

¿Cómo desafiaron los votantes guatemaltecos las probabilidades y aprovecharon el proceso electoral de ٢٠٢٣ para adoptar una postura contra la consolidación autoritaria? ¿Y cómo lo hicieron frente a una «oligarquía criminal» gobernante que depende de la captura del Estado y de la impunidad asegurada por la supresión de la competencia política y la disidencia? En la década de 2010, un movimiento anticorrupción sin precedentes había comenzado a amenazar la coexistencia alguna vez estable de una democracia minimalista y una oligarquía criminal. En respuesta, la coalición gobernante buscó no solo restaurar el antiguo orden político sino también desmantelar las instituciones democráticas para destruir la posibilidad de futuros avances en el fortalecimiento del Estado de derecho.

El impactante resultado de las elecciones de 2023 muestra que la estrategia autoritaria resulta, al menos en parte, contraproducente. La oligarquía criminal sigue siendo una amenaza, pero la contienda que la sorprendió yendo en sentido contrario se presenta ahora como un momento inesperado de resistencia al retroceso democrático. El momento surgió de las acciones e interacciones de tres conjuntos de actores: 1) la coalición criminal-oligárquica, que enfrentó problemas de coordinación postelectoral y fragmentación debido a incentivos competitivos; 2) la oposición interna, que se fortaleció a partir del legado normativo y organizativo de la campaña anticorrupción de mediados de la década de 2010; y 3) la comunidad internacional, que presionó para que se mantuviera la voluntad de los votantes guatemaltecos. Si bien la oligarquía criminal todavía tiene armas que puede utilizar y, en consecuencia, los riesgos de una regresión autoritaria cobran gran importancia, el caso guatemalteco ilustra que incluso cuando el gobierno autocrático se basa en pactos de protección duraderos, las fuerzas prodemocráticas pueden explotar sus fisuras y detener el retroceso democrático.5

 

¿Qué es la oligarquía criminal?

El régimen autoritario que se desarrolló en Guatemala elude etiquetas directas. La extrema concentración del poder político en el ejecutivo —un sello distintivo de la autocratización— no se ha producido y ningún líder personalista a nivel nacional ha ganado fuerza. En esto, Guatemala se diferencia tanto de Nicaragua, donde la dinastía represiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado el control y se ha apropiado de bienes estatales, como de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha utilizado su altísima popularidad y su super mayoría legislativa para destripar la independencia institucional.6 Los vehículos partidistas débiles y efímeros en Guatemala también han impedido el tipo de gobierno de partido único que evolucionó en Venezuela bajo Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, o que se estaba desarrollando bajo Evo Morales de Bolivia antes de su derrocamiento en 2019.7

Aunque no existe un partido o figura hegemónica, el caso guatemalteco no es un ejemplo de «vaciamiento democrático» que proviene de la hiperfragmentación y la toma de poder autoritaria e interesada, como pareciese suceder en Perú.8 El gran número de partidos que se presentaron en 2023 sugiere hiperfragmentación, pero en realidad el establishment político es bastante coherente fuera del ámbito electoral. Su capacidad de coordinación con el fin de socavar el Estado de derecho lo ilustra.

«Oligarquía» es el concepto que encontramos más útil para dar sentido al tipo de autoritarismo de Guatemala.9 El término significa gobierno de los ricos.10 En tal régimen, el poder político fluye de la riqueza y se utiliza para defender la riqueza, asegurando la propiedad y resistiendo la redistribución. Los sistemas oligárquicos pueden caracterizarse internamente por competencia o cooperación: la primera si los individuos ricos chocan por ambiciones en conflicto, la segunda si los objetivos compartidos fomentan las alianzas.

A primera vista, la oligarquía no es inherentemente incompatible con la democracia liberal. Aunque la distribución del poder político estará lejos de ser igualitaria, en teoría la oligarquía puede coexistir con el respeto a los derechos políticos, instituciones responsables e independientes y el Estado de derecho. Pero la forma de oligarquía que prevalece en Guatemala es, como la llamamos, «criminal». Como tal, no puede sostenerse junto con la democracia liberal. En la oligarquía criminal, el poder se deriva tanto de la riqueza ilícita como de la lícita. Junto a las fuentes de riqueza tradicionales, como la agricultura, el comercio, la industria y la prestación de servicios, existen fuentes ilegales como la captura corrupta de recursos estatales y el crimen organizado en forma de tráfico de drogas, lavado de dinero y extorsión.11

Estas formas de acumulación ilícita enriquecen a los políticos y a los jefes del crimen. En alianza con intereses económicos arraigados, despliegan poder político para mantener sus distintas formas de generación de riqueza. Obligan al personal judicial a archivar casos penales, sobornan a funcionarios para obtener lucrativos contratos públicos y ejercen presión política para mantener las medidas redistributivas fuera de la agenda nacional.

En otras palabras, la oligarquía criminal requiere instituciones débiles y un estado de derecho obstaculizado, mientras que la democracia liberal requiere lo contrario. Cuando las instituciones públicas son independientes y rinden cuentas ante los gobernados, será más difícil para los poderosos criminales corromper o intimidar a los funcionarios. Cuando los tribunales hacen cumplir la ley, las élites no protegerán tan fácilmente sus intereses. Donde los individuos disfrutan de derechos básicos y la prensa es libre, se descubrirán y denunciarán anomalías en la contratación pública y la colusión entre el gobierno y el crimen organizado. Por lo tanto, en la medida en que la oligarquía criminal se arraigue en un sistema político plural y competitivo, las instituciones democráticas de ese sistema seguirán siendo frágiles.

La estructura oligárquica contemporánea de Guatemala abarca una mezcla de actores políticos, económicos y criminales. Sus arquitectos fueron oficiales militares que llegaron al poder durante el conflicto armado interno de 1960-1996, reclamando flujos de rentas, así como impunidad por crímenes y abusos de derechos humanos.12 Estos soldados se aliaron con las élites tradicionales de la agricultura comercial, la construcción y las finanzas que habían detentado durante mucho tiempo el poder estatal. Además, los nuevos propietarios adinerados de empresas de importación y exportación, conglomerados de medios y grandes proyectos de infraestructura y energía han adquirido una tremenda influencia sobre la política guatemalteca. El crimen organizado constituye un pilar más del sistema, junto con la clase política.

Los modos de concentración de la riqueza son igualmente variados. El azúcar, el café, la palma africana, las granjas avícolas, el cemento, la cerveza y los textiles dominan los mercados internos y externos. Pero muchas de las élites empresariales que obtienen riqueza de estos bienes y servicios también son contratistas estatales y reciben subvenciones del gobierno para proyectos de infraestructura, equipos y otros suministros. Los sobornos en los contratos estatales hacen que la contratación pública sea lucrativa para los políticos nacionales y locales que tienen las llaves de las arcas estatales. Las actividades delictivas organizadas, como el tráfico de drogas, acumulan enormes riquezas para los grupos ilícitos transnacionales y sus afiliados en sus nóminas (empresas legítimas dispuestas a actuar como fachada para el lavado de dinero, funcionarios públicos que aceptan sobornos para hacer la vista gorda).

Los intereses económicos que pueblan el panorama criminal-oligárquico de Guatemala no son estáticos ni unificados. Hay luchas por los alquileres y el acceso, y camarillas rivales compiten por el poder, mientras las elecciones reorganizan la posición relativa de varias facciones políticas. Sin embargo, la polarización crónica y los conflictos interprofesionales que generan crisis en otros países latinoamericanos son poco conocidos en Guatemala. En cambio, cuando sus intereses fundamentales se ven amenazados, la oligarquía criminal se mantiene unida. Los desafíos políticos o judiciales que amenazan la búsqueda de rentas y la corrupción o el reinado de la impunidad tienden a toparse con un frente unido contra la reforma.

 

Ascenso y decadencia de los gobernantes

Durante el postconflicto en Guatemala, la oligarquía criminal coexistió momentáneamente con la liberalización política y el progreso democrático. O al menos ese fue el caso, hasta que Jimmy Morales asumió la presidencia en 2016. Él y Giammattei, su sucesor, supervisaron reveses autoritarios. El ataque antidemocrático fue la reacción de la oligarquía criminal contra algo nuevo: una campaña patrocinada internacionalmente para desmantelar las redes criminales incrustadas en el Estado y al mismo tiempo fortalecer el Estado de derecho. El movimiento anticorrupción planteó un desafío real y sostenido a la impunidad que sustenta a la oligarquía criminal, por lo que las élites optaron por probar un enfoque diferente: restringir los derechos políticos y utilizar el sistema legal para neutralizar la oposición. En resumen, demolieron las instituciones democráticas para salvar a la oligarquía criminal.

Las semillas del sistema prevaleciente se pueden encontrar en el conflicto armado, que enfrentó a dictaduras militares con grupos insurgentes de izquierda, lo que provocó más de 200.000 muertes y desapariciones, así como actos de genocidio perpetrados por el Estado. La guerra civil estalló después de la década de 1944-1954, conocida como la «Primavera Democrática». Durante este período, los gobiernos reformistas del padre de Bernardo Arévalo, el presidente Juan José Arévalo, y su sucesor Jacobo Arbenz amenazaron el statu quo político y económico. Introdujeron reformas sustantivas para ampliar el sufragio, la protección laboral y el bienestar social. Bajo Arbenz, el gobierno se comprometió a redistribuir las tierras de plantaciones ociosas a los campesinos sin tierra. Luego, la élite agraria y las facciones militares radicales anticomunistas lo derrocaron en un golpe de estado respaldado por Estados Unidos. Muchos miembros de las familias más ricas de Guatemala aprendieron la lección de que tolerar el cambio democrático sería peligroso.13 El conflicto también trajo poder y riqueza al ejército y fomentó su alianza con la élite económica, sentando así las bases de la oligarquía criminal.14

En lugar de ser una ruptura clara con el pasado de la guerra, la apertura política de la década de 1990 se convirtió en una forma para que la élite asegurara su riqueza garantizando al mismo tiempo la impunidad por las violaciones de derechos humanos, todo ello bajo el barniz de una democracia procesal. Los generales y líderes empresariales maniobraron para garantizar que el acuerdo de paz mediado por la ONU protegiera sus intereses económicos y políticos. A pesar de la amplitud de los acuerdos de paz de 1996, los arquitectos de la oligarquía criminal salieron de esta era habiendo dejado de lado con éxito las medidas redistributivas, asegurando una amnistía amplia (aunque no total) para los abusos de derechos humanos en tiempos de guerra y levantando altas barreras a la formación de partidos políticos.

La élite gobernante conservó el proyecto criminal-oligárquico sin tener que volver a la guerra. La élite se movilizó para derrotar un referéndum constitucional que habría consagrado las disposiciones del acuerdo de paz en la ley. Luego vino la construcción de un sistema de partidos que restringió la capacidad de competir a los aliados de la élite y dio a los exsoldados y a los intereses empresariales tradicionales nuevas vías para tomar el control del Estado. Lo siguiente fue la privatización a gran escala de empresas estatales para concentrar aún más la riqueza en manos de empresas y sectores criminales organizados.

Los procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema y magistrados de los tribunales de apelaciones se entregaron a «comisiones de postulación» compuestas por administradores académicos y representantes de colegios de abogados que habían sido comprados para garantizar tribunales favorables a la impunidad.15 Supervisada por el Congreso, una dinámica similar pasó a regir la selección del fiscal general, el contralor general y los magistrados del TSE.

Las investigaciones criminales, la contratación pública y las reglas electorales están, por lo tanto, como una cuestión de rutina, en manos de funcionarios que están en deuda con la coalición criminal-oligárquica. Los esfuerzos incompletos para purgar y capacitar a la nueva fuerza policial civil fomentaron el crimen y la inseguridad. Las instituciones nominalmente democráticas de Guatemala, en tiempos de paz, nacieron así en un ambiente donde la impunidad, la violencia y la corrupción seguían siendo la regla, un ambiente diseñado por los líderes de la oligarquía criminal.

Sin embargo, a mediados de la década de 2010, dos acontecimientos estaban perturbando esta dinámica y empujando a los beneficiarios de la oligarquía criminal a formar una coalición sobre la base de la creencia de que su proyecto político y económico compartido nunca podría sobrevivir bajo la democracia, por muy debilitada que fuera. El primer acontecimiento fue una serie de juicios relacionados con violaciones de derechos humanos en tiempos de guerra. Los primeros acusados fueron soldados jóvenes, pero en enero de 2012 se inició el proceso contra Efraín Ríos Montt, el exdictador militar acusado de orquestar una campaña de tierra arrasada durante 1982 y 1983.

El juicio de Ríos Montt de 2013 fue el primero en el mundo en el que un jefe de Estado tuvo que enfrentar cargos de genocidio en un tribunal nacional del país donde se habían cometido los crímenes. Este procedimiento pionero se encontró con una reacción criminal-oligárquica. Los grupos empresariales estaban preocupados por la imagen de Guatemala en el extranjero y ansiosos de que la atención pudiera desplazarse hacia los patrocinadores económicos del régimen genocida, mientras que los exoficiales temían que ellos también pudieran terminar en el banquillo. Entre estos veteranos se encontraba, significativamente, el presidente Otto Pérez Molina: había estado destinado en el altiplano predominantemente maya, el área más devastada por la violencia estatal. Aunque posteriormente la Corte de Constitucionalidad anuló el eventual veredicto de culpabilidad contra Ríos Montt por motivos procesales y falleció en 2018 (antes de que pudiera comenzar un nuevo juicio), el caso fue un presagio. En 2019, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, el ex director de la sección de inteligencia militar y el ex jefe de operaciones enfrentaron cargos. La capacidad de los tribunales y fiscales independientes para levantar el velo de la impunidad estaba más allá de toda duda.

El segundo acontecimiento llegó a un punto crítico en 2015, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por la ONU y creada en 2007 para asociarse con el MP y fortalecer el estado de derecho, amenazó con destruir a la oligarquía criminal. El equipo de la CICIG-MP dejó de investigar casos discretos para centrarse en las fluidas «redes político-económicas ilícitas» que sustentaban la impunidad.16 Se descubrieron esquemas criminales que expusieron al partido gobernante del presidente Pérez Molina como lo que un comunicado de prensa de la CICIG llamó «una estructura mafiosa criminal que había cooptado el poder a través de las urnas».17 Estuvieron implicados cientos de funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Energía y Minas y otras instituciones. Bajo presión popular, el Congreso despojó a Pérez Molina y a su vicepresidente de su inmunidad, y ambos quedaron tras las rejas.

La movilización anticorrupción, sin embargo, hizo que sus enemigos se resolvieran a hacer retroceder las instituciones democráticas. Las investigaciones continuaron sobre la administración de Morales y demostraron que no fue una campaña aislada. Al encontrarse a sí mismos como objetivos y no como amos del sistema legal guatemalteco, los beneficiarios de la oligarquía criminal se dieron cuenta de que la lucha entre su empresa e incluso una democracia mínima era un juego de suma cero, y que defender la impunidad requeriría medidas más drásticas.

 

La contraofensiva autoritaria

Al darse cuenta de que había cedido demasiado terreno, la oligarquía criminal elaboró un nuevo plan para destruir los avances democráticos. El primer paso fue derrocar a la CICIG. A finales de 2019, el presidente Morales se negó a renovar su mandato por otro período de cuatro años. Bajo Giammattei, los abogados del MP que habían trabajado con la CICIG fueron despedidos y los casos de corrupción de alto perfil fueron archivados. La oficina de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que alguna vez estuvo a la vanguardia anticorrupción, se convirtió en cambio en la punta de lanza de los esfuerzos para criminalizar a ex funcionarios judiciales.

Para limitar la competencia política, se utilizaron instituciones cooptadas para excluir a cualquier candidato de 2023 que desafiara el statu quo o simplemente pareciera poco confiable. El TSE excluyó la fórmula progresista de la dirigente indígena Thelma Cabrera y su compañero de fórmula, el ex procurador de derechos humanos Jordán Rodas. Los esfuerzos por seleccionar la lista de competidores presidenciales también se extendieron a figuras de derecha como Roberto Arzú, quien antagonizó al sector privado tradicional. Y en el último momento, el TSE descalificó al favorito Carlos Pineda, quien había llegado a la cima de las encuestas gracias a su presencia en las redes sociales y su discurso populista.

Los medios independientes también fueron silenciados. Los métodos utilizados durante mucho tiempo para intimidar y atacar a periodistas que investigan la corrupción encontraron un nuevo refugio bajo un MP comprometido con salvaguardar la impunidad. A mediados de 2022, José Rubén Zamora, fundador y director del periódico de investigación El Periódico, fue enviado a prisión por cargos falsos de lavado de dinero supuestamente inventados después de que su publicación comenzara a informar sobre sobornos gubernamentales por parte de Giammattei y sus compinches. Durante el juicio, el juez ordenó que se investigara a ocho periodistas por acusaciones de obstrucción de la justicia.

Finalmente, la coalición gobernante de Guatemala se volvió experta en manipular a la comunidad internacional, particularmente a Estados Unidos, que llegó a tratar a los líderes corruptos del régimen como aliados. Tras la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016, la obsesión por la migración indocumentada desplazó la preocupación por el Estado de derecho. Sintiendo una nueva apertura, las élites oligárquicas criminales presionaron para convencer a los funcionarios estadounidenses de la naturaleza partidista de la CICIG. Morales se ganó el favor de Trump al trasladar la embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén y al firmar un acuerdo de «tercer país seguro» que obligaba a los solicitantes de asilo, que pasaban por Guatemala, a buscar refugio allí. Estas medidas prepararon el terreno para que Guatemala desechara la CICIG con pocas protestas por parte de Washington.

La elección de Joe Biden en 2020 trajo un nuevo discurso de política exterior, pero hasta las elecciones de 2023 en Guatemala, la transición hacia el autoritarismo solo encontró una respuesta tibia y cautelosa por parte de Estados Unidos. La administración de Giammattei se posicionó como un socio de Estados Unidos para reducir el número de migrantes que se dirigen al norte y buscan cruzar la frontera sur de Guatemala. Mientras sus vecinos adoptaban una mayor asociación con China, Guatemala complació a Washington al ser uno de los únicos países latinoamericanos que mantenía relaciones diplomáticas con Taiwán. Utilizando la influencia geopolítica adicional que estas medidas habían aportado, la élite criminal-oligárquica puso a prueba el compromiso de Washington con el Estado de derecho y aprendió a poner en evidencia el farol estadounidense.

 

Elecciones 2023: Contrarrestando el autoritarismo

Dado el poder de la coalición gobernante, ¿cómo un proceso electoral destinado a profundizar el gobierno autoritario y cimentar la oligarquía criminal se convirtió en una oportunidad para resistir? La oposición se benefició de tres cosas. Primero fueron los propios errores y divisiones de la oligarquía criminal, especialmente los que se manifestaron después de la primera vuelta del 25 de junio. En segundo lugar, aprovecharon la conciencia y la organización persistentes de la movilización anterior contra la corrupción. Los intentos de interferencia electoral despertaron a estas fuerzas prodemocráticas y les dieron un mensaje que resonó en todas las divisiones de clase, étnicas e ideológicas. Por último, la comunidad internacional respaldó decisivamente a quienes luchaban para garantizar que prevaleciera la voluntad popular. Los riesgos de aislamiento internacional para un país pequeño como Guatemala exacerbaron los problemas de coordinación que plagaron a la coalición criminal-oligárquica y, por lo tanto, galvanizaron a los guatemaltecos que luchaban por revivir la democracia. Analicémoslos en orden.

Errores garrafales de la oligarquía criminal y problemas de coordinación.

La sorprendente victoria de Arévalo en la primera vuelta dejó a la oligarquía criminal buscando a tientas una respuesta unificada. Como se señaló anteriormente, la coalición criminal-oligárquica de Guatemala está lejos de ser cohesiva, pero tiene un historial de ser capaz de cerrar filas cuando surge una amenaza. La exclusión de la primera vuelta de tres candidatos que parecían serios contendientes fue un ejemplo de ello.

Arévalo escapó de esta purga porque estaba casi al final de las encuestas y era relativamente desconocido: nacido en Uruguay, hijo de un expresidente exiliado, había crecido y había pasado gran parte de su carrera fuera de Guatemala. Al ver sus débiles cifras en las encuestas, la élite criminal-oligárquica simplemente no lo tomó en serio. Luego, una vez que pasó desapercibido y entró en la segunda vuelta, se toparon con dilemas nuevos y divisivos mientras intentaban decidir qué hacer con él. Figuras políticas del establishment y el diputado de Giammattei terminaron enfrentándose con el TSE, su antiguo socio vital en la exclusión de candidatos antisistema. En medio de protestas internas y bajo la atención internacional, el TSE defendió la integridad de la votación de la primera vuelta y se negó a violar la ley electoral al suspender a Semilla. La Corte de Constitucionalidad, otro entrometido preelectoral, confirmó los resultados y dio luz verde a la segunda vuelta después de ordenar una auditoría que encontró solo errores insignificantes en el recuento de votos.

Los intentos de interferencia electoral también llevaron a muchos miembros de la élite económica a alejarse de la oligarquía criminal; las consecuencias económicas y reputacionales en el extranjero de una subversión demasiado flagrante de la democracia prometían ser peores de lo que la comunidad empresarial podría soportar. Después de la primera vuelta, mientras corrían rumores de que Giammattei aprovecharía el tumulto electoral para permanecer en el poder, incluso los sectores más conservadores de la comunidad empresarial insistieron en que la segunda vuelta se llevara a cabo con los dos principales candidatos. Destacados líderes del sector privado habían formado parte de las juntas de auditoría y recuento de votos, lo que los llevó a un conflicto directo con los aliados del régimen que cuestionaban los resultados. En resumen, los grupos que habían marchado al unísono para hacer retroceder las instituciones democráticas, antes de las elecciones, no pudieron salvar los intereses divergentes que surgieron cuando el resultado de la primera vuelta trastocó el panorama político.

La fragmentación de la coalición autoritaria también fue impulsada por la arrogancia de un régimen que había sufrido pocas consecuencias reales por sus maquinaciones autocráticas. Cualesquiera que fueran las quejas en el país y en el extranjero que habían surgido por el desmantelamiento del Estado de derecho, la asfixia de la libertad de expresión y la criminalización de los opositores no fueron nada comparado con lo que enfrentó la administración Giammattei por señales de que podría estar tratando de anular las elecciones y cancelar la segunda vuelta. Las élites políticas pasaron del exceso de confianza, antes de la primera vuelta, a la sombría comprensión después de ella de que sus aliados las estaban abandonando mientras el precio de alterar el proceso y su resultado aumentaba. Las investigaciones muestran que los intentos descarados de alterar los resultados electorales después de la votación son más riesgosos para los autócratas que las manipulaciones del proceso (incluidas las exclusiones de candidatos) que se realizan antes de que se emitan los votos.18 El régimen de Guatemala aprendería esta lección por las malas.

Legados de la movilización anticorrupción de la década de 2010

La victoria presidencial de 2023 muestra que el movimiento anticorrupción de la década anterior ha tenido una trayectoria más larga de lo que algunos esperaban. Las investigaciones de la CICIG-MP de la década de 2010 dejaron al descubierto los costos y la naturaleza profundamente arraigada de la depredación estatal, al tiempo que reforzaron las normas anticorrupción y la confianza en el poder de la acción colectiva. Las investigaciones presentaron la poderosa imagen de un Estado guatemalteco rehén del «Pacto de Corruptos», una idea que entró en la jerga del país y se convirtió en un medio para evaluar la posición de los candidatos en 2023.

Las renuncias en 2015 (y posteriores condenas penales) del presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti también apuntalaron la confianza colectiva de los guatemaltecos, subrayando que las protestas masivas podrían alterar el statu quo. Los intentos de anular los resultados de la primera vuelta y criminalizar a los agentes de Semilla provocaron formas similares de indignación y movilización. Una encuesta de julio de 2023, realizada por CID-Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo, encontró que casi tres cuartas partes de los guatemaltecos creían que la democracia estaba amenazada y el 56 por ciento estaba preparado para manifestar si se suspendía la segunda vuelta de agosto.19 Se trata de cifras impresionantes en un país donde persisten recuerdos traumáticos de la represión estatal en tiempos de guerra contra opositores políticos.

Semilla había comenzado en 2014 como un foro informal para discutir desafíos sociales, políticos y económicos. La campaña anticorrupción de 2015 lo llevó al escenario nacional y lo puso en camino de convertirse en un partido político, con activistas manifestándose en la plaza central de la Ciudad de Guatemala. Después del registro formal como partido en 2017, persistieron los desafíos de expandirse más allá de una base mayoritariamente joven, urbana y profesional hacia comunidades empobrecidas del altiplano, y de hacer frente a las tensiones que cualquier movimiento político de amplia base debe manejar. La primera candidata a la presidencia de Semilla fue Thelma Aldana, quien siendo fiscal general había encabezado la investigación de Pérez Molina. En mayo de 2019, sin embargo, un tribunal la descalificó y a principios de 2020 había recibido asilo en Estados Unidos. En las elecciones de 2019, Semilla obtuvo apenas el 5 por ciento de los votos, suficiente para siete escaños en el Congreso.

Pero Semilla continuó impulsando su mensaje prodemocrático y utilizando todas las herramientas institucionales que pudo contra el «Pacto de Corruptos». Sin dejarse intimidar por la escasez de su número, los diputados de Semilla continuaron denunciando la corrupción del gobierno. Una vez en la segunda vuelta, Arévalo extendió su campaña a las zonas rurales, animado por las encuestas que sugerían que no estaba muy atrás en los distritos fuera de la Ciudad de Guatemala e invocando el legado de su padre con promesas de cambio. El éxito democrático de 2023 es difícil de imaginar sin la «primavera» anticorrupción, por breve que sea, de la década de 2010.

Apoyo internacional

Aunque es insuficiente para detener el retroceso democrático, el apoyo internacional le demostró a la oposición y los funcionarios electorales comprometidos a defender el orden constitucional que el mundo estaba observando y estaba del lado del pueblo guatemalteco. Mientras tanto, la coalición criminal-oligárquica se crispó ansiosamente a medida que tanto las agencias públicas como las élites del sector privado comenzaron a separarse en respuesta al escrutinio. Al ampliar las grietas dentro de la coalición gobernante, la comunidad internacional sentó las bases para una alianza amplia que recuerda al movimiento anticorrupción de 2015.

Las elecciones de 2023 tuvieron más observadores internacionales que cualquier otra en la historia de Guatemala. Misiones de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) se unieron a los observadores nacionales para afirmar la integridad de los resultados y condenar —rápida y enfáticamente— los esfuerzos judiciales y procesales para socavar la elección y poner en peligro la segunda vuelta presidencial.

Cuando las autoridades ordenaron auditorías electorales e investigaciones criminales a Semilla y los funcionarios electorales, los observadores no cedieron. A principios de julio, la misión de la OEA regresó a Guatemala para observar el proceso de revisión de boletas que había ordenado la Corte de Constitucionalidad. El Consejo Permanente de la OEA se reunió el 26 de julio para discutir la manipulación electoral y la intimidación de las autoridades electorales, reunión que llevó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a visitar Guatemala unos días después. En medio de las amenazas inminentes, la OEA prometió mantener su delegación en el país hasta el día de la toma de posesión (14 de enero de 2024). La misión de la UE se expresó de manera similar y, a principios de agosto, supervisó la extracción por parte del parlamentario de registros de votación digitales como parte de las investigaciones sobre los resultados de la primera ronda. Esta sólida actividad de observadores internacionales contrarrestó las narrativas del establishment e hizo que las acusaciones de fraude fueran difíciles de acreditar.

Los gobiernos de toda América también denunciaron los ataques de las autoridades a funcionarios electorales y los intentos de subvertir el proceso electoral. Ninguna voz fue más significativa que la de Estados Unidos. A pesar de su cautela política previa, los funcionarios estadounidenses vieron la interferencia electoral abierta como un exceso; si tenía éxito, colocaría a Guatemala entre las filas de autocracias latinoamericanas como Nicaragua y Venezuela. Por lo tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos se apresuró a confirmar el resultado del 25 de junio, defender a los funcionarios electorales contra crecientes ataques legales e insistir en que la segunda vuelta se llevara a cabo según lo planeado. En una declaración conjunta del 14 de julio, los líderes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (un republicano y un demócrata, respectivamente) condenaron el «intento descarado del MP de socavar la voluntad del pueblo guatemalteco» y «eludir la certificación de las elecciones».20

Washington también impuso sanciones selectivas contra el juez que había suspendido a Semilla y la fiscal Cinthia Monterroso que había allanado el TSE. Estas medidas, tomadas en virtud de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte de 2020, se sumaron a las sanciones que ya se habían aplicado contra el fiscal general y un fiscal superior por socavar la democracia y trabajar para proteger la impunidad que se suponía que debían combatir.21 Si bien medidas punitivas como estas habían tenido poco impacto en el pasado, el origen bipartidista y el tono duro de las condenas enviaron una señal clara de que los funcionarios estadounidenses veían el plan de manipulación electoral de la oligarquía criminal como una grave escalada autoritaria que Washington no podía tolerar.

Mientras tanto, las élites del sector privado, que supervisan y se benefician de la mayor economía de Centroamérica, estaban preocupadas por las consecuencias económicas del robo electoral. El creciente aislamiento internacional y la ampliación de las sanciones estadounidenses impulsaron a los líderes empresariales a contrarrestar los ataques del gobierno al proceso electoral. Entonces, de palabra y de hecho, la comunidad internacional cambió los incentivos de los aliados de la oligarquía criminal, empeoró sus problemas de coordinación y le dio a las fuerzas prodemocráticas una ventaja importante.

 

Conclusiones: Peligros futuros

La capacidad de los ciudadanos de Guatemala para contrarrestar el autoritarismo electoral en la contienda de 2023 ha sido nada menos que notable. Contra todo pronóstico, han canalizado un amplio sentimiento contra el establishment en un apoyo abrumador a la única opción prodemocrática disponible, generando esperanzas de que realmente sea posible transformar la forma en que se hace política.

Sin embargo, el país aún está lejos de recuperar la gobernabilidad democrática y ahora se avecina una batalla cuesta arriba. La conmoción de los resultados fracturó la coalición criminal-oligárquica, pero la administración de Arévalo y su agenda de reformas pueden proporcionar el enemigo común que la coalición puede utilizar para reconstituirse. Los funcionarios del MP han prometido continuar erigiendo el sistema legal contra los oponentes de la oligarquía criminal. Las investigaciones sobre funcionarios electorales y dirigentes de Semilla persisten. El partido aún podría ser prohibido o (lo que es aún más alarmante) el presidente electo podría ser despojado de su inmunidad procesal antes de asumir el cargo.

Incluso si se produce la transferencia de poder, la capacidad de Arévalo para rehacer las reglas del juego político y avanzar con sus prioridades políticas se verá gravemente paralizada. Semilla quedará tercero en el Congreso con 23 escaños, pero los partidos de Giammattei y Torres tendrán 67 en total. Junto con grupos más pequeños del establishment, no tendrán problemas para alterar la agenda de Semilla. El poder político a nivel local también sigue firmemente en manos de la coalición autoritaria. El partido de Giammattei obtuvo más de un tercio de las alcaldías. Los cambios políticos nacionales no necesariamente llegaron al nivel local, donde las máquinas clientelistas siguen siendo poderosas.

También es importante señalar que los esfuerzos de los guatemaltecos por resistir el retroceso democrático en las elecciones de 2023 no significan necesariamente que las actitudes prodemocráticas estén generalizadas. De hecho, las encuestas de opinión sugieren que el compromiso de los guatemaltecos con las normas e instituciones democráticas es, en el mejor de los casos, inestable. En 2021, solo la mitad de los encuestados dijeron al Proyecto de Opinión Pública de América Latina que veían la democracia como la mejor forma de gobierno, una cifra que apenas cambió con respecto a administraciones anteriores. La mitad también estuvo de acuerdo en que la corrupción excesiva justificaría un golpe militar, mientras que el 40 por ciento aprobó que el Ejecutivo gobernara sin el Congreso durante una crisis.22

Estas actitudes sugieren que el apoyo a Arévalo no fue un resultado inevitable, sino más bien un producto de las circunstancias. Si se hubiera permitido postularse a un populista autoritario como el líder de las primeras encuestas, Carlos Pineda podría haberse abierto paso y haber obtenido una mayoría electoral. Pero el discurso antiestablishment de Pineda y su falta de confiabilidad como aliado de la clase política corrupta hicieron que lo expulsaran de la carrera, abriendo un camino para Arévalo, cuya agenda prodemocracia y anticorrupción ciertamente representa una amenaza mayor para el sistema criminal-oligárquico.

Además, no hay garantía de que el pronunciado voto antiestablishment de Guatemala se canalice hacia la opción democrático-institucionalista la próxima vez. El proceso electoral de 2023 ciertamente ilustra la capacidad y voluntad de los guatemaltecos de movilizarse cuando la democracia está en juego. Pero en el probable caso de que Arévalo y Semilla no puedan implementar su agenda interna, la falta de progreso podría allanar el camino para un candidato como Pineda o Nayib Bukele de El Salvador. Alguien que pueda aprovechar el descontento, llegar al poder mediante elecciones y luego dedicarse a aplastar las instituciones democráticas.

A pesar de estos obstáculos, ¿qué podemos aprender de la resistencia guatemalteca dentro del proceso electoral de 2023? Primero, el caso guatemalteco confirma hallazgos recientes sobre las estrategias de la oposición para detener el retroceso democrático. Como argumentó recientemente Laura Gamboa, las estrategias institucionales moderadas, como la campaña electoral, son más efectivas que las acciones radicales extrainstitucionales.23 El enfoque de Semilla refuerza esta afirmación. Con todo el sistema en su contra, Arévalo y la media docena de diputados de Semilla denunciaron la corrupción repetidamente durante el Congreso 2019-23. Después de llegar a la segunda vuelta presidencial y ser objeto de críticas judiciales, utilizaron canales legales para contraatacar mientras continuaban haciendo campaña por un futuro político diferente. Esta estrategia no solo amplió su base de apoyo, sino que ayudó a socavar el alarmismo de sus rivales oligárquicos criminales.

El caso guatemalteco también resalta la importancia de explotar las grietas en la coalición autoritaria y el papel del apoyo internacional para hacerlo. Aunque la oligarquía criminal de Guatemala y sus aliados siempre han estado plagados de cierto grado de fragmentación, parecían estar marchando al mismo ritmo antes de las elecciones, llevando a cabo acciones antidemocráticas que servían a sus intereses compartidos. Sin embargo, el resultado inesperado trastornó el panorama político y de repente puso estos intereses en conflicto. Las fuerzas internas de oposición y la comunidad internacional apoyaron a los funcionarios electorales y otras autoridades que defendían el orden constitucional. Las preocupaciones sobre los costos económicos de la ampliación de las sanciones y el aislamiento internacional también provocaron la deserción de las élites del sector privado. Estas dinámicas resultaron cruciales para exacerbar las divisiones dentro de la coalición autoritaria, a medida que los socios en quienes confiaba el régimen para restringir la democracia se distanciaban cada vez más. Aunque la alianza criminal-oligárquica puede volver a encontrar formas de reagruparse, el proceso electoral de 2023 ilustra que las coaliciones autoritarias unificadas y aparentemente amplias no son inmutables y que la sociedad civil y los actores internacionales comprometidos pueden aprovechar los fallos autoritarios para contraatacar.

 

Referencias

Anria, S. (2016). Delegative Democracy Revisited: More Inclusion, Less Liberalism in Bolivia. Journal of Democracy, 27, 99-108.

Barrenechea, R. y Vergara, A. (2023). The Danger of Powerless Democracy. Journal of Democracy, 34, 77–89.

Cameron, M. A. (2021). The return of oligarchy? Threats to representative democracy in Latin America. Third World Quarterly, 42(4), 775-792. https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1865794

CICIG, Informe Temático (2019). Guatemala: Un Estado Capturado. www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe_Captura_Estado_2019. pdf

CID-Gallup y Fundación Libertad y desarrollo (2023). Primera Encuesta Nacional, Elecciones 2023-Segunda Vuelta. www.fundacionlibertad.com/sites/de- fault/files/archivo_articulos/fld_informe_primera_encuesta_2_de_agosto.pdf.

Corrales, J. (2015). The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela. Journal of Democracy, 26, 37-51.

Dudley, S. (27 de marzo de 2017,). Justice and the creation of a mafia state in Guatemala. InSight Crime. https://insightcrime.org/investigations/justice-and-the- creation-of-a-mafia-state-in-guatemala.

Gamboa, L. (2023). Cómo resisten las fuerzas de oposición. Revista Argumentos, 4(2), 91-110.

Gressier, R. y Sanz, J. L. (20 de julio de 2023). US Sanctions Judge and Prosecutor Involved in Attempted Electoral Coup in Guatemala. El Faro. https://elfaro.net/en/202307/centroamerica/26957/us-sanctions-judge-and-prosecutor-involved-in-attempted-electoral-coup-in-guatemala.

Isaacs, A. (19 de abril de 2021). Traditional Guatemalan Elites Must Change Now. Here Is Where to Start. Plaza Pública. https://plazapublica.com.gt/multimedia/disidencia-y-disciplina/traditional-guatemalan-elites-must-change-now-here-is-where-to-start.html.

Isaacs, A. y Schwartz, R. A. (2020). Guatemala: The Military in Politics. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press.

Levitsky, S. y Lucan, A. (2016). Durable Authoritarianism. En O. Fioretos, G. Tulia y A. Falleti (Eds.), Oxford Handbook of Historical Institutionalism. Oxford University Press.

Meléndez-Sánchez, M. (2021). Latin America erupts: Millennial authoritarianism in El Salvador. Journal of Democracy, 32(3), 19-32. https://doi.org/10.1353/jod.2021.0031

Meléndez-Sánchez, M., y Perelló, L. (11 de julio de 2023). The June Guatemalan Election Was an Outlier in Latin America. El Faro. https://elfaro.net/en/202307/opinion/26925/the-june-guatemalan-election-was-an-outlier-in-latin-america.

Reuter, O. J. y Szakonyi, D. (2021). Electoral Manipulation and Regime Sup- port: Survey Evidence from Russia. World Politics, 73, 275-314.

Rodríguez, M. (Ed.). (Nashville: LAPOP 2021). Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas 2021: Tomándole el pulso de la democracia.

Schwartz, R. A. (2023). Undermining the State from Within: The Institutional Legacies of Civil War in Central America. Cambridge University Press.

Slater, D. (2013). Ordering power: Contentious politics and authoritarian leviathans in southeast Asia. Southeast Asian Economies, 30(2), 228. https://doi.org/10.1355/ae30-2h

Szakonyi, D. (2022). Candidate filtering: The strategic use of electoral manipulations in Russia. British Journal of Political Science, 52(2), 649-670. https://doi.org/10.1017/s0007123420000836

Thaler, K. M. y Mosinger, E. (2021). Latin America Erupts: Millennial Authoritarianism in El Salvador. Journal of Democracy, 33, 19–32.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.

---