5
El apoyo democrático
en las zonas rurales
de los países andinos
centrales (2006-2016)
Diego Acedo-Díaz
Recibido: 08-jul-20
Aprobado: 04-nov-20
doi: 10.46476/ra.v1i2.4810.46476/ra.v1i2.48
Resumen
En lo referente a la democracia en las zonas urbanas y rurales, las ciencias
sociales han tendido a ligar la democracia con el desarrollo de la urbanización.
Desde distintos enfoques (institucionalista, culturalista o el historiográco) se
ha establecido una línea común entre urbanización y apoyo a la democracia. Sin
embargo, en este escrito, a partir del análisis en los países andinos centrales, se ha
podido observar que en Ecuador y Bolivia las zonas rurales han mostrado un mayor
apoyo al sistema democrático frente a Perú durante una década (2006-2016). El
propósito de este trabajo se enfoca en resolver el porqué de esta tendencia a través
de la técnica de sistemas similares; de esta forma, se halló que el fenómeno de los
conictos armados sucedidos desde la segunda mitad del siglo XX se sitúa como
una posible condición explicativa.
Palabras clave: democracia, rural, terrorismo, Bolivia, Ecuador, Perú.
6
Abstract
When it comes to democracy in urban and rural areas, the social sciences have
typically tied democracy to urban development. A common thread between urban
development and support for democracy has been established based on a range
of approaches (institutionalist, culturalist, or historiographic). However, through
an analysis of the countries of the central Andes, this paper nds that, in Ecuador
and Bolivia, rural areas have shown the greatest support for the democratic system
compared to Peru over a decade-long period (2006-2016). e paper focuses on
determining the reason for this trend using the similar systems technique, nding
that the armed conicts that have occurred since the second half of the twentieth
century may possibly oer an explanation.
Keywords: democracy, rural, terrorism, Bolivia, Ecuador, Peru.
Resumo:
No que respeita à democracia nas zonas urbanas e rurais, as ciências sociais tenderam
a relacionar a democracia ao desenvolvimento da urbanização. Desde diferentes
abordagens (institucionalista, culturalista ou historiográca) foi estabelecida
uma linha comum entre a urbanização e o apoio à democracia. No entanto, neste
documento, com base na análise dos países andinos centrais, foi possível descobrir
que no Equador e na Bolívia foram as zonas rurais que demonstraram maior apoio
ao sistema democrático em comparação com o Peru durante uma década (2006-
2016). O objetivo deste documento centra-se na resolução da razão desta tendência
através da técnica de sistemas semelhantes, descobrindo que o fenômeno dos
conitos armados que têm ocorrido desde a segunda metade do século XX é uma
possível condição explicativa.
Palavras-chave: democracia, rural, terrorismo, Bolívia, Equador, Peru.
7
Introducción
1
El 2019 fue un año signicativo y tenso para la democracia de los países andinos
centrales. Durante unas horas, en Perú, la disolución de la cámara legislativa por
parte del presidente Martín Vizcarra, en septiembre de ese año, llevó a que en el
territorio conviviesen en simultaneo dos jefes de estado, lo que generó un contexto
de incertidumbre constitucional. En Ecuador, el ejecutivo de Lenin Moreno se
vio obligado al retiro del equipo de gobierno fuera de la capital, ante la oleada
de protestas que tuvo su origen en el alza a los subsidios de los combustibles y
que condujo a la ocupación de las principales sedes gubernamentales durante
octubre. El caso de Bolivia fue el más importante, dado que en el mismo mes de
octubre se dio la salida del país del presidente Evo Morales ante las acusaciones
de fraude electoral. La historia reciente de los tres países se ha visto marcada
por la inestabilidad política que han mostrado sus instituciones, algo que ha
llevado a analizar el sustento actual del sistema democrático en cada uno de
los territorios. Cabe resaltar que, en los últimos años, los mandatarios como
Rafael Correa en Ecuador, Ollanta Humala en Perú o el propio Evo Morales en
Bolivia recibieron el apoyo desde las áreas rurales. Sin embargo, la relación entre
zonas rurales y democracia no se ha visto exenta de crítica dentro de las ciencias
sociales.
El inicio y el desarrollo del sistema democrático con todas sus variantes ha tendido
a ser situado en el seno de las urbes. Por ejemplo, dentro del marco de las ciudades-
estado griegas, H. Laski armaba que la organized democracy era producto de la
vida urbana (aunque con una concepción de ciudadanía limitada) la cual procedía
o surgía como consecuencias de las relaciones comerciales de ultramar como fue
el caso de Atenas (1935, p. 78). La identicación de ambos conceptos o el que
se haya asociado la democracia a la urbanización, ha sido una constante en las
ciencias sociales desde distintas perspectivas. En contrapartida, si la democracia
ha mantenido una identicación en tanto apoyo u origen con las zonas urbanas, las
áreas rurales fueron identicadas con un escaso apoyo a la democracia. No obstante,
esta identicación no viene dada per se, ya que ejemplos no han faltado. Un caso
emblemático fue el apoyo electoral recabado por parte del nacional-socialismo de
Hitler, donde la mayor parte de los votos provinieron de comunidades pequeñas y
de las zonas rurales en 1933 (Lipset, 1959).
A partir de lo expuesto, este trabajo ha analizado el apoyo de las zonas rurales
al sistema democrático en los países andinos centrales (Bolivia, Ecuador y Perú)
a partir de la Encuesta del Barómetro de las Américas, LAPOP, durante una
década (2006-2016) y ha podido obtener evidencia que, en dos de ellos (Bolivia y
1. Los comentarios de Fabiola Mota Consejero fueron fundamentales para el desarrollo de esta investi-
gación, mi eterna gratitud hacia ella. El contenido del artículo es responsabilidad única del autor.
8
Ecuador), las áreas rurales han apoyado en mayor medida el sistema democrático
antes que las zonas urbanas. La investigación se ha centrado en explicar cuáles
han podido ser las causas de este resultado. Es así que, a partir de la técnica de
sistemas similares del método comparativo, la hipótesis propuesta para explicar
este fenómeno se ha centrado en el impacto de los conictos armados, que
en el caso peruano se dio principalmente en las zonas rurales y quebró todo
ordenamiento social y político, lo que llevó a una inoperancia de la sociedad
civil incapaz de sostener los valores democráticos. Esto no existió en mismo
grado en Bolivia ni Ecuador.
El trabajo se ha estructurado en cuatro partes. En la primera sección se expone
el marco teórico donde se hace referencia a la relación entre zonas rurales
y democracia, así como a la literatura en torno a la hipótesis propuesta. La
segunda parte apunta a la denición de los conceptos de zonas/áreas rurales y
al de democracia, a la par que se observa en detalle cómo ha sido el apoyo en las
referidas zonas durante el período señalado. En el siguiente capítulo, se atiende a
la metodología utilizada en la investigación y posteriormente se realiza el análisis
a partir de la hipótesis señalada en cada caso. Para concluir, en el último apartado
se exponen los resultados nales y posteriores consideraciones.
Marco teórico
El estudio en torno a la relación existente entre democracia y las áreas urbano-
rurales no es reciente. A partir de la mitad del siglo XX, diversos trabajos ya
habían identicado el rol que jugaba tanto la urbanización como el ámbito rural
en el transcurso de las sociedades. Pioneros en este asunto fueron los autores de
la denominada Teoría de la Modernización tales como Seymour Lipset, Jacques
Lambert, Samuel Huntington, Gabriel Almond y Sidney Verba. En síntesis, este
enfoque nace como una escuela que pretendía elaborar un marco de análisis para
averiguar los mecanismos que podían conducir a un «país tradicional» hacia la
modernización social y política, esta última caracterizada por la estabilidad de
un sistema constitucional liberal-democrático (Martí i Puig. 2001, p. 105). La
Teoría de la Modernización analizaba tal proceso desde dos perspectivas: una
centrada en los factores de tipo cultural (donde podemos incluir a Almond y
Verba) y un segundo enfoque que hacía énfasis en factores materiales (donde
destacan Lambert y Lipset). Dentro del segundo modelo, se pone como una
de las bases hacia esa modernización al proceso de urbanización (junto con la
industrialización, la riqueza y la educación). Por ejemplo, Lipset (1959) establece
la urbanización como índice de desarrollo económico dentro de la hipótesis de
la modernización. Como sostiene el autor, el grado de urbanización se relaciona
con la coexistencia de la democracia y a través de sus análisis observa que, en una
comparativa entre «países más y menos democráticos», los primeros alcanzan
9
mayores índices de urbanización que los segundos. Samuel Huntington (1991)
otorga un papel especial al ámbito rural, pero desde otro ángulo. Para el autor,
la importancia del desarrollo y modernización de las sociedades tradicionales
se centra en el fortalecimiento de las instituciones ante la inestabilidad social
que conlleva el proceso modernizador. En pocas palabras, elementos como la
educación, incremento en las tasas de alfabetización y, para nuestro caso, la
urbanización, crean elevadas expectativas que si no se cumplen empujan al
conjunto de la sociedad a la acción política; por lo tanto, si las instituciones
políticas no son fuertes y no se adaptan ante estos sucesos traerán consigo
violencia e inestabilidad (1991, p. 53). Dentro de la organización de los partidos
políticos en los países en modernización, la estabilidad está garantizada por las
zonas rurales, si no se logra el apoyo del campo en términos electorales no hay
posibilidad de estabilidad (1990, p. 382). Ahora bien, la asimilación de los grupos
rurales genera que los partidos adapten sus programas en favor de las zonas
rurales, cuyos valores son casi siempre muy tradicionales; en consecuencia, la
movilización de la mayoría rural para la actividad política por medio del sistema
de partidos ejerce un efecto tradicionalizador o conservador sobre la política
(1990, p. 389).
En la misma línea, los relatos historiográcos han asociado el atraso político al
mundo rural; actualmente, esta idea sobre una magra conexión entre democracia
y mundo rural sigue presente entre los muchos historiadores (Herrera y Marko
2013, pp. 14-15). Así es que, la democracia no es un término que haya sido ligado
a las áreas rurales, dado que este sistema político y su tradición histórica han sido
identicados con el mundo urbano (Herrera et al, 2013, p. 22). Sucintamente,
entre las posibles causas de este fenómeno puede entenderse, en primer lugar, la
perspectiva lineal en el estudio de la historia de la democracia (inuenciada por
la tesis precisamente de la modernización), la cual ha sido entendida como un
proceso constante de suma de diversos derechos, reejo de una lectura jerárquica
del concepto de progreso social (Herrera y Marko, 2013, p. 15). En segundo
lugar, la historiografía de tradición francesa que otorgaba un papel pasivo al
campesinado, en los procesos de politización del siglo XIX, contribuyó a la idea
de democratización unidireccional hacia las masas. Finalmente, gran parte de la
literatura en torno al campesinado ha caracterizado a este actor colectivo por el
uso de estrategias de lucha alejadas de fórmulas democráticas, lo que ha generado
una visión de sujeto abocado al radicalismo (2013, p. 16).
Desde una perspectiva centrada en el aspecto cultural, también se ha hecho hincapié
en la existencia de signos autoritarios en las clases obreras. Precisamente, para el
caso latinoamericano, Mansilla (2016) ha puesto la atención sobre la existencia
de una cultura autoritaria en la zona rural-andina. El autor fundamenta esta idea
sobre la base de la propia estructura de las familias andinas rurales, la cual ha
10
generado que sean proclives a la violencia de todo tipo. De igual manera, para
el caso del impacto del grupo armado Sendero Luminoso, Bernales, a la hora de
preguntarse el motivo por el que su discurso impactó en el campo peruano, anota
como posibles respuestas el legado autoritario de estos sectores, la belicosidad de
gran parte de las comunidades campesinas, así como el pensamiento milenarista
de la civilización aborigen (Bernales, 1985, pp. 68-70).
En lo referente a los estudios que han centrado su atención en la teorización de
la legitimidad democrática, el trabajo de Booth y Selgison (2009) ha mostrado
una estructura completa en este sentido. A partir de las investigaciones de Norris
(1999) y Dalton (1999), que a su vez se basan en la distinción entre el apoyo
difuso (centrado en el apoyo al sistema en su conjunto) y el apoyo especíco (que
concierne al apoyo a instituciones o gobernantes en concreto) hecha por Easton
(1975), aquellos autores han propuesto seis dimensiones de la estructura de la
legitimidad política en un estudio de ochos países: la legitimidad democrática se
compone de diversos niveles de apoyos (apoyo a los principios democráticos en
tanto régimen, apoyo al gobierno a nivel local, apoyo a la comunidad política,
apoyo a los actores estatales, apoyo al desempeño de las autoridades y el apoyo
a las instituciones) conformando una visión multidimensional del concepto de
legitimidad (Booth y Selgison, 2009). Si bien es cierto que no se hace referencia de
forma directa al eje urbano-rural, parte de los resultados (obtenidos de los modelos
estadísticos propuestos) muestran que existe una predisposición positiva a algunas
de las dimensiones señaladas, lo que pone en entredicho las identicaciones
antidemocráticas o el disengaged de la política que distintas investigaciones habían
sostenido previamente (2009, p. 124).
Con relación al sustento teórico de la hipótesis, la cual versa sobre (H1), cómo
los conictos armados afectan a las prácticas democráticas, varios trabajos han
sugerido que el terrorismo tiene un efecto sobre el plano político (entre otros
tantos como en el apartado económico o el psicológico), concretamente sobre el
comportamiento electoral en aquellos casos donde se han desatado fenómenos de
este calibre (desde la conformación de grupos armados hasta actos puntuales).
2
Un ejemplo preciso son los atentados del 11M en Madrid (España) donde autores
como García Montalvo (2007) o Chari (2004) argumentan que las explosiones en
el sistema ferroviario madrileño marcaron las elecciones que en esa misma semana
se celebraban, donde el Partido Popular (formación que, según las encuestas,
volvería a dirigir una nueva etapa de gobierno) perdería nalmente las elecciones
frente al Partido Socialista Obrero Español (segundo en los mismos sondeos).
2. Aunque la teoría sobre el terrorismo diferencia entre el terrorismo transnacional y el doméstico sobre
todo en lo que respecta al tema de causas y orígenes al igual que la estrategia para enfrentarlo, en este
escrito nos enfocamos en sus consecuencias como por ejemplo las demandas de seguridad por parte
de la ciudadanía o, como ya hemos anotado, en el comportamiento electoral.
11
De forma similar, en el caso estadounidense para las elecciones presidenciales
del 2004, Langer y Cohen (2005) muestran que entre los votantes el terrorismo
fue una variante que tomaron en cuenta (la tercera más importante) a la hora de
decidir su voto. Existen estudios que también hacen hincapié en el mismo sentido
para casos como el de Israel (Berrebi y Klor 2006) donde los conictos armados
inuyen en las sucesivas elecciones.
Democracia y división urbano-rural en la región andina
central
En el presente trabajo, la denición de ruralidad se circunscribe en términos de
tamaño poblacional. Su puesta en práctica viene justicada en base a que, en primer
lugar, ha sido el criterio más utilizado para clasicar los tipos de hábitat (Trujillo y
Ortega, 2015) y, en segundo lugar, las instituciones/agencias estatales destinadas al
análisis y a la descripción poblacional utilizan la diferenciación entre lo urbano y
rural en términos censales. No obstante, cabe puntualizar que tal referencia no está
exenta de discusión. Si bien los criterios de población siguen siendo hasta el día de
hoy la base para la clasicación de lo rural y urbano, desde principios del siglo XX ya
se habían señalado las limitaciones de uso de este indicador (Wirth, 1938; citado en
Trujillo y Ortega, 2015). Actualmente, la misma crítica sigue presente cuestionando
su capacidad explicativa (Herrera et al, 2013); para el caso latinoamericano (en
especial Chile y Perú) el mismo cuestionamiento está presente si atendemos las
observaciones de Werner Melgar (2008; 2011) sobre cómo los países de esta región
toman diferentes criterios en el conteo poblacional en el momento de censar sus
diversos ámbitos, tanto así que, según estimaciones del Banco Mundial, la población
rural para el año 2008 podía ser el doble de lo que se señalaba.
Teniendo en cuenta este panorama, los datos que se han recogido para esta
investigación corresponden a los distintos censos nacionales llevados a cabo por
los tres países (Cuadro 1). El ámbito rural peruano se sitúa en un 20,7% del total
de la población, Ecuador presenta un 25,7% de población rural y Bolivia un 32,5%
en el mismo sentido. Según los mismos datos, tanto Bolivia como Perú denen las
zonas rurales como centros poblados de menos de dos mil habitantes de forma
no aglomerada, mientras que para el caso ecuatoriano, las áreas periféricas, los
núcleos urbanos y las poblaciones dispersas, responden a la clasicación política
de «parroquias rurales».
12
Cuadro 1. Población urbano-rural de los países centrales andinos
Urbano (%) Rural (%)
Bolivia 6 788 962 (67,5%) 3 270 894 (32,5%)
Ecuador 10 761 239 (74,3%) 3 722 259 (25,7%)
Perú 23 311 893 (79,3%) 6 069 991 (20,7%)
Fuente: INE (2012), INEC (2010) e INEI (2017)
Si nos centramos en lo referente a lo que se entiende por democracia en este
estudio, su definición parte de las encuestas de LAPOP que hemos utilizado
para nuestras observaciones. Una de las preguntas que propone (y que aparece
en encuestas similares como puede ser el Latinobarómetro) a los entrevistados
es «con cuál de las siguientes frases está usted de acuerdo: (1) a la gente como
uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático; (2) la
democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; (3) en algunas
circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático
y (4) NS/NR».
3
La cuestión señalada define la democracia en términos de
apoyo o rechazo al sistema democrático caracterizado por un determinado
contexto en la región andina central en la que destacan aspectos fundamentales
como la celebración de elecciones libres, el derecho al sufragio activo y pasivo,
la separación de poderes, derecho a la información o la existencia y el rol de
los partidos políticos en la oposición. Este no es el lugar para desarrollar una
discusión acerca de la evolución del concepto de democracia, no obstante, las
características mostradas coinciden con la propuesta de Robert Dahl (1989)
en torno al concepto de «poliarquía», a partir de la cual se han desarrollado
diferentes trabajos para los países andinos y Latinoamérica (Tanaka, 1998;
Dargent, 2011; Pachano, 2012).
Con esta propuesta conceptual pasamos al análisis cronológico del apoyo en los
sectores urbanos y rurales en referencia al sistema democrático
4
. Si nos jamos
en estas diferencias a nivel nacional (Grácos 1.1, 1.2 y 1.3), se puede visualizar
que ante la pregunta a la cual hacíamos referencia anteriormente respecto al
apoyo al sistema democrático, desde el 2006 hasta el 2014 en Ecuador y Bolivia
los sectores rurales han mostrado un apoyo superior frente a las zonas urbanas
3. En las encuestas esta pregunta se identica mediante el código DEM2
4. Si bien es notado, no se realiza un análisis a nivel multidimensional en línea con los estudios co-
mentados previamente, dado que el trabajo se centra exclusivamente en la observación de las partes
rurales frente a las áreas urbanas. Lo que se pretende es dar una mirada hacia el apoyo al régimen
democrático en términos de apoyo difuso. No se puede negar la carencia de concurrir por una sola
perspectiva, sin embargo, es útil conocer el nivel de preferencia de estas zonas que se tiene de la de-
mocracia independientemente del sentido que se le otorgue al término (Monsivais-Carrillo, 2020,
p.155).
13
en contrapartida de lo que ha venido sucediendo en Perú, cuyo apoyo es inverso,
las áreas urbanas son las que registran mayor respaldo al sistema democrático.
5
Gráco 1.1. Apoyo a la democracia por áreas en Ecuador (2006 - 2014)
90
73.12
73.63
77.1
80.3
85.74
80.53
72.02
68.4
73.77
70.08
85
80
75
70
65
60
2006 2008 2010 2012 2014
ECUADOR RuralECUADOR Urbano
Fuente: LAPOP
Gráco 1.2. Apoyo a la democracia por áreas en Bolivia (2006 - 2014)
79.28
69.44
64.61
2006
2008
BOLIVIA RuralBOLIVIA Urbano
90
85
80
75
70
65
60
2010 2012 2014
79.22
84
86.48
78.97
81.01
79.43
82.4
Fuente: LAPOP
5. Para el resultado y representación de los grácos se ha tomado como una misma categoría las op-
ciones (1) «a la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático»
y (3) «en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático»
frente a la segunda de ellas, la cual indica que «la democracia es preferible a cualquier otra forma de
gobierno». La última de las opciones ha sido descartada.
14
Gráco 1.3. Apoyo a la democracia por áreas en Perú (2006 - 2014)
2006 2008
PERÚ RuralPERÚ Urbano
2010 2012 2014
75
72
54.23
63.28
63.46
70.35
72.07
69.69
67.09
65.74
68.4
70
65
60
55
50
Fuente: LAPOP
La encuesta del Barómetro de las Américas también hace referencia a cuestiones
sobre el apoyo a golpes militares, según unas circunstancias especícas
6
. Una de
ellas reza sobre un posible golpe militar por una alta percepción de corrupción
en el país (del 2006 al 2016). Al observar los casos de Ecuador y Bolivia, para esta
pregunta, se puede apreciar que en líneas generales es la parte urbana quien más
apoya un golpe militar en ambos países (Grácos 2.1 y 2.2). Por el lado del caso
peruano, la tendencia es inversa y se puede constatar que en la mayoría de los años
cuando se realizó la encuesta el sector rural tiene una postura más favorable al
apoyo a un golpe militar por las mismas causas (Gráco 2.3).
Gráco 2.1. Golpe militar por corrupción por áreas (Ecuador 2006 -2016)
55
52.63
46.31
44.01
43
47.17
48.54
34.56
33.85
28.4
33.4
45.2
52.38
50
45
40
35
30
25
2006 2008 2010 2012 20162014
ECUADOR RuralECUADOR Urbano
Fuente: LAPOP
6. Dentro de las encuestas del Barómetro de las Américas, puede identicarse las cuestiones en torno
a la pregunta sobre la intervención militar en materia de corrupción (la pregunta hipotetiza sobre
distintas coyunturas) mediante el código JC13.
15
Gráco 2.2. Golpe militar por corrupción por áreas (Bolivia 2006 -2016)
2006 2008 2010 2012 20162014
BOLIVIA RuralBOLIVIA Urbano
55
48.87
47.15
35.04
37.64
43.62
46.63
43.86
27.02
29.49
34.26
28.63
30.83
50
45
40
35
30
25
Fuente: LAPOP
Gráco 2.3. Golpe militar por corrupción por áreas (Perú 2006 -2016)
2006 2008 2010 2012 20162014
PERÚ RuralPERÚ Urbano
70
65
60
55
50
45
66.67
65.63
59.62
55.98
53.8
55.31
58.9
60.9
51.08
51.9
49.33
57.06
Fuente: LAPOP
Con todo ello, observada una tendencia contraria a la literatura expuesta, dicho
análisis amerita la propuesta de condiciones explicativas sobre las posibles causas
y respuestas de estas tendencias en los países andinos centrales. A partir de este
punto, nuestra hipótesis se ha centrado en:
(H1) las consecuencias de la acción armada entre los grupos subversivos y el
Estado, que provocó la destrucción de la sociedad civil en las zonas rurales
imposibilitando el desarrollo de prácticas democráticas.
16
Análisis comparativo de las diferencias observadas
La propuesta de análisis se enmarca dentro de la técnica de sistema similares del
método comparativo. Al igual que comenta Caïs (1994, p. 29) lo que se trata de resolver
es una paradoja: varios sistemas son iguales o similares, pero se obtiene un resultado
diferente, lo que precisa la identicación de aquella variable (o variables) que explique
el resultado distinto. En nuestro análisis, la variable dependiente reeja el fenómeno
a explicar que concierne al apoyo o no de las zonas rurales al sistema democrático,
mientras que la variable explicativa (X1) representa nuestra hipótesis que da cuenta de
la incidencia (baja o alta) del conicto armado entre el Estado y grupos subversivos.
Pueden presentarse numerosas variables de control para este estudio (VCx), no
obstante, y por razones de espacio, en este trabajo se han seleccionado aquellas que
pueden dar respuestas a través de ámbitos como el económico o el institucional.
Cuadro 2
Bolivia Ecuador Perú
Rural pro democracia (variable dependiente) SÍ SÍ NO
X1 (incidencia de grupos armados) LEVE LEVE ALTA
VC1 (situación económica) Similitud Similitud Similitud
VC2 (sistema de partidos) Similitud Similitud Similitud
** X1 – variable explicativa (hipótesis)
*** VCx – variables de control
Por ejemplo, VC1 se enfoca en el aspecto económico. Si nos jamos en la tendencia
regional central andina (Gráco 3.1), respecto al Producto Interior Bruto (PIB),
no se aprecian grandes diferencias ni uctuaciones desde 1980 hasta 1990. Los tres
países mantienen una tendencia similar tanto en los momentos de declive (desde
1984) como en los de crecimiento (desde 1998).
Gráco 3.1. Países andinos PIB (1980-1990)
28.000
25.000
22.000
19.000
16.000
13.000
10.000
7000
4000
1000
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
PerúEcuadorBolivia
Fuente: Banco Mundial
17
Sin embargo, esta apreciación de la tendencia del PIB es a nivel nacional y
es necesario observar lo que sucedió a nivel regional, más en concreto en las
zonas rurales de los tres países que en este estudio se ha hecho referencia. Para
este caso, en vez de una comparativa vía PIB, nos enfocamos en el Índice de
Desarrollo Humano Subnacional (SHDI por sus siglas en inglés)
7
. Tal como
demuestra el Cuadro 2, en 1991, Bolivia, Ecuador y Perú mostraban similitudes
en este ámbito.
Cuadro 3. Índice de Desarrollo Humano Subnacional
Ecuador Perú Bolivia
Costa 0.63 Centro 0.57 La Paz 0.55
Oriente 0.62 Este 0.55 Chuquisaca 0.49
Sierra 0.65 Sur 0.64 Cochabamba 0.55
Fuente: Globa Data Lab
Por ejemplo, mientras que las zonas de La Paz, Chuquisaca y Cochabamba
mostraban un valor en el IDH de 0,55; 0,49 y 0,47 respectivamente, la zona central
(Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco), el este peruano (Cuzco, Puno, Madre
de Dios y Apurímac) y la zona sur (Arequipa, Ica, Ayacucho, Tacna y Moquegua)
mostraban una media similar: 0,57, 0,55 y 0,64, respectivamente. Ecuador muestra
datos similares, en la Costa (donde se incluye Guayaquil) el IDHS señala un 0,63;
la sierra (Quito) marca un 0,65 y la parte Oriental un 0,62.
Para VC2 se ha concretado una variable de corte institucional como el sistema
de partidos. En los tres casos, la literatura que hace eco sobre el desarrollo del
sistema de partidos muestra que los tres países se han caracterizado por poseer
un sistema de partidos no consolidado en la actualidad (Mayorga, 2005; Pachano,
2008; Zavaleta, 2014). Pero décadas atrás, la arena partidaria se encontró con
importantes trabas. Desde 1980, en la región andina central, diversos problemas
aparecieron dentro de los ejes partidarios como el caso de la volatilidad electoral.
Si apreciamos el índice de volatilidad desde nales de los años setenta, nos damos
con que la región andina central ocupaba los puestos donde existía una alta
volatilidad electoral (Cuadro 4):
7. Los datos mostrados a continuación han sido consultados en Global Data Lab.
18
Cuadro 4
Período Volatilidad presidencial
y parlamentaria (%)
Uruguay 1971-89 9,1
Colombia 1970-90 9,7
Costa Rica 1970-90 16,3
Chile 1973-90 16,5
Venezuela 1973-93 18,8
Argentina 1983-93 20
México 1982-91 27,3
Paraguay 1983-93 31,4
Bolivia 1979-93 36,1
Ecuador 1978-92 37,9
Perú 1978-90 54,2
Brasil 1982-90 70
Fuente: Tanaka (1998)
Como se aprecia, la región andina se situaba a la cola en torno al índice de volatilidad
frente a países como Uruguay, Chile o Costa Rica, por lo tanto, la parte andina
presentaba una línea común entre sus miembros, pero bastante diferenciada del
resto de países del continente.
En denitiva, las variables de control muestran que el caso peruano estaba acorde con
sus pares andinos; en ese sentido, surge la necesidad de encontrar una explicación
diferente. En otras palabras, debemos buscar una respuesta alternativa que se
circunscriba exclusivamente a la realidad peruana como es nuestra propuesta: el
conicto armado.
Lucha armada
Para dilucidar nuestra hipótesis, la correspondiente operacionalización se ejecuta
sobre dos indicadores: las víctimas del proceso armado y los efectos del mismo
sobre los procesos electorales en aquellos años. En el primero de ellos se trata de
constatar dónde se dio el mayor número de víctimas dentro de los territorios a través
de una comparación gráca (el objetivo es apreciar dónde aparecen las víctimas de
los ataques, si en las zonas rurales o urbanas) por parte de la acción armada, tanto
de los grupos subversivos así como la respuesta estatal. Con el segundo indicador
se pretende corroborar si existe algún tipo de tendencia con relación a las cifras
de abstención en las zonas más afectadas por la violencia política en el país. En
términos de la elección de los grupos armados, todos ellos se han regido por su
impacto social en torno al número de fallecidos y el número de actos.
19
Bolivia
Uno de los actores más importantes, en lo que se reera a grupos armados en
territorio boliviano, fue el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) formado en
1986. Si tomamos como referencia la vuelta a la democracia en Bolivia (1982)
hasta la disolución del EGTK (1993), las muertes contabilizadas ante las acciones
armadas son un total de al menos cinco víctimas mortales, según la información
proporcionada de la Global Terrorism Database (GTD). La línea de acción armada
reejaba que la estrategia político-militar del EGTK intentaba evitar muertes en
cada una de sus tácticas dado que las acciones no buscaban la generalización del
terror (Jordan Prudencio, 2016, p. 303).
En torno a la acción armada del Estado, en respuesta a los ataques de los grupos
subversivos, para el caso boliviano no existe un informe ocial del número
aproximado de víctimas (fallecidas o casos de violación de derechos humanos).
No obstante, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires
por la Liberación Nacional (ASOFAMD) presentó en el 2006 ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre el seguimiento
de las desapariciones comentadas, que arrojaban la cifra de un total de 154
desaparecidos.
Si pasamos a los datos y a la ubicación de las víctimas en el país, los mapas 1.1
y 1.2 muestran que la mayoría de víctimas perecieron en las zonas más urbanas
del país, La Paz y Cochabamba, a excepción de Chuquisaca, una provincia más
rural en comparación a las dos primeras, aunque el número de fallecidos en total
fue de tres víctimas. Se ha tomado como referencia el año 1982 (restablecimiento
del orden democrático) hasta la disolución del EGTK en 1993. Ambos mapas re-
ejan con claridad que la actuación de los grupos en armas se dio sobre todo en
las provincias más urbanas del país antes de desarrollar sus acciones en sectores
rurales. Como hemos comentado, los mapas también reejan la respuesta de las
fuerzas gubernamentales y en conjunto también su actuación se circunscribió en
esa área. Ello tiene lógica, dado que si los subversivos actuaban en las urbes la
contraofensiva estatal arrojaría cifras en estos mismos lugares.
20
Mapa 1.1 Provincias urbanas
Mapa 1.2 Número de víctimas por provincia*
Elaboración propia (Fuente: INE)
Elaboración propia (Fuente: GTD)
*No incluye número de víctimas de zonas que no han podido ser identicadas
21
Enfocándonos en el plano electoral, según la teoría analizada, se había encontrado
que, en ciertos casos, el terrorismo y la lucha armada reejaba sus consecuencias
en los diversos procesos electorales. Al igual que el análisis de Lavrard (2009), las
cifras de abstencionismo en las elecciones locales pueden aproximarnos al objetivo
del trabajo. Además, como han sugerido Pareja Pucker y Gatti Murriel (1990) es a
nivel de las elecciones locales donde la presión terrorista ha desempeñado un papel
más importante en cuanto su inuencia al comportamiento electoral desde nales
de los ochenta. No obstante, cabe resaltar que la abstención puede producirse por
otros factores que van más allá de la violencia armada, como es el caso de la falta
de interés en la política o variables ligadas a la parte socioeconómica que hacen
énfasis en el grado de educación, el nivel de renta o al acceso a la información, entre
otras. La medición a través del abstencionismo nos proporciona un dato objetivo
y able que permite elaborar una comparativa transnacional, dada la escasez de
información y datos a nivel regional; por lo tanto, su puesta en marcha se justica
en ambos sentidos para el propósito del trabajo siendo plenamente conscientes de
sus limitaciones.
En ese sentido, se ha seleccionado las elecciones municipales de 1991 para el
análisis del abstencionismo en el caso boliviano, año en los que el EGTK y otros
grupos desarrollaron gran parte de sus acciones. Los datos presentados en la
Tabla 1.1 muestran que para 1991 la abstención en las tres ciudades afectadas por
el movimiento armado y las fuerzas de defensa estatal tuvieron una abstención
relativamente normal en La Paz (15,4%) y Chuquisaca (18,5) y bastante alta en
Cochabamba (34,5%). En principio, podría comentarse que, según estos datos,
en La Paz y Chuquisaca el posible impacto de la lucha interna fue menor en
comparación a Cochabamba donde se llega a un 34,5% de abstención. Sin
embargo, visto en perspectiva comparada respecto a las elecciones de 1987, las
cifras no dieren tanto las unas de las otras en las mismas provincias y de hecho
son menores que estas: La Paz 18,9%, Chuquisaca con 23,2 % de abstención y
Cochabamba con una cifra alta, pero similar a la de 1991 con 41,2%; por lo tanto,
no puede hablarse de un indicio en torno a estas cifras (sobre todo en el caso de
Cochabamba) a la hora de situar al conicto armado como una posible variante
explicativa vista esta breve serie histórica.
8
De la misma forma, si observamos la
abstención en conjunto, la media nacional en ambos procesos se sitúan dentro de
los valores señalados. En 1987, la abstención en todo el territorio fue del 29,12%,
mientras que para las elecciones de 1991 se sitúo en un 19,69%.
8. No se han introducido los datos correspondientes a las elecciones municipales de 1989 y 1985, ya que
los datos recogidos por el ente electoral boliviano (OEP) no reejan el número de electores inscritos
para ambos procesos. En cuanto a la omisión de las elecciones de 1993 en este caso, su celebración
se dio una vez que gran parte de los miembros del EGTK habían sido capturados y cuyo penúltimo
ataque en esos años fue en noviembre de 1992.
22
Tabla 1.1. Abstención Elecciones Municipales (%)
Provincias 1987 1991
La Paz 18,9% 15,4% (-3,5)
Chuquisaca 23,2% 18,5% (-4,7)
Cochabamba 41,2% 34,5% (-6,7)
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional
Ecuador
Para el contexto del Ecuador, una de las guerrillas más destacables fue la
organización Alfaro Vive Carajo (AVC), la cual estuvo vigente desde 1983 hasta
su disolución en 1991. Según cálculos de Jiménez y Franchi (2016), el grupo
cometió un total de ochenta y cuatro ataques entre aquellos años sobre todo
en ciudades como Quito y Guayaquil. El saldo total de fallecidos asciende a 16
personas, según la base de datos de la Global Terrorism Database (GTB). Bajo
el período de Febres Cordero (1984-1988), según el informe de la Comisión
de la Verdad (2010), se constató un total de 310 víctimas que sufrieron desde
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o torturas, entre los que se
encontraban los miembros de AVC.
En consecuencia, al igual que la experiencia boliviana, analizamos el impacto
subversivo a través de las diferentes provincias del país. Tal y como se aprecia en
los mapas 2.1 y 2.2, la mayor parte de las víctimas se centraron en los espacios
menos rurales, especialmente en dos de las ciudades más importante del país: la
capital Quito (Pichincha) y Guayaquil (Guayas). Como se aprecia, el territorio
de Guayas fue el más afectado por las disputas entre ambos actores (el total de
víctimas fue de 146) seguido por la Provincia de Pichincha con casi 100 afectados.
Loja y el Oro son otras de las zonas donde hubo un numero alto de víctimas en
el fuego cruzado (66 y 71 respectivamente); el resto de las provincias señaladas
en el Mapa 2.2 muestran cifras inferiores respecto de las primeras (Azuay con 17
afectados, sobre todo en la ciudad de Cuenca, la provincia de Esmeraldas con 26
casos de violaciones de derechos humanos, y Sucumbios con 24 casos).
Si pasamos al plano electoral y nos centramos en los procesos locales, para Ecuador
hemos analizado las elecciones de concejales municipales (1980, 1984, 1986 y 1988).
Consideramos que las elecciones clave respecto a una posible repercusión de los
disturbios son las del año 1986, dado que en ese año se reportaron siete atentados
con una cifra de trece fallecidos (principalmente en la ciudad de Quito), además
del resto de sucesos que ya venían ocurriendo un año antes con idéntico número
de acciones, aunque sin haber perdido vidas humanas. Se ha tomado también las
elecciones posteriores de 1988 principalmente porque, si bien la banda armada a
partir de 1986 recae en el número de atentados además de la muerte de unos de sus
23
Mapa 2.1 Porcentaje de población rural por cantón*
Mapa 2.2 Número de víctimas por cantón
Elaboración propia (Fuente: INEC)
*Los datos en rojo muestran zonas que para el censo de 1992 no estaban constituidas.
Elaboración propia (Fuente: GTD)
24
líderes, entre 1987 y 1988 sucedieron tres ataques más (en paralelo a las elecciones
de ese mismo año).
9
Como se puede ver en la Tabla 2.1, en esta se reeja la abstención en las elecciones
a los concejales municipales, el historial en este apartado no presenta variaciones
tan pronunciadas y la tendencia ha sido decreciente desde 1984 para todas las
provincias, salvo en un único caso (en las elecciones de Loja en 1986 con una
subida mínima del 0,2% de abstención). Las cifras en torno a la media nacional
de la abstención tampoco presentan números tan dispares en cada una de las
provincias: 27,1% en 1980; 28,73% en 1984; 26,07% en 1986 y 22,96% en las
elecciones de 1988. Todo ello sugiere que, en paralelo a los datos de Bolivia, no se
puede anotar a través de la abstención cambios signicativos en la participación
ciudadana tras los atentados de aquellos años.
Tabla 2.1. Abstención elección concejales municipales por provincias (%)
Provincias 1980 1984 1986 1988
Pichincha 26% 26,46% 23,79% (-2,6) 19,66% (-4,1)
Guayas 25,5% 24,75% 24,46% (-0,3) 21,90% (-2,5)
Loja 32,28% 28,11% 28,33% (+0,2) 25,26% (-3,07)
El Oro 29,5% 31,76% 28,21% (-3,5) 22,78% (-5,4)
Fuente: Darlic Mardesic (1989)
Perú
Junto a países como México o Colombia, Perú ha soportado numerosas
experiencias en el plano de los movimientos armados, pero fueron dos los que
mayores consecuencias trajeron si tomamos en cuenta el impacto mediático y el
número de afectados: el Movimiento Revolucionario Túpac (MRTA) y el Partido
Comunista del Perú Sendero Luminoso o simplemente Sendero Luminoso (SL).
Según la recopilación dada por la Comisión de la verdad y de la Reconciliación
(CVR), al MRTA se le implica el 2% de los muertos y desaparecidos en la etapa
más conictiva del país (1980-2000).
En cuanto a Sendero Luminoso, el apunte de Alcántara (2013) es bastante preciso
en torno a la dinámica de este grupo armado: o se estaba con Sendero o se estaba
contra Sendero (p. 516). Las actuaciones de SL han sido calicadas como genocidas
y ha sido nombrado como uno de los principales actores responsables de las
muertes y desaparecidos en los veinte años que duró el conicto: se le imputan el
51,4% de las víctimas, según la CVR.
9. Dos de los mencionados ataques en 1988 por parte de AVC se realizaron cinco días antes de las elec-
ciones seccionales del 31 de enero.
25
El gobierno de Belaunde Terry ordenó en 1982 la entrada del ejército a la región
de Ayacucho para controlar y militarizar la zona ante la avanzada senderista. Esta
medida tuvo una incidencia considerable para la población afectada hasta el nal
de la guerra interna, ya que al asesinato masivo de campesinos por parte de SL
había que sumarle ahora las desapariciones y muertes ejecutadas por el Ejército.
Según la CVR, al Ejército peruano se le responsabiliza del 42,9% del total de los
perjudicados en el conicto.
Si pasamos a nuestro análisis gráco, podemos observar que, a diferencia de
Ecuador y Bolivia, en Perú las acciones se centraron en las zonas rurales antes
que en las ciudades más pobladas (ver los mapas 3.1 y 3.2). El balance nal de
fallecidos durante la guerra interna fue de un total de 69 280, según estimaciones
la CVR. Puede verse que Lima (capital) presenta cifras en este sentido con
decenas de afectados, sin embargo, regiones rurales como Ayacucho, Apurímac,
Junín, Huánuco o Huancavelica superan con creces los números de la capital; por
ejemplo, en el departamento de Ayacucho se registró más del 40% de víctimas y
desaparecidos durante toda la etapa armada. Las principales ciudades (situadas
en la costa) no estuvieron en el centro del conicto a pesar de que muchos de los
hechos ocurridos tuvieron gran trascendencia en la opinión pública.
26
Mapa 3.1 Porcentaje de población rural por provincia
Lima
Mapa 3.2 Número de víctimas por provincia*
Elaboración propia (Fuente: INEI)
Fuente: CVR (2003)
27
A medida que los años avanzaban, las acciones se trasladaron al ámbito urbano,
los ataques dejaron de sucederse en las zonas rurales y se centraban más en las
ciudades. Ello no signicó que en la parte rural el conicto desapareciese, pero con
el tiempo las muertes se redujeron. Esto último podemos apreciarlo en el Gráco
5, el cual nos será útil a la hora del análisis con las variantes de abstención.
Gráco 5
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Fuente: CVR (2003)
En el plano electoral, dos van a ser los comicios que se sitúen como eje en este
análisis: las elecciones municipales de 1983 y las de 1989, dado que fue durante
ambos procesos los momentos donde se dan los picos más altos en cuanto a la
relación de muertos y desaparecidos.
Como se puede ver en el Gráco 5, desde 1982 la violencia aumentó
considerablemente alcanzando su punto máximo en 1984 con más de cuatro mil
muertes y desaparecidos. En medio de estas fechas se celebraron las elecciones
municipales y es preciso ver cuál fue el grado de ausentismo para las elecciones de
las autoridades locales. De esta manera, con una abstención del 35,4% de media
nacional para 1983, en las cuatro provincias seleccionadas la diferencia es bastante
alta (Tabla 3.1): el mínimo es representado por Apurímac con 44,4% de ausencias
mientras que el máximo es representado por Ayacucho con un 74,8%, es decir, tres
de cada cuatro personas se abstuvieron de votar en esas elecciones. Huancavelica y
Huánuco no se quedan atrás, la primera tuvo un 48,7% de abstención y la segunda
un 63,4%.
28
Tabla 3.1. Abstención elecciones municipales por provincias (%)
Provincias 1980 1983 1986 1989
Apurímac 52,6% 44,4% (-8,2) 29,4% (-15) 38,9% (+9,5)
Ayacucho 52,2% 74,8% (+22,6) 41,2% (-33,6) 55,8% (+14,5)
Huancavelica 47,8% 63,4% (+15,6) 38,7% (-24,7) 45,9% (+7,2)
Huánuco 52,5% 48,7% (-3,9) 36,9% (-11,8) 54,5% (+17,5)
Fuente: Tuesta Soldevilla (1987); http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/datapolitica/
Ahora bien, es cierto que, respecto a las elecciones de 1980, en dos de los casos
la ausencia electoral disminuyó. En Huánuco, la abstención se reduce 3,9 puntos
porcentuales y en Apurímac un 8,2%. No obstante, la explicación fundamental
se relaciona con que, según el informe de la CVR, entre 1982 y 1985 el conicto
armado interno estuvo circunscrito prácticamente en Ayacucho, mientras que,
por ejemplo, en Huánuco, el mayor número de fallecidos se da a partir de 1994
con una escalada importante desde 1986.
Si pasamos a los eventos electorales de 1986, se observa una reducción clara en los
niveles de ausentismo en cada una de las cuatro provincias analizadas. Aun con
una media nacional de abstención del 21,1%, estas provincias logran el mínimo
histórico desde la reimplementación de las elecciones a nivel local en el país a partir
de 1980. Su explicación puede provenir de los datos de nuestro mismo gráco,
donde para 1986 se pasó a un saldo de casi mil fallecidos, frente a los cuatro mil de
los años previos por lo que puede representar cierta lógica que, con la baja de los
estragos de la guerra interna, la población haya acudido a votar en proporciones
más altas. La misma idea está plasmada para las elecciones de 1989, con la creciente
tendencia otra vez del número de afectados, los valores en los niveles de abstención
vuelven a ascender; para ese año, la media nacional del número de votantes que no
acudió a sufragar fue del 30,5% y los cuatro departamentos superaron el registro
nacional. En síntesis, casi por una década, se pueden apreciar una correlación
existente entre la abstención y el número de muertos en Apurímac, Ayacucho,
Huánuco y Huancavelica.
Análisis nal
Las distintas correlaciones presentadas logran identicar unos resultados
singulares respecto a las diferencias entre la parte urbana y la rural. Por lo tanto, las
consecuencias de la violencia en lo rural también han podido marcar un desenlace
distinto en torno a las prácticas y el sustento de la democracia entre los distintos
territorios. Por ejemplo, la CVR (2003, p. 289-299) hace hincapié en mostrar la
salida de las autoridades locales, las cuales fueron generadas por los atentados de
los grupo armados peruanos, llegándose a una situación de desgobierno donde las
comunidades quedaban descabezadas y el nombramiento de autoridades se regía
29
por la imposición, ya sea por parte de los militares o por parte de los terroristas
dentro de las denominadas «zonas liberadas»; incluso en los momentos en donde
se lograba elegir legítimamente a las autoridades, estas quedaban bajo el control
de los que poseían las armas. Pero no solo eso, sino que en conjunto los procesos
de elección también quedaban desarticulados completamente a causa de la no
participación de la población por las mismas causas tal y como se menciona en
uno de los testimonios recopilados:
Ya no podía haber autoridades, ya no podía haber candidatos para alcaldes, ya
no. Todo el mundo estaba con miedo para ser, para prestar un servicio como
alcalde, como gobernador, como juez, como para declararse de tal cual partido.
Las elecciones que hubo en ese tiempo había 20 o 30 votos de los que estaban
allí, mas arriesgándose, mas. Pero la gente ya no quería saber ya ni de votos ni
de partidos, ni de, ni de grupos de ninguna clase, porque el pánico, el miedo era
mucho y ya no sé […] (CVR, 2003, p. 296).
Esta experiencia era palpable desde el principio del conicto con el ingreso de las
fuerzas armadas en 1982. Las continuas proclamaciones de estado de emergencia
derivaron en lo que precisa Vergara (2012, p. 177) como Zonas de Emergencia
a cargo del Comando Político Militar (CPM), cuyas funciones fueron más allá
de lo establecido en torno a la lucha antisubversiva, como la reasignación del
presupuesto departamental, algo que estaba completamente fuera de su mando,
y por lo tanto de la ley. Recién a partir de 1985 esta situación fue regulada, pero
las competencias otorgadas tampoco reejaban un cuadro democrático. Los CPM
tenían ahora la potestad de nombrar, cesar y hasta trasladar a las autoridades
civiles, según su criterio y, además, los policías y militares no podían ser juzgados
bajo el fuero civil. Ello convirtió a las zonas «resguardadas» en áreas sujetas al
mandato castrense sin participación ni control por parte de la sociedad. Llama la
atención que aun con la captura de Abimael Guzmán y la caída de SL, la situación
no se revirtió ya que Fujimori mantendría la situación autoritaria durante una
década tras su autogolpe en 1992. Cabe precisar, que esta coyuntura no se centró
exclusivamente en el apartado institucional y es que en tales condiciones la
ciudadanía organizada (sociedad civil) también se inhibió dentro de este panorama,
sea porque fueron amenazados por la subversión o porque pudieron ser tildados
de cómplices del terrorismo por parte del Estado (Díaz-Albertini, 2001, p. 124).
Además, lo acontecido no se limitó exclusivamente al sufragio pasivo y activo,
sino que derechos básicos como el libre tránsito fueron supeditados a las órdenes
de los militares: «se tenía que pedir permiso a las autoridades de facto para poder
movilizarse» (CVR, 2003, p. 296).
Nuestra tesis apunta a que tras el regreso democrático materializado en las
elecciones de 1980, sobre el terreno no se tradujo en verdaderas libertades políticas
en términos de ejercicio o práctica por parte de los ciudadanos de las zonas rurales,
30
principalmente por la limitación obligada tanto por el senderismo (cuyas acciones
comenzaron casi en paralelo al período democrático) como por las fuerzas de
seguridad del Estado, cuya aparición in situ se dio a partir de 1982; coyuntura
que se mantuvo durante la década de los años ochenta y continuó durante los
años noventa bajo el régimen de Alberto Fujimori, cuando la mayor parte de las
libertades políticas seguían bajo tutela militar en estas áreas del país, incluso con la
celebración de elecciones (aunque cuestionada su legitimidad). Nuestra hipótesis
remarca que, en primer lugar, la limitación en materia de derechos políticos se haya
dado bajo un período plenamente democrático (la década de los años ochenta) y,
en segundo lugar, pese a la captura y el descenso de la amenaza armada durante
la década de los noventa, se mantuviese una limitación en materia de libertades
por las autoridades castrenses en las mismas zonas. Esto ha llevado a que la
transición democrática iniciada en 1980 no lograse el objetivo del establecimiento
de un régimen liberal-democrático y, peor aún, la reimplantación de un régimen
aparentemente democrático no demostró un cambio real de régimen (más allá de la
celebración de elecciones) entre lo que fue la década autoritaria, previa de los años
setenta y el nuevo ciclo democrático. En última instancia, esto se ha traducido en
un rechazo o falta de identicación a nivel ciudadano en las zonas rurales dado que
los «benecios» de la democracia no fueron notados durante aproximadamente
veinte años por lo que el apoyo al sistema democrático ha quedado mermado y
actualmente se ha reejado en las encuestas de los últimos años a diferencia de lo
acontecido en Bolivia y Ecuador, donde las libertades políticas no se suprimieron
en las zonas afectadas durante largos años.
Conclusiones
Tras un análisis de diez años (2006-2016) del soporte democrático en los territorios
de la zona andina central (a través de las encuestas de la base de datos de LAPOP),
se ha podido obtener que, en Ecuador y Bolivia, las zonas rurales han mostrado
un apoyo al sistema democrático mayor que las áreas urbanas, en contra de
lo establecido por diferentes líneas teóricas. Con la aplicación de la técnica de
sistemas similares del método comparado, se ha sugerido que la diferencia entre,
por un lado, Bolivia y Ecuador, y por el otro, Perú, responde al grado con que
se desarrolló la lucha interna entre diversos grupos guerrilleros, que durante las
últimas décadas del siglo XX, pusieron en jaque a los sucesivos gobiernos, todo
ello articulado a través de una comparativa visual para observar dónde se desató
el mayor número de desaparecidos y fallecidos (si en la parte rural o la urbana)
y mediante el indicador electoral de la abstención. En el contexto peruano, el
impacto de organizaciones como Sendero Luminoso o el MRTA, frente al Estado,
fue de tal envergadura que en las zonas afectadas, principalmente las rurales,
derechos fundamentales quedaron suprimidos durante veinte años como medio
para restablecer el orden social dentro de un régimen de libertades, lo que ha
31
podido traducirse en una escasez democrática que ha quedado reejada décadas
más tarde, a diferencia de Bolivia y Ecuador donde la subversión no incidió hasta
el punto de trastocar el orden civil democrático.
A partir de lo trabajado en este proyecto, cabe cuestionarse ciertos puntos ya
establecidos. Por ejemplo ¿una creciente urbanización global ha conllevado
verdaderamente a una mayor democratización? ¿Realmente existe hoy una
desconexión entre la democracia y las zonas rurales? ¿Existen patrones diferentes
en la zona andina con relación a países de otras regiones? Futuras investigaciones
pueden indagar en ello, al igual que la refutación de distintas explicaciones que
puedan concretar las consecuencias de esta tendencia en torno al apoyo del
sistema democrático. La zona de la región andina continua siendo un caso preciso
de análisis, sobre todo si puede extenderse posibles investigaciones sobre los dos
países de la subregión que en este escrito no se han tratado: Venezuela y, sobre
todo, Colombia ya que en este último, el conicto armado también ha marcado la
historia contemporánea del país; si se logra identicar un patrón similar al de la
experiencia peruana (es decir mayor apoyo en las zonas urbanas que en las rurales)
en contra de lo que pueda extraerse de Venezuela, podría consolidarse la hipótesis
que los diferentes conictos armados se presentan como una condición explicativa
en torno al apoyo del sistema liberal democrático dentro del eje urbano-rural al
menos en la zona sur de América.
32
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