La voz de los pueblos
Las declaraciones y pronunciamientos
de independencia en el sur peruano
y Charcas en 1825
María Luisa Soux
Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2203-5434
marialuisasoux@gmail.com
doi: 10.46476/ra.v6i1.203
Recibido: 03-11-24
Aprobado: 06-06-25
Resumen
En el artículo se trabaja con las diversas declaraciones o pronunciamientos de independencia que se sucedieron en el espacio comprendido en el sur peruano y el Alto Perú-Charcas entre diciembre de 1824 y febrero de 1825, luego del triunfo del ejército libertador en la batalla de Ayacucho y la firma posterior de la Capitulación. Con el antecedente de la guerra doméstica entre las facciones absolutista y constitucional en Charcas, que explica la compleja situación militar e ideológica a fines de 1824, se analiza la participación de los diversos actores, el tipo de liderazgo, la participación de los grupos subalternos y el discurso que presentan, en un momento en que el sistema colonial se iba desmoronando, pero aún no se había establecido una república.
Palabras Clave: Capitulación de Ayacucho, poder local, declaración de independencia, Charcas, Alto Perú.
The voice of the people. Declarations and pronouncements of independence in southern peruvian and Charcas in 1825
Abstract
The article works with the various declarations or pronouncements of independence that occurred in the space in southern Peru and Upper Peru/Charcas between December 1824 and February 1825, after the triumph of the Ejército Libertador in the battle of Ayacucho and the subsequent signing of the Capitulation. Against the backdrop of the Domestic War between the absolutist and constitutional factions in Charcas, which explains the complex military and ideological situation at the end of 1824, I analyze the participation of various actors, the type of leadership, the participation of subordinate groups and the discourse they present, at a time when the colonial system was collapsing but a republic had not yet been established.
Keywords: Capitulación de Ayacucho, local power, declaration of independence, Charcas, Alto Peru.
A voz do povo. Declarações e pronunciamentos de independência no sul do peru e Charcas em 1825
Resumo
O artigo trabalha com as diversas declarações ou pronunciamentos de independência ocorridos no espaço compreendido no sul do Peru e no Alto Peru/Charcas entre dezembro de 1824 e fevereiro de 1825, após o triunfo do exército libertador na batalha de Ayacucho e a posterior assinatura do Capitulação. Tendo como pano de fundo a guerra interna entre as facções absolutistas e constitucionais em Charcas, o que explica a complexa situação militar e ideológica do final de 1824, a participação dos vários autores, o tipo de liderança, a participação de grupos subalternos e o discurso apresentam, numa altura em que o sistema colonial estava em colapso, mas uma república ainda não tinha sido estabelecida.
Palavras-chave: Capitulação de Ayacucho, poder local, declaração de independencia, Charcas, Peru.
Introducción
El 6 de agosto de 1825, en la Asamblea deliberante reunida en la ciudad de Chuquisaca o La Plata, los diputados de cinco de las provincias pertenecientes a la antigua Audiencia de Charcas, firmaron un Acta de Independencia mediante la cual se declaraban libres e independientes de la metrópoli y también de Lima y de Buenos Aires. Era el último capítulo de una larga historia de más de quince años, durante la cual el territorio de Charcas o Alto Perú se había visto inmerso en una cruenta y compleja guerra en la que se enfrentaron diversos grupos armados, una guerra que cruzaba los territorios de dos virreinatos y en la que se vieron incluidos los ejércitos de Nueva Granada, Perú y el Río de la Plata.
A pesar de que la batalla de Ayacucho había sellado de forma casi definitiva el fin de la dominación española en la región, en las tierras altoperuanas se debía aún definir la situación, tanto en el ámbito militar como político. De esta manera, a lo largo del último mes de 1824 y la primera mitad de 1825 se desarrollaron diversas acciones que culminaron con la firma del Acta de Independencia y la creación de la República de Bolívar, hoy Bolivia.
En este trabajo no se profundizará sobre las dificultades del avance que llevó a cabo Antonio José de Sucre hacia el Alto Perú a fines de 1824 e inicios del año siguiente; tampoco acerca de las circunstancias en las que redactó y posteriormente promulgó el famoso decreto del 9 de febrero que sellaría la independencia del Alto Perú. Estos temas han sido abordados de forma detallada por varios historiadores bolivianos, como Sabino Pinilla (1917), Luis Paz (1919) y posteriormente Charles Arnade (1964) y José Luis Roca (2007-2017), libros basados en el análisis de fuentes primarias como las recogidas por Vicente Lecuna (1975) o las cartas plasmadas en O´Leary (1880) sobre la misma temática. Más bien, desde un enfoque diferente, se buscará analizar la actuación y la posición de los pueblos a partir de las declaraciones de independencia que se llevaron a cabo a lo largo de estos meses. Así, se analizará estos cruciales meses a partir de la actuación de los poderes locales y su posicionamiento frente a la caída definitiva del sistema colonial y al avance del ejército libertador y su política liberal. Para ello, se considerarán la política imperial absolutista en la metrópoli, las tensiones por la hegemonía territorial entre las antiguas capitales virreinales y la situación militar y política en la región de Charcas. Todo esto será analizado en el marco de la cultura política de los pueblos, incluyendo a sus habitantes, vecinos y ciudadanos, así como la posición de la población indígena, frecuentemente invisibilizada en los relatos históricos de este periodo.
La situación en la audiencia de Charcas en 1824. La Guerra doméstica
El tema de la lucha que enfrentaron a los dos bandos del ejército del rey, llamada Guerra doméstica, y la interpretación sobre las causas y desarrollo han suscitado diversos estudios y algunos debates. Así, mientras Emilio Bidondo (1989) lo asume como un conflicto militar más entre los jefes realistas, para Charles Arnade (1979), que denomina a estos hechos como «Una casa dividida», esta división fue una de las causas más importantes que llevó hacia la derrota definitiva del bando del rey, culpando a Pedro Antonio de Olañeta de este desacierto. Otra es la visión de José Luis Roca, quien en su libro Ni con Lima ni con Buenos Aires (2017) lo denomina como el «Comienzo de la Bolivia independiente (1824)». Según este autor, el enfrentamiento entre las tropas que respondían al virrey y las de Olañeta «dio lugar a la ruptura definitiva con el virreinato peruano al que, salvo un lapso de 34 años, el territorio de Bolivia estuvo sujeto durante tres siglos. Y aunque los protagonistas de esa rebelión tampoco se empeñaron en cambiar la forma de gobierno, Charcas adquirió la capacidad de que en su territorio se tomaran decisiones por cuenta propia». (Roca, 2017, p. 669).
A fines de 1823 y luego de la campaña de puertos intermedios, la situación militar era favorable al ejército realista, por lo que el virrey La Serna había planificado iniciar una ofensiva final contra el ejército independentista. Para ello, ordenó a Pedro Antonio de Olañeta, jefe del ejército del Sur, que traslade sus tropas, las cuales se encontraban en Charcas, hacia el Desaguadero. Con el argumento de que existía el peligro de una nueva «invasión» desde las Provincias Unidas por parte del Ejército de Observación en Jujuy, Olañeta desobedeció la orden y, por el contrario, se internó en el Alto Perú (Soux 2024). La decisión de Olañeta fue el último acto de una serie de tensiones que se habían dado anteriormente en el ámbito ideológico, militar y jurisdiccional entre el virreinato y la audiencia del Cuzco con la Audiencia de Charcas, situación descrita y analizada por Nuria Sala y Vila (2016), en el contexto del Trienio Liberal.
Olañeta asumió de esta manera el poder en Charcas, llegó hasta Potosí y obligó al comandante de la ciudad a abandonar el territorio; luego se dirigió a La Plata, donde exigió al presidente de la Audiencia, el general Rafael Maroto, que se retire, nombró en el cargo a su cuñado Guillermo Marquiegui y decretó el retorno al sistema absolutista.
La Serna creyó que se trataba únicamente de un desencuentro entre Olañeta y Maroto, es así que mandó a Charcas al general Jerónimo Valdez para solucionar los problemas; sin embargo, Pedro Antonio de Olañeta condicionó la firma de un tratado a que se suprima la Constitución en el territorio de Charcas, se reconozca a las autoridades nombradas por Olañeta, se aleje a Maroto de forma definitiva, se lo nombre comandante de todas las provincias del Río de la Plata. Asimismo, planteó que solo tenga que responder ante el virrey de Lima sobre los asuntos políticos y una vez firmado el tratado, Valdez salga del territorio de Charcas (Arnade, 1979, p.142). Luego de difíciles tratativas, el tratado fue firmado en Tarapaya aunque Olañeta sabía que no cumpliría las condiciones.
José Luis Roca (2017) señala que la posición de Olañeta se debía en parte a que habría recibido una carta desde la Regencia de Urgel, en la cual «la regencia ordenaba al general Olañeta que derrocara a La Serna por traición a Fernando VII y por complicidad con los crímenes del liberalismo peninsular» (Roca, 2017, p. 688). Sin embargo, argumenta que la misma era falsa y que había sido planificada por una supuesta «logia patriótica» en la cual se hallaba el mismo sobrino y secretario del general Casimiro Olañeta.
En junio de 1824, el bando del virrey envió a Olañeta un ultimátum, conminándolo a presentarse en el Cuzco para su defensa o pasar a la metrópoli a explicar su caso; además, si Olañeta no aceptaba el ultimátum, el general Valdez tenía autorización para arrestarlo. De esta manera se quebraban definitivamente las posibilidades de negociación.
En los dos bandos en pugna se hallaban oficiales que habían luchado mucho tiempo a favor del rey, tanto criollos como españoles; mientras que en el bando de Olañeta la gran mayoría eran criollos, en el del virrey se hallaban antiguos compañeros de armas llegados a América pocos años antes. De esta forma, también se percibe un enfrentamiento entre oficiales que habían luchado en la región y la conocían muy bien, frente a militares profesionales que habían llegado desde la metrópoli. En este caso, el conocimiento del espacio fue determinante en la estrategia de la guerra y las relaciones del grupo de Olañeta con el territorio de Charcas sería fundamental al momento de la independencia.
Valdez ingresó por la ruta de Chayanta, tratando se separar a los diversos grupos de Olañeta que se hallaban en Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, mientras que Olañeta optó por retirarse hacia el sur. A partir de ese momento, la guerra se concentró en la persecución de las fuerzas de Valdez a las diversas facciones del ejército absolutista que se retiraron hacia el sur. Las tres facciones del ejército de Olañeta se unieron en Livilivi, al sur de Tupiza y siguieron con dirección hacia el sur. En agosto de 1824, cuando Valdez llegó al sitio de Abra Rota con la intención de presentar batalla, descubrió que los rebeldes se habían anticipado nuevamente, dejando tras de sí huellas de caballos que se dirigían en múltiples direcciones. Al parecer, Olañeta había dividido su ejército en varios destacamentos. Mientras él se dirigía hacia Tarija, Marquiegui y su hermano Gaspar Olañeta avanzaban hacia el sur; Barbarucho se encaminaba a Suipacha, Medinaceli a Cotagaita y el coronel Francisco Ostria fue enviado hacia Cinti (Arnade, 1979, p. 153).
Al creer que el grueso del ejército de Olañeta se había adentrado en el territorio de las Provincias Unidas, Valdez siguió su camino hacia el sur, donde alcanzó a la fracción de Marquiegui el 5 de agosto. Así, mientras este grupo se rendía en el sitio de Santa Victoria, ya en territorio de Salta, Olañeta logró retomar Tarija, Aguilera la villa de Totora (entre Chuquisaca y Cochabamba) y Francisco López el sitio de La Laguna, antiguo bastión de Padilla. De esta manera, a pesar de que Valdez había triunfado en Santa Victoria, la guerra de facciones organizada por Olañeta había logrado sus objetivos (Soux, 2024).
Luego de varias escaramuzas, el general Valdez retrocedió hacia Potosí y en la localidad de Lava derrotó a las tropas de Barbarucho. Para Roca, esta fue una victoria pírrica (2017, p.701), ya que cuando se dirigía triunfante hacia Chuquisaca, Valdez fue informado de la derrota realista en Junín, el 6 de agosto. Frente a ello, decidió retornar al Bajo Perú, no sin antes informar a Olañeta el triunfo de Bolívar y señaló lo siguiente: «No dudo que V.S. continuará facilitando al ejército cuantos recursos pueda de hombres y dinero». (carta citada en Roca, 2007, p. 701).
Así, Olañeta quedó con el control absoluto de Charcas. En adelante, de acuerdo con Emilio Bidondo (1989):
[…] avanzó sobre La Paz y siguió al oeste del río Desaguadero, ocupó Puno y Tarapacá en la provincia de Arequipa. De inmediato amenazó con tomar otros territorios del Cuzco y Arequipa, y se hizo fuerte en el Alto y Bajo Perú […]. En su empeño por mantener el dominio de los territorios donde mandaba, ocupó Iquique —sobre el Pacífico— con lo que dispuso de un puerto marítimo. (p. 406).
Con relación a la causa que provocó la rebeldía de Olañeta se han presentado diversas posiciones: Roca ve un sentimiento «nacionalista» charqueño; Arnade, la influencia que tuvo Olañeta de su sobrino Casimiro y el cumplimiento de intereses personales; Peralta e Irurozqui (2014) lo explican como una lucha por la hegemonía territorial. Finalmente, se considera que el proyecto de Olañeta era retomar el poder virreinal en el antiguo territorio del Río de la Plata en una coyuntura en el que las Provincias Unidas luchaban entre sí en medio de la anarquía, el trienio liberal había fracasado y el Congreso de Viena se hallaba vigente (Soux, 2024). Es posible pensar que Pedro Antonio de Olañeta contemplara una recuperación monárquica de las provincias del Río de la Plata bajo su dirección, lo que explicaría tanto su fuerza en el sur de Charcas como su accionar luego de la derrota del ejército del rey en Ayacucho.
Ayacucho y su repercusión más allá del Desaguadero
La Capitulación de Ayacucho, firmada por el General José Canterac en nombre del virrey La Serna y el general Antonio José de Sucre, señalaba en su artículo 1º lo siguiente: «El territorio que guarnecen las tropas españolas en el Perú, serán entregadas a las armas del ejército Libertador hasta el Desaguadero, con los parques, maestranza, y todos los almacenes existentes». Esto significaba que la Capitulación, si bien establecía en otros artículos la retirada del ejército del rey del Perú, señalaba al mismo tiempo que la misma no contemplaba el territorio ubicado más allá del Desaguadero, es decir el territorio de Charcas o Alto Perú1. Este hecho fue asumido plenamente por Olañeta, quien en carta al virrey Tristán de 8 de enero de 1825, en respuesta a una solicitud de obedecer la Capitulación. Le decía al respecto: «Yo extraño que V.S. al incluirme las indicadas capitulaciones me encargue su observancia. Ellas solo comprenden hasta el Desaguadero», y proseguía: «Y no mandando V.S. aquí, tampoco debería prevenirme su cumplimiento» (Cit en Pinilla, 1917, p. 93). Es decir, para Olañeta el territorio del Alto Perú quedaba excluido de la Capitulación y, además, consideraba que la jurisdicción del virreinato del Perú no contemplaba a la Audiencia de Charcas.
Este punto resulta central para entender los acontecimientos posteriores en torno a la posición de Pedro Antonio de Olañeta, por un lado, y al avance del ejército Libertador, por el otro. Su relevancia radica en que no se trató de un acto de desobediencia por parte de Olañeta, como se había dado a fines de 1823, o como sostienen muchos de los historiadores que han analizado estos hechos, sino de un reconocimiento tácito de la posición de Olañeta y de la ambigua dependencia del Alto Perú con relación al Perú. Cabe señalar, además, que la Capitulación implicaba el «retorno» de los oficiales realistas a España, una disposición que no incluía a Olañeta, a pesar de ser también de origen español.
El hecho es que el general, apoyándose en el texto de la misma Capitulación, no reconoció el fin de la contienda y, por el contrario, mantuvo el control del territorio en el que se había posicionado luego de la Guerra Doméstica, es decir, el de Charcas incluyendo también Puno y Tarapacá. Frente a la posición de Olañeta, Bolívar comisionó a Sucre a continuar hacia el Alto Perú para consolidar la independencia.
A fines de diciembre, en respuesta a la carta ya citada del virrey Tristán y de acuerdo con Luis Paz (1919), Olañeta mandó parte de su ejército, dirigido por Barbarucho, a Puno y él se dirigió con el resto a La Paz. Sin embargo, esto generó que muchos de los antiguos soldados del rey se fueran pasando paulatinamente al bando patriota, de tal manera que el ejército del general realista fue debilitándose de forma inexorable. Si bien esta crisis ha sido interpretada como una situación de carácter exclusivamente militar —asociado al cambio de bando ante un desenlace considerado inevitable—, resulta fundamental tomar en cuenta también la dimensión política expresada por los mismos pueblos. Estas posiciones, posiblemente gestadas de manera discreta a lo largo del conflicto, emergieron con mayor claridad a medida que se transformaba el escenario bélico. Se trató de una estrategia que combinaba las antiguas formas de lucha, la esperanza en un futuro diferente y, en algunos casos, el oportunismo de alinearse con el bando vencedor. En este contexto se produjeron las declaraciones de independencia y los pronunciamientos que aquí se analizan.
La declaración de independencia de Arequipa
El investigador Víctor Condori señala en su artículo periodístico (2022) que Bolívar nombró al coronel jujeño Francisco de Paula Otero como prefecto del nuevo departamento de Arequipa, pero que el nombramiento fue resistido por algunos jefes militares realistas que no habían participado en la batalla de Ayacucho. Al analizar esta situación, se advierte que, tras la salida de los jefes de origen español, los miembros del poder local —en su mayoría criollos vinculados a los ejércitos— procuraban adaptarse a los nuevos escenarios políticos y aprovechar las transformaciones en curso, ocupando los espacios que antiguas autoridades habían dejado vacantes. En este contexto se produjeron algunos hechos que muestran la ambigüedad de la posición de la elite de Arequipa en la etapa posterior a Ayacucho. Mario Zapata Delgado (2018) señala que el Ayuntamiento de la ciudad, una vez conocido el texto de la Capitulación de Ayacucho, el 23 de diciembre, decidió el 30 del mismo mes declarar su adhesión a la causa patriota y recibir a Otero. El desconocimiento de la Capitulación es usado también por Condori, quien narra que dos de los miembros más importantes de la sociedad arequipeña, como Pío Tristán —nombrado virrey del Perú luego de Ayacucho—, y el intendente Juan Bautista Lavalle, al no conocer aún el texto de la Capitulación, habrían ordenado impedir el ingreso de Otero a la ciudad y solo lo aceptaron luego de recibir la amenaza de la llegada de tropas desde el Cuzco.
En ambas versiones se ve la ambigüedad de la posición arequipeña, así como las tensiones generadas en el ámbito del poder local. De hecho, a mediados de enero de 1825, Otero y su tropa ingresaron a Arequipa, donde —luego de controlar posturas contrarias por parte de varios sectores de la población, ya sea por miedo al desorden justificado por la desbandada de los soldados realistas, o por el rechazo de gran parte de la elite de la ciudad que se había mantenido fiel a la corona durante toda la guerra—, logró, el 6 de febrero, llevar a cabo el solemne acto de jura de la independencia bajo las siguientes palabras:
Juro por dios, que reconozco la Independencia de la república del Perú en que es comprendido el departamento de Arequipa, que la defenderá constantemente del gobierno español y de toda nación extranjera, haciendo para ello uso de los bienes naturales y fortuna que dios me ha dado y cumpliendo exactamente en el estado con las leyes y mandadas por el poder soberano. (Cit en Zapata, 2018, pp. 59-60).
El tenor de la jura permite advertir una diferencia significativa entre el acto celebrado en Arequipa y aquellos que, en la misma época, tuvieron lugar en el territorio de Charcas. En el caso arequipeño, la independencia del Perú ya había sido reconocida con anterioridad, por lo que su declaración implicaba su adhesión a una unidad mayor ya establecida desde 1822.
La jura de la independencia en Puno
A diferencia de la fiel y señorial Arequipa, la respuesta frente al triunfo de Ayacucho en Puno no implicó una resignación frente a los acontecimientos, sino una posición de mayor compromiso con la independencia, la que había mostrado ya en varias oportunidades anteriores, siempre con relación a lo que ocurría en el Alto Perú o Charcas.
Por ello, no es casualidad que el relato más importante acerca de lo ocurrido en Puno en los últimos días de 1824 y los primeros de 1825 provenga del Diario de José Santos Vargas, una de las fuentes más importantes que narra la lucha de guerrillas en la región de Ayopaya, en el Alto Perú y que describe estos hechos al parecer relatados oralmente por una paisana puneña, doña Melchorita Moscoso (Vargas, [1851] 2016, p. 547).
De acuerdo con el relato, a fines de 1824, en las islas de Estevez, Capachica y otras, ubicadas frente a Puno, se hallaban varios presos de la patria por orden del general Rafael Maroto. Conocedores de lo ocurrido en Ayacucho y de la Capitulación, los prisioneros de Capachica, dirigidos por el general Rudecindo Alvarado, decidieron sublevarse y escapar de su prisión, para ello, sumaron a su grupo al comandante Francisco Anglada, subalterno de Maroto. Al conocer la conspiración, Maroto ordenó el fusilamiento de Anglada, acusándolo de traidor. Para ejecutar la sentencia envió a Anglada, junto con un teniente y un grupo de soldados a las islas para fusilarlo delante de los prisioneros. Durante el viaje, al observar que en las islas se encontraban más de 300 indios y que otros 3.000 aguardaban en los cerros con la intención de atacar Puno, Anglada logró persuadir al oficial que lo escoltaba para que cambiara de bando y se pronunciara en favor de la Patria. Para ello, le relató la derrota que las tropas del rey habían sufrido en Ayacucho. Vargas continúa su relato señalando:
Como todo esto lo sabía muy bien el oficial comisionado, y que era muy verdad todos lo que le dijo el comandante Anglada, lo libertó y se regresan a Puno con el oficial y la mitad de la compañía. A estos los amonestan entre el comandante Anglada y el oficial, gritan: -¡Viva la Patria!-, mas bien los sacan a todos los prisioneros de las islas, entran a Puno esa misma noche. ([1851] 2016, p. 549).
Esto habría ocurrido el 27 de diciembre.
Al día siguiente, ya en Puno, los antiguos prisioneros, sumados a la tropa que había salido de La Paz dirigidos por el general Francisco España, del bando de La Serna, y dirigidos por Rudecindo Alvarado y el mismo Anglada, tomaron el control de la ciudad, obligando a Maroto a salir de la misma. Como resultado de esta acción y de acuerdo con el historiador puneño Rene Calcín Anco (2024), se dieron dos pronunciamientos de independencia; el primero en el Cuartel de la Pólvora que estaba ubicado cerca de la Isla Esteves, el 27 de diciembre y, el segundo, el día 30 en la Plaza Mayor de Puno. Portugal Catacora (2017) señala, por su parte, que el acto de jura se realizó con los habitantes de la capital y de los pueblos circundantes.2
De esta manera el jueves 30 de diciembre de 1824 luego de realizarse una Misa de Te Deum, las autoridades designadas, Prefecto Urbina y el primer alcalde de la era Republicana de Puno, el médico José Manuel Morales, junto a los vecinos de la ciudad de Puno y la participación de la población indígena que vivía cerca a la ciudad, hicieron el juramento de sostener la independencia proclamada el 21 de julio de 1821, y se declararon tres días feriados. (Portugal Catacora, 2017).
Como puede observarse, en el caso de Puno, la jura a la independencia del Perú fue el resultado de una acción conjunta en la que participaron los grupos militares, los vecinos de la ciudad y la población indígena que se alineó con los prisioneros de la patria. Asimismo, la declaración reafirmó la independencia del Perú, proclamada en 1821. Al igual que Arequipa, no existía duda respecto de la pertenencia de Puno a la nueva nación peruana.
Cochabamba se pronuncia por la independencia
Conforme el ejército libertador avanzaba al mando de Sucre, Pedro Antonio de Olañeta iba retrocediendo hacia el sur. Su situación se hacía difícil y, luego de un intento fallido por parte de José María Valdez, el famoso Barbarucho, por retomar Puno, mantuvo su estrategia de retroceso, dejando un vacío de poder en las ciudades y los pueblos (Roca, 2016. pp. 762-763). Esta situación fue analizada por Sabino Pinilla y señala:
[…] día por día se levantaban los pueblos animados de tanta firmeza y valor como en los primeros tiempos de la revolución; sus tropas se defeccionaban por batallones y grupos, cuando antes fueron siempre sufridas y leales; abandonáronle las cohortes aduladoras de todo sol que brilla, y hasta los amigos desinteresados, pero ahora temerosos del peligro de la lealtad […]. (1917, p. 98).
Aprovechando el debilitamiento y la retirada del bando olañetista, y con pleno conocimiento del contenido de la Capitulación de Ayacucho, varias de las ciudades de Charcas asumieron el reto de declarar su independencia local. Estas proclamaciones se llevaron a cabo en espacios que iban pasando sucesivamente al control de militares que habían participado anteriormente en el bando realista.
José Luis Roca manifiesta que «quienes se mostraron más diligentes y precoces en pronunciarse una vez más por la patria, fueron los cochabambinos, reeditando así las jornadas de los primeros años de la guerra» (2017, p. 769). De acuerdo con el autor, algunos oficiales de la guarnición se rebelaron, apresaron a su comandante Pedro Antonio de Asúa y entregaron el mando al general argentino Antonio Saturnino Sánchez, que formaba, hasta ese momento, parte del bando de Olañeta, pero que antes había militado en la guerrilla de Ayopaya. Esto habría ocurrido el 13 y 14 de enero de 1825. Al parecer se trataba únicamente de un pronunciamiento militar, sin embargo, el mismo fue visto de forma diferente por Sucre quien, al conocer el hecho, denominó a Sánchez como «jefe de la división libertadora de Cochabamba» y al hecho como «el paso glorioso que ha dado Cochabamba por su libertad e independencia».
Acerca de la posición y el discurso que movía a este levantamiento, Roca manifiesta que la declaración era a favor del ejército libertador. Este punto es fundamental para entender la situación de las ciudades de Charcas y sus autoridades a inicios de 1825, ya que, a diferencia de lo ocurrido con Arequipa y Puno, que se pronunciaron sumándose a una república ya creada, en Charcas no existía en ese momento una institucionalidad superior, con un sistema colonial, que se disolvía rápidamente y una ausencia de cualquier otro poder. De esta manera, como se ve en el caso de Cochabamba, el pronunciamiento de carácter militar fue la única opción que, se esperaba, pudiera asumir el poder más adelante.
La respuesta de Sucre a este pronunciamiento llegó el 10 de febrero de 1825, cuando envió a Sánchez un decreto a favor de la División de Cochabamba. Como señala el historiador Juan José Toro (2024), en ella mandaba su agradecimiento a nombre del ejército libertador por los servicios de Sánchez a la patria. Además, acompañaba su misiva con un decreto que decía:
Teniendo en consideración que es el primero y más justo deber recompensar los servicios de los defensores de la Patria y concederles honores que los distingan, y habiendo adquirido un mérito sobresaliente en la causa nacional los individuos que puestos al frente de la transformación de Cochabamba libertaron aquel Departamento el 14 de enero; he venido a nombre del Gobierno en decretar:
1. Todos los jefes y oficiales que se pusieron en Cochabamba a la cabeza de las tropas para proclamar la independencia el 14 de enero llevarán al pecho izquierdo una medalla de oro, pendiente de una cinta verde, con esta inscripción: ‘La Patria a los fieles de Cochabamba: 14 de enero de 1825’, y al reverso el nombre del agraciado.
2. Los individuos de tropas que protegieron la empresa llevarán la misma medalla de plata.
3. El resto de los oficiales y tropa llevarán un escudo verde al brazo izquierdo con la misma inscripción en letras de oro.
4. Los individuos de que habla el artículo anterior podrán obtener la medalla concedida a los promotores de la transformación, por los servicios que hagan en la campaña, pero a ningún otro que a los de la División libertadora de Cochabamba se dará esta gracia.
5. Los padres, mujeres e hijos de los patriotas que murieron el 14 de enero gozarán el sueldo íntegro que correspondía a su hijo, esposo o padre, y tendrán derecho a las consideraciones del Gobierno.
Dado en el cuartel general de La Paz a 9 de febrero de 1825. (Cit. en Toro, 2024).
Aunque desde los documentos oficiales y la correspondencia se presenta el pronunciamiento como un movimiento exclusivamente militar, Luis Paz (1919) señala que este se produjo «en unión del pueblo» y que, además, se nombraron nuevas autoridades. Inicialmente, se eligió como gobernador al doctor Mariano Guzmán, y solo tras su renuncia, el poder recayó en el coronel Sánchez. (Paz, 1919, p. 631). Esto sugiere que el pronunciamiento movilizó también a la población y no solo a la guarnición, aunque no se dispone de información más detallada al respecto.
Esta situación en Cochabamba se fue modificando en los siguientes meses. Si bien Sucre había apoyado inicialmente el poder de Sarturnino Sánchez en Cochabamba, pronto surgieron los problemas debido a los errores en la administración, con casos de malos manejos en la burocracia y a causa de las tensiones con la misma población. William Lofstrom (2017) señala al respecto que Sánchez habría provocado muchos conflictos al querer imponer su voluntad a los civiles de la ciudad. No obstante, la oposición del Cabildo se generó a causa de solicitar una recluta para aumentar su ejército y exigió que se le entregue mulas, caballos, forraje y alimentos. Ya en febrero, los vecinos, a través del Cabildo, se quejaron ante Sucre de los abusos de Sánchez no solo contra los habitantes de la ciudad, sino también contra los campesinos de todo el valle. El conflicto fue creciendo hasta que Sucre optó por reemplazar a Sánchez (Soux, 2010, p. 210).
La proclamación en La Paz y la figura de José Miguel Lanza
La salida de La Paz hacia Puno del coronel España, miembro del bando de La Serna, a fines de 1824 y las noticias sobre el triunfo patriota en Ayacucho y el fracaso de la avanzada de Barbarucho hacia Puno, hizo ver a Olañeta que era necesaria su retirada hacia el sur, lo cual se dio a mediados de enero de 1825. De esta manera, se generó un vacío de poder dejando a las autoridades del Cabildo de La Paz como las únicas que dirigían la ciudad. Este vacío de poder fue descrito por José Santos Vargas, quien comentó en su diario con su propia forma de relato: «… en fin todo, todo se concluyó, etc., etc.» (Vargas, p. 551).
Fue en este contexto que el 23 de enero, según Santos Vargas, «se bajó de su cuartel general don José Miguel Lanza ya para La Paz». Siguió la ruta de Inquisivi y los Yungas durante todo el trayecto recibió «enjambres de gentes, de La Paz, de todo Yungas y de toda clase de gente» (p. 552). El relato posterior de Vargas, y a pesar de que formaba parte del ejército de Lanza, es bastante escueto; no se fija sino en el aspecto militar, por lo que comenta que las tropas durmieron varias noches fuera de la ciudad por el peligro de una posible llegada de Barbarucho y describe la llegada del apoyo de las tropas desde Puno. Concluye su relato de forma lacónica al decir: «el General Lanza ya no volvió a salir, ya se colocó de presidente, que es ya del departamento (antes de esa época provincia)» (Vargas [1851] 2016, p. 552).
En realidad, el único punto en el cual Vargas aborda algo sobre el aspecto político es cuando dice que Lanza se «colocó de presidente», sin dar mayores datos al respecto. No obstante, es fundamental para el análisis considerar que fue el ejército de la guerrilla de Ayopaya el que finalmente ingresó a la ciudad, siendo recibido con entusiasmo por la población de La Paz y sus alrededores. Este hecho evidencia que, a pesar de los acontecimientos vividos, la imagen popular de la lucha guerrillera —encarnada en la figura de José Miguel Lanza— seguía vigente, al menos en el ámbito paceño.
Otra percepción la brinda Sabino Pinilla en su libro La creación de Bolivia, publicado en 1917. El autor, luego de relatar la llegada de Lanza a La Paz, dice que el pueblo paceño se reunió para deliberar sobre la situación y que se aclamó «unísonamente la independencia y la democracia, exponiéndose elevadas ideas conducentes al olvido de lo pasado, a la unión íntima de los altoperuanos y a su fusión leal y generosa con los adversarios […]» (p. 87). Señala, además, que el día 28 de enero se proclamó de forma definitiva la independencia del país.
De estos relatos se desprenden dos temas principales para su análisis. El primero es el de la deliberación del pueblo paceño que se decantó por la «independencia y la democracia». Este enfoque permite apreciar con claridad la representación patriótica y cívica de Sabino Pinilla, una perspectiva comprensible si se la sitúa en el contexto de la historiografía liberal de comienzos del siglo XX. El segundo tema es el de la declaración de «la independencia del país». El problema es que en ese momento no existía aún un país de forma legal, pero tampoco se trataba de una unión con Perú, porque quedaba claro que Lanza, sus soldados e inclusive la población paceña eran conscientes de su pertenencia a la Audiencia de Charcas. Esta situación y el relato del mismo autor que señala que «[…] el concurso, con ardiente vehemencia, replicó que era su voluntad conocer al ejército vencedor de Ayacucho, de general a tambor»; de esta forma se manifiesta el interés de los vecinos por recibir al Ejército Libertador. En otras palabras, todo indica que la proclamación de independencia, como en el caso de Cochabamba, se realizaba frente a la inminente llegada del Ejército Libertador. Esta interpretación cobra mayor fuerza si se considera lo señalado por Demetrio Ramos (1967), quien indica que Sucre, hacia fines de 1824, remitió cartas a los Cabildos de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, expresándoles que el ejército les otorgaría el “más amplio y positivo albedrío para que resuelvan sobre sí lo que gusten”. Esto sugiere que, incluso antes del 9 de febrero, los Cabildos de estas ciudades ya esperaban una convocatoria a la asamblea para definir su destino político.
La declaración de Independencia en Vallegrande y Santa Cruz
La gobernación de Santa Cruz, que comprendía las provincias de Santa Cruz, Vallegrande, Cordillera, Chiquitos y Moxos había sido asumida durante varios años por el general insurgente de origen porteño Ignacio Warnes, quien junto a su ejército había logrado mantener varios años el poder en manos del partido de la patria. Luego de la muerte de Warnes y de una serie de enfrentamientos, en 1816 la región fue controlada férreamente por el general Francisco Xavier de Aguilera, quien formaba parte del bando olañetista.
Luego de la participación de Aguilera en la Guerra doméstica entre constitucionales y absolutistas, se hallaba el general con su tropa en Vallegrande, donde recibió numerosas cartas por parte de Sucre para que se pase al bando patriota. De acuerdo con Roca, si bien Aguilera deseaba integrarse al ejército libertador, sus estrechas relaciones con Olañeta y su principio de lealtad lo mantenían indeciso, aunque en varias oportunidades había ofrecido, mediante cartas, interceder ante Olañeta para finalizar la contienda (2017, p. 744).
En enero de 1825, cuando se supo que la guarnición de Cochabamba se había pronunciado a favor del ejército libertador, la situación en Vallegrande se puso tensa. En ese contexto, el 12 de febrero, los subalternos de Aguilera, que ostentaba en ese momento el cargo de gobernador, se adelantaron a su jefe y bajo la dirección del coronel Pedro José Antelo, lanzaron un pronunciamiento a favor de la patria y apresaron al general. Luego, el mismo Antelo envió una misiva a Saturnino Sánchez hacia Cochabamba donde explicaba su posición.
Suponiendo erróneamente que Cochabamba se habría pronunciado a favor del Perú, Antelo iniciaba su carta con la frase de «Viva el Perú». Luego, explicaba la situación de la siguiente manera: «Desde el momento en que este brillante escuadrón y su oficialidad tuvo noticia de que en esa ciudad (Cochabamba) se había jurado la independencia del Perú por las tropas que allí existían, se trató de imitar tan acertados pasos, y mucho más cuando se tuvo evidencia de que V.S. ocupaba el mando en jefe»; luego de tratar de explicar las razones de la prisión de Aguilera, Antelo continúa: «A las cuatro de la mañana del 12 del corriente, hemos proclamado la independencia». Antelo concluyó con orgullo señalando que la tropa lo había proclamado para hacerse cargo del mando, pero solicitaba a Sánchez que mandara un jefe que pudiera desempeñar esta función «para mayor felicidad de estos pueblos». (ABNB MI Tomo II No. 9. Cit. en Roca, 2017, p. 747). Se trataba a todas luces de un pronunciamiento militar y la asunción al poder por el pedido de las tropas. Mientras esto ocurría, Aguilera había logrado escapar cuando era trasladado y se dirigió a Cochabamba, donde se reunió con Sánchez y le explicó lo ocurrido.
A pesar de que el pronunciamiento de Vallegrande tuvo un carácter más militar, la percepción de Sucre fue que con él quedaban liberadas «las provincias de Santa Cruz, Mojos y Chiquitos». (Pinilla, 1917, p. 87). Un aspecto que llama la atención en este pronunciamiento, es que lo hizo a favor del Perú, imitando equivocadamente al de Cochabamba, que en realidad apoyaba al ejército libertador y no a Perú. Eso muestra que, en medio del vacío de poder que había en Charcas, las posiciones de los poderes locales representados mayormente por los militares, asumieran posiciones diversas e inclusive contrarias.
En el caso cruceño, la ausencia del gobernador Aguilera en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, debilitó aún más la posición realista en la capital. Dos días después del pronunciamiento en Vallegrande, el 14 de febrero de 1825, el coronel José Manuel Mercado, apodado «El Colorao», un patriota con una larga historia de lucha como colaborador de Ignacio Warnes y que había vivido posteriormente el destierro, tomó la plaza cruceña y el Cabildo, proclamando también la independencia de la provincia.
Para ese momento, Antonio José de Sucre ya había promulgado el Decreto del 9 de febrero convocando a una Asamblea para decidir el futuro de las cinco provincias de Charcas: Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, no obstante, aún no se había establecido oficialmente un nuevo sistema político, lo que generó un vacío de poder en todas las regiones. En el caso de Santa Cruz, el férreo control que había ejercido Francisco José de Aguilera desde 1816 se quebró junto a la caída del sistema, lo que implicó un vacío. Esto explicaría el hecho de que ese 14 de febrero de 1825 se proclamara la independencia de una unidad territorial de origen colonial, pero también la imposibilidad de adherirse a un espacio mayor de poder soberano, que aún no existía. Desde esta perspectiva, su situación fue semejante a la proclamada en La Paz, en la que José Miguel Lanza se autoproclamó presidente de la provincia, pero sin poder especificar su dependencia.
Algunos enfoques de la historiografía regionalista cruceña actual (Pinto Mosquera, 2008, Gandarillas, s/f, y otros) han interpretado estos acontecimientos como expresión de una supuesta voluntad de la población cruceña de independizarse del resto del territorio del Alto Perú, es decir, las demás provincias dependientes de la Audiencia de Charcas. Desde esta perspectiva, las acciones posteriores de Antonio José de Sucre —particularmente el nombramiento del general Videla como nuevo gobernador en reemplazo de Aguilera— son consideradas una intromisión en el derecho de Santa Cruz a definir su destino político. Del mismo modo, consideran una intromisión la convocatoria a la Asamblea a través del Decreto de 9 de febrero y el haberlos «obligado a asistir a la misma».
Más allá de las connotaciones ideológicas relacionadas con una posición regionalista, desde el análisis histórico, queda claro que, como se percibe en el caso de Vallegrande, perteneciente también al mismo partido y en rechazo a la autoridad del mismo Aguilera, la proclamación de independencia no implicaba una separación de Charcas sino más bien, un reconocimiento del triunfo definitivo del bando insurgente y, por lo tanto, una independencia frente a la metrópoli, posición fortalecida por el liderazgo de «El Colorao» Mercado.
La participación indígena en las declaraciones de independencia
Las fuentes históricas sobre la participación de los pueblos indígenas en 1825, específicamente en las diversas declaraciones de independencia suscitadas en Charcas y en el área surandina, son pocas y fragmentadas. Como resultado, los estudios historiográficos al respecto son casi inexistentes. Esta invisibilización histórica e historiográfica ha contribuido a consolidar una narrativa en la historia oficial boliviana actual, la cual sostiene que los indígenas —quienes habían combativo durante quince años, codo a codo con la población criolla y mestiza, y había sacrificado su vida en las guerrillas— no participaron en la Asamblea Deliberante ni en la vida política posterior, de esta forma fueron excluidos de un sistema republicano que los ignoró.
Frente a ello, habría que preguntarse primero, las razones por las cuales los pueblos indígenas dejaron de ser fundamentales en el desarrollo de la guerra y, por lo tanto, fueron desapareciendo en el discurso y en el relato de las acciones. Segundo, cuestionarse las razones por las que la historiografía de la etapa final de la guerra se ha centrado en analizar la gran política que rodea la creación de Bolivia y ha dejado de lado el estudio sobre la participación de otros actores, en este caso los indios.
En respuesta a la primera pregunta, se puede argumentar que la profesionalización de los ejércitos, la desaparición casi total de las organizaciones guerrilleras y el dominio del ejército del rey en Charcas durante los últimos años de la guerra, hizo que las comunidades indígenas retornaran a sus labores cotidianas. Esta situación provocó que no siguieran sosteniendo la guerra con el pago de tributos, con su asistencia regular a la mita potosina ni con la requisa de su producción. Para ello, es importante establecer los cambios suscitados en la estrategia bélica cuando el único grupo insurgente que se mantuvo fue la guerrilla de Ayopaya.
Al analizar esta guerrilla desde el diario de José Santos Vargas, se puede seguir estos cambios en un lugar específico. A partir de 1821, cuando empezó la dirección de José Miguel Lanza, la lucha se institucionalizó y fueron llegando a la misma diversos soldados y oficiales criollos y casi profesionales. Por otro lado, las fuentes documentales de los archivos locales nos muestran más bien a los indígenas viviendo en su cotidianidad con el impacto económico y social de la lucha emprendida en los años anteriores. En lugar del relato de su participación en diversas acciones insurgentes, podemos encontrar expedientes relacionados con la imposibilidad de pagar el tributo o con solicitudes para que se les devuelvan la cebada o los corderos que habían entregado años antes al ejército. (Soux, 2010). Esta constatación documental nos muestra otra forma de lucha estratégica estudiada para los pueblos campesinos e indígenas, es así que, cuando los grupos subalternos consideraban que no había condiciones para una lucha con posibilidades de triunfo, optaban por su repliegue, a la espera de que la situación se decante por uno u otro bando. (Escóbar Ohmstede, 2002).
Sobre la problemática de la invisibilización historiográfica, es importante señalar que el interés de la historia cívica —posteriormente convertida en historia patria— se centró fundamentalmente en seguir el eje discursivo del proceso de creación de la nación. En este marco, la narrativa priorizó los acontecimientos que condujeron, en agosto de 1825, a la decisión de establecer una república independiente, no solo de la metrópoli, sino también de Lima y de Buenos Aires. Desde esta perspectiva, las tensiones entre las diversas visiones políticas, las posturas de Bolívar o de las Provincias Unidas, así como los problemas diplomáticos, ocuparon el eje central del relato, mientras que los posibles proyectos y la actuación de las clases subalternas no seguían el mismo guion cívico.
Desde estas consideraciones se puede analizar, a partir de una perspectiva distinta, el lugar que ocuparon los pueblos indígenas en las acciones concretas de las declaraciones de independencia, en las que se percibe con más fuerza la presencia y el accionar de los militares y los vecinos que controlaban el poder local.
Con excepción de Puno, donde la participación indígena es descrita con mayor profundidad, en el resto de los casos, los indígenas son presentados casi como un fondo del paisaje o simplemente no aparecen. Se puede ver que la diferencia se debe fundamentalmente más al tipo de testigo que a una diferencia en su actuación. El hecho de que el caso de Puno sea descrito por un miembro de la guerrilla de Ayopaya como José Santos Vargas, da al relato una perspectiva diferente. En este caso, la fuente principal describe toda una serie de hechos como la prisión en las islas del Titicaca y la amenaza constante de grandes grupos de indios presionando a favor de los prisioneros, la acción de liberación de estos y, finalmente, la proclamación. En contraposición, a pesar de que el caso de La Paz es presentado por el mismo Tambor Vargas, su descripción es mucho más escueta, aunque es él quien relata el apoyo popular al ingreso de Lanza y su grupo de guerrilleros a la ciudad. De esta manera, cuando dice que tuvo el apoyo de «todos los grupos», se refiere específicamente a los indios y los pobladores vecinos de todos los pueblos que forman parte de su relato.
En los otros cuatro casos analizados, los indios no aparecen. Los relatos de los historiadores que abordan el tema se basan fundamentalmente en la correspondencia, sobre todo la dirigida a Sucre. Se trata de informes oficiales sobre hechos que les han sido relatados o han presenciado; por lo tanto, se muestran más como pronunciamientos militares o actos de desobediencia a las autoridades, protagonizados también por militares. En estos relatos se busca cierta legitimidad mediante la mención del papel jugado por las autoridades civiles o los vecinos, algunos de ellos con antecedentes insurgente, como es el caso de «El Colorao» Mercado.
A pesar de todo ello, es interesante ver cómo en los intersticios de los silencios históricos e historiográficos, los indios siguen apareciendo como actores fundamentales. Este es el caso de otro pronunciamiento del cual se conoce muy poco, el de Chayanta. Si bien los datos son muy escuetos, Luis Paz (1919) señala que el coronel Pedro Arraya, antiguo seguidor de Olañeta y luego patriota, «con su escuadrón de Santa Victoria y los dragones americanos, salió a proteger en los pueblos de Chayanta igual pronunciamiento» (p. 631). Esta decisión muestra el interés por acoger en el mismo proceso a los indígenas, ya que la región de Chayanta, a diferencia de las otras donde se dieron los pronunciamientos ya relatados, no tiene un gran centro urbano y se caracteriza más bien por la importancia demográfica de la población indígena y de las organizaciones comunitarias, tal como lo ha mostrado Tristan Platt (1982). De esta manera, el hecho de preocuparse por incluir la participación indígena en este tipo de manifestaciones implicaba tenerlos en cuenta en la conformación de la nueva nación.
Conclusiones
La batalla de Ayacucho y la firma posterior de la Capitulación marcó para el Perú la finalización de una guerra por la independencia, a pesar de que ya en 1821 se había declarado; sin embargo, esto no significó la conclusión del conflicto en el Alto Perú. Hubo varios factores como la presencia del ejército absolutista de Pedro Antonio de Olañeta en la jurisdicción de la Audiencia de Charcas y el hecho de que la Capitulación de Ayacucho establecía que la misma se circunscribía hasta el límite del río Desaguadero. La situación obligó a Bolívar a enviar a Antonio José de Sucre a las tierras de arriba con dos objetivos: concluir militarmente con este bastión realista y definir políticamente la situación de Charcas con relación a su futuro. De esta manera, durante los meses entre diciembre de 1824 y agosto de 1825 se entrelazaron acciones militares, se desarrollaron negociaciones internacionales, se definieron posiciones políticas y, finalmente, se dieron los primeros pasos para que en agosto se decidiera fundar una nueva república independiente tanto de la metrópoli como de Lima y Buenos Aires. En medio de este entrecruzamiento de procesos y actores, en el presente artículo se busca mostrar, desde otra perspectiva, la respuesta de los pueblos mediante el estudio de los diversos pronunciamientos y proclamaciones que tuvieron lugar hasta febrero de 1825 en diversas ciudades del sur peruano y las provincias de Charcas. Como se ha dado a conocer, cada uno de estos pronunciamientos presentó características particulares. En algunos casos, los líderes de los pronunciamientos fueron caudillos populares, como en La Paz y Santa Cruz; en otros, fueron antiguos oficiales del bando de Olañeta que cambiaron de posición, como en Cochabamba; asimismo, hubo oficiales que se rebelaron contra su superior, como en Vallegrande y finalmente, como en el caso de Puno, fue un militar del bando patriota.
Con relación al discurso que acompañó los pronunciamientos, en el caso de Arequipa y Puno, es claro que se pronunciaron por incorporarse a la República del Perú, ya establecida desde 1822. En el caso altoperuano, el escenario era diferente, ya que durante esos meses no existía una instancia soberana superior, por lo que, en el caso de Cochabamba, los pronunciamientos se dieron a favor del Ejército Libertador; en Vallegrande, se dio a favor del Perú y en La Paz y Santa Cruz, se dio en favor de la propia región o provincia. A pesar de ello, todos los informes fueron enviados, ya sea de forma directa o indirecta, a Antonio José de Sucre, como una autoridad «de facto» quien, a través de su ejército, se constituía como tal, sin haber cruzado el Desaguadero.
Finalmente, respecto a la participación de la población en las declaraciones de independencia o pronunciamientos, se percibe una relación estrecha entre las guarniciones militares y los vecinos, organizados alrededor de los cabildos, es decir, una presencia militar entrecruzada con el poder local de las elites. También aparece, sobre todo en las regiones con mayor presencia indígena, alguna participación de los pueblos, aunque se trató indudablemente de movimientos más urbanos que rurales.
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1 Este límite territorial de la Capitulación de Ayacucho fue observado anteriormente por varios historiadores bolivianos como Sabino Pinilla (1917) y José Luis Roca (2007-2017); sin embargo, no ha sido asumido aún por otras historiografías. Este punto, que parecería ser secundario, es fundamental para entender el contexto en que se dio la prosecución de la guerra en el Alto Perú o Charcas y la misma independencia de Bolivia.
2 En varios documentos y estudios se cita de forma indeterminada los términos de pronunciamiento, proclamación y jura. Analizando el contexto, se puede señalar que el término de pronunciamiento tiene un carácter más militar, el de proclamación el de un acto público, mientras que el de jura se remite a la ceremonia pública de reconocimiento de vasallaje, aunque al parecer, se mantuvo posteriormente.