La ilegitimidad del poder
político en el Perú
Reseña de: Jorge Aragón y Diego Sánchez,
La ilegitimidad del poder político en el Perú.
(Instituto de Estudios Peruanos, 2023)
Álvaro Carbajal
Pontificia Universisad Católica del Perú
doi: 10.46476/ra.v5i1.190
La ilegitimidad del poder político en el Perú es un título muy sugerente en medio de un panorama político complejo como el actual. Según Ipsos Perú, a junio de 2024, la presidenta Dina Boluarte tan solo goza del 6 % de aprobación popular, mientras que el Congreso de la República tan solo obtiene un 9 % de respaldo a nivel nacional.1 Por tal motivo, Jorge Aragón y Diego Sánchez se propusieron realizar un análisis acerca de los factores detrás de tan mala reputación por parte de las autoridades políticas en Perú.
Ciertamente, el concepto de «legitimidad» puede ser complicado de entender para la gran mayoría de personas. Por tal motivo, ambos autores tomaron la acertada decisión de realizar un recorrido a través de los conceptos de poder, dominación y legitimidad política. En ese sentido, a lo largo del primer capítulo del libro, los autores describen los diversos fenómenos mencionados. Respecto del poder y la dominación, ambos autores mencionan que este puede ser de tres tipos, lo cual demuestra la complejidad de dicho fenómeno. Este análisis parte de tres dimensiones: recursos para ejercer el poder y la dominación, los mecanismos a través de los cuales se ejerce el poder y las motivaciones de las personas para someterse a un poder superior.
Tabla 1. Recursos, mecanismos y motivaciones en las relaciones de poder y dominación
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Poder |
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Dominación |
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Recursos |
Medios de coerción |
Medios económicos y de producción |
Saber experto |
Valores, creencias y principios morales |
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Mecanismos |
Fuerza |
Incentivos |
Conocimiento |
Justificación |
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Motivaciones |
Temor |
Interés |
Validez |
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Fuente: Aragón y Sánchez (2023, p. 32).
Posteriormente, Jorge Aragón y Diego Sánchez dedican un capítulo completo a un concepto que resulta de especial relevancia para el presente estudio: la legitimidad política. Para ello, los autores parten de la definición de «apoyo político» propuesto por David Easton (1965), el cual a su vez puede ser específico o difuso. Mientras que el primero consiste en una evaluación general del desempeño de las autoridades políticas e instituciones, la segunda consiste en la evaluación de cada uno de los componentes del sistema político sobre la base de las nociones colectivas como bien común, comunidad, entre otros.
Siguiendo esta distinción, los autores le prestan especial atención al apoyo político difuso por dos motivos principales: el carácter duradero e independiente de las instituciones del apoyo político difuso y la profundidad de este tipo de apoyo al recoger las valoraciones ciudadanas de características ideales para un cargo, más allá de personas particulares. En otras palabras, el análisis del apoyo político difuso ofrece una perspectiva interesante para acercarnos al concepto de legitimidad política, pues ofrece una evaluación no de determinadas autoridades políticas que pueden ser pasajeras, sino de la relevancia de diversos componentes dentro del sistema político en su conjunto.
Y es aquí cuando el concepto de legitimidad política aparece. Los autores definen a la legitimidad como «la convicción o la creencia por parte de los miembros de una determinada comunidad de que es correcto aceptar, mantener o defender a las autoridades, mandatos y reglas existentes» (Aragón y Sánchez, 2023, p. 89). Dicho en palabras más simples, la legitimidad consiste en el grado de aceptación de las reglas y normas por parte de las personas: los ciudadanos cumplen las normas no por obligación coercitiva o por temor a un castigo, sino por la convicción interiorizada de que se deben seguir las reglas y las normas debido a que es lo correcto en sí mismo.
Asimismo, los autores mencionan, siguiendo a Beetham (1991), que existen dos creencias que brindan legitimidad a las normas: la percepción de legalidad de estas y la justificación o la validez de las normas emitidas. Por un lado, la percepción de legalidad de las normas consiste en la creencia de que la norma emitida se encuentra vigente y es aplicada de manera eficaz. Bajo esta premisa, por ejemplo, se podría analizar las protestas realizadas contra el breve gobierno de Manuel Merino de Lama en 2020, quien asumió la presidencia de la República del Perú en un procedimiento cuestionado por una interpretación discrecional (y para un sector de la población peruana ilegal). Es decir, Merino no fue aceptado debido al alto nivel de percepción sobre la ilegalidad del procedimiento o, en todo caso, la dudosa calidad del proceso de vacancia contra Martín Vizcarra.
Por otro lado, la justificación de las normas es descrita de una manera muy interesante. Debido a la complejidad de esta dimensión, los autores dividen en tres las creencias que justificarían la aplicación de una norma (más allá de la legalidad): la fuente de autoridad (qué autoridad o institución emite la norma), el principio de diferenciación (cualidades y características de quienes ejercen los cargos de poder político) y el principio de comunidad (poder sirve tanto a los poderosos como a los gobernados). De manera más esquemática, Aragón y Sánchez presentan el siguiente gráfico.
Gráfico 1. Dimensiones y componentes de las creencias que otorgan legitimidad a un sistema político.
Fuente: Aragón y Sánchez (2023, p. 107), a partir de Beetham (1991) y Gilley (2005).
Finalmente, el capítulo 3 se dedica al análisis completo acerca de las bases de legitimidad en el Perú. Para ello, Jorge Aragón y Diego Sánchez realizaron un exhaustivo trabajo de corte cualitativo sobre la base de varias dinámicas grupales (focus groups), de diversas regiones de procedencia, diversos niveles o estratos socioeconómicos, así como de distintos rangos de edad.
Tras realizar las dinámicas grupales, los autores encontraron resultados mixtos respecto de la conformación del Estado: mientras que para algunos el Estado solo consiste en las autoridades e instituciones políticas, para otras personas el Estado es conformado por instituciones, autoridades y ciudadanía. Ahora bien, al preguntar acerca de la percepción de quién ejerce el poder en Perú, existe cierto consenso en señalar a los empresarios y las personas acaudaladas. Esto resulta particularmente interesante debido a que muestra la percepción extendida de que el Estado se encuentra «capturado», siguiendo la definición de Francisco Durand (2018), por ciertas élites económicas que dirigen las diversas políticas de Estado en beneficio de unos pocos en desmedro de la gran mayoría de los peruanos.
En esa línea, las decisiones tomadas y las normas emitidas por las autoridades políticas son percibidas como dirigidas a un público selecto y elitista y no para la población, lo cual ocasiona que todas las normas sean cuestionadas. Ciertamente, el escándalo Lava Jato contribuyó en esta percepción, que se ha extendido a lo largo de toda la sociedad peruana desde que se descubrió el caso a mediados de la década de 2010. Aragón y Sánchez describen esta percepción como propia de un «Estado predatorio» (p. 155), el cual prioriza la extracción de la riqueza de los ciudadanos antes que emitir leyes que beneficien o que protejan a la sociedad peruana en su conjunto. Los sobornos cobrados por autoridades públicas o la aplicación discrecional de las normas son hechos mencionados como ejemplo de esta predación, lo cual vulnera de esta manera el principio de comunidad.
Aún más preocupante consiste el hecho de que las mismas personas entrevistadas en el presente estudio utilizan estos casos frecuentes para justificar la propia desobediencia a las leyes. En este caso, hablamos de un déficit de creencias en la vigencia del orden legal. Si los funcionarios públicos no cumplen las normas que ellos mismos han emitido, ¿por qué los ciudadanos comunes sí deberían hacerlo? Esta creencia, a su vez, resulta perjudicial para la estabilidad del sistema político, pues incluso justificaría rupturas legales y constitucionales por parte de las autoridades, como los autogolpes de Estado de Fujimori en 1992 y de Pedro Castillo en 2022. Quizá, en parte por ello, ambos expresidentes gozan de apoyo de un determinado sector de la sociedad peruana.
Así pues, el libro La ilegitimidad del poder político en el Perú ofrece un análisis exhaustivo y de primera mano acerca de las percepciones de los ciudadanos peruanos respecto del Estado y de sus autoridades políticas. Tras una detallada explicación sobre los conceptos de poder, dominación y legitimidad, para facilitar la comprensión de quienes no son especialistas en la materia, Jorge Aragón y Diego Sánchez ofrecen una excelente perspectiva de peruanos de distintas regiones, edad y estrato socioeconómico. Sin duda es un libro recomendado e, inclusive, relevante para quienes tengan el deseo de postular y ejercer algún cargo público, con el fin de observar en qué estamos fallando para mejorar el funcionamiento del Estado peruano y su relación con la sociedad.
Referencias bibliográficas
Aragón, J., y Sánchez, D. (2023). La ilegitimidad del poder político en el Perú. IEP.
Beetham, D. The Legitimation of Power. Macmillan.
Durand, F. (2018). Odebrecht: La empresa que capturaba gobiernos. PUCP.
Easton, D. (1965). A Systems Analysis of Political Life. John Wiley & Sons, Ltd.
Gilley, B. (2005). Political Legitimacy in Malaysia: Regime Performance in the Asian Context. En L. White (ed.), Legitimacy: Ambiguities of Political Success of Failure in East and Southeast Asia, pp. 29-66. World Cientific.
Ipsos Perú. (2024, 28 de junio). Informe de opinión: Perú, junio de 2024. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2024-07/24-001547INF_V2_01Jul24%20%28IO%20JUNIO%29.pdf